Los diputados aprobaron ayer el polémico plan para condonar deudas relacionadas con los fallidos programas Reconversión Productiva y Fidagro, ambos del Consejo Nacional de Producción (CNP).
El proyecto autoriza perdonar ¢3.000 millones a deudores del Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores (Fidagro), y ¢15.000 millones a los de Reconversión Productiva.
El plan exonera de sus obligaciones a los pequeños y medianos agricultores que tengan deudas iguales o menores a ¢10 millones, tras haber enfrentado situaciones inmanejables.
A esas alturas, los diputados estaban a punto de condonar las deudas, sin conocer ni estudiar las calidades de los beneficiarios, entre los que figuraban empresarios agrícolas que no califican como “pequeños” ni “medianos” productores.
Ante la evidencia del error, el plan fue devuelto a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, en la que los congresistas empezaron a pedir cuentas de los proyectos al Consejo Nacional de Producción.
El desorden se hizo público y, ante la falta de controles que se dio a conocer, el presidente del CNP, Luis Guillermo Vargas, se vio obligado a dejar su puesto.
A finales de setiembre del 2009, la Fiscalía de Delitos Económicos y Corrupción abrió una investigación sobre fallas del CNP en el manejo de los recursos para agricultores pobres, y el impulso que se dio desde esa entidad al proyecto de ley que incluía a grandes empresarios agrícolas.
Por eso, la Comisión de Agropecuarios se ocupó de crear filtros para evitar que, con la aprobación del proyecto, se favoreciera a empresarios agrícolas que en realidad no necesitan el subsidio.