EscucharLa compra de un edificio para el Poder Judicial en Caracas, Venezuela, fue el detonante de la polémica salida del exmagistrado y exdiputado Luis Velázquez Alvaray, radicado hoy en Costa Rica.
Según el Ministerio Público venezolano, el exmagistrado compró a la firma AZ 2000 C. A. un inmueble de 4.200 metros cuadrados con un edificio de cuatro pisos por $6,6 millones pero, además, le contrató a la misma empresa la readecuación del edificio por $16,7 millones sin que mediara concurso público.
Dicho convenio, pactado en agosto del 2005, incluía servicios, equipos informáticos y demás obras civiles, con plazo de entrega para el 31 de diciembre del 2005.
Solo se pagaron $932.000 por el avance de la remodelación, en vista de que las obras fueron detenidas en noviembre del 2005.
Velázquez afirmó que la decisión de otorgar el proyecto llave en mano a AZ 2000 fue de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con el voto de 28 de 32 magistrados, y luego fue él quien paró el proyecto al surgir críticas.
Antes de salir de Venezuela, Velázquez dijo que clandestinamente le habían exigido a un juez decretar su detención inmediata, con base en declaraciones falsas que le recibieron a “jueces corruptos” pertenecientes a una banda delictiva conocida como “Los Enanos”, la cual operaría dentro del Poder Judicial.
“En este momento soy un perseguido político del Gobierno paralelo que mediatiza los poderes públicos en Venezuela”, denunció.
En otro documento que le remitió a este medio, el exmagistrado alegó que en ese proyecto no debía haber licitación porque se trataba de la adquisición de un inmueble, había una declaratoria de emergencia, una ley reciente ordenaba la reorganización inmediata de la DEM en 60 días y la obra no tardaría más de 180 días hábiles.
Además, dijo que invirtió en una propiedad en Abangares, Guanacaste, gracias a la venta de una finca familiar en Venezuela.
