La Comisión de Asuntos Hacendarios analiza la posibilidad de incluir dentro del proyecto de reforma fiscal una disposición para obligar a los profesionales liberales a aceptar pagos electrónicos, como los que se hacen con las tarjetas de débito o crédito.
La idea la comentó, ayer, el presidente de dicha Comisión, el diputado liberacionista y exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga.
Ayer la Comisión recibió a miembros del Consejo para la Promoción Internacional de la Medicina en Costa Rica, y del Colegio de Médicos y Cirujanos.
Dichos grupos, junto con el Colegio de Cirujanos Dentistas, se opusieron al impuesto al valor agregado (IVA) de 14%, que propone el proyecto para los servicios médicos .
Argumentaron que eso ocasionaría un incremento del 14% en las tarifas médicas privadas y además, podría afectar la competitividad del turismo médico que se desarrolla en el país.
Zúñiga les consultó si los médicos estarían de acuerdo en aceptar los pagos por medios electrónicos.
Jorge Cortés, presidente del Consejo, explicó que la respuesta la debe dar la Asamblea del Colegio de Médicos.
En un informe de diciembre del 2007, el ente contralor señaló que “en el año 2006, el 64,4% (18.977), en promedio, de los contribuyentes pertenecientes a las actividades económicas de medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, abogacía, notariado, contabilidad, auditoría, informática y veterinaria, no declararon impuesto sobre las utilidades”.
De los que declararon, el 94% pagó, en promedio, ¢25.684 en todo el período 2006 (incluye 12 meses).
“Eso es una cifra global de todos los profesionales. Lo que a nosotros nos parece es que ahí se está metiendo a un profesional que, por el tipo de trabajo que hace, en sitios muy específicos como son los principales hospitales, está sujeto a un control de Tributación mucho más estricto que cualquiera de los otros”, dijo Cortés.
Añadió que el 90% de los médicos trabajan en instituciones públicas, por lo tanto pagan el tributo sobre la renta como asalariados.
Zúñiga explicó que la generalización del impuesto al valor agregado (a los servicios, pues hoy se cobra principalmente sobre bienes) permite atacar la evasión porque por este medio se puede obtener la información de los ingresos de los profesionales que se usa para declarar el impuesto sobre la renta.
Este mismo objetivo se podría lograr con los pagos electrónicos.
Cortés criticó que el proyecto fiscal no establece ningún incentivo para que los consumidores soliciten las facturas.
En este sentido, Zúñiga comentó, al final de la sesión, que valoran un sistema que permitiría que al pagar el impuesto de ventas el consumidor pueda obtener recursos para sus fondos de pensiones.