Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación, y estas son las noticias más importantes de la semana:
1. Posición de Figueres impulsó tren eléctrico y, luego, matizó su postura
El martes 9 de noviembre, en la Comisión de Infraestructura del Congreso, los diputados del PLN aseguraron sus votos en favor del crédito de $550 millones que financiaría el aporte estatal para la construcción del tren eléctrico metropolitano. Así lo expusieron al acoger un informe de subcomisión que recomendó aprovechar el préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas.
Con el apoyo de los tres congresistas de Liberación Nacional (PLN), el proyecto reúne los cinco votos necesarios para avanzar en esta comisión de nueve diputados. Los otros dos legisladores a favor son del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
En contra del préstamo, se mantienen dos diputados fabricistas, uno del Partido Integración Nacional (PIN) y el independiente Dragos Dolanescu, quien es cercano al candidato presidencial Rolando Araya.
Hubo un giro en el PLN. En julio pasado, la jefa de fracción de Liberación, María José Corrales, dijo que el tren eléctrico no era prioridad, postura que permitió a la oposición meter el crédito en el congelador de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, en noviembre, el control de la agenda del Congreso pasó a manos del Poder Ejecutivo y los diputados se vieron obligados a tomar una decisión.
En esta coyuntura, fue fundamental el hecho de que el candidato presidencial del PLN, José María Figueres, incluyó el tren eléctrico en su plan de gobierno e, incluso, lo calificó de prioridad en caso de que el país dispusiera de financiamiento en condiciones óptimas.
En este crédito, por ejemplo, los $250 millones aportados por el Fondo Verde de Naciones Unidas tienen una tasa de interés del 0%, así como un plazo de 40 años para pagar, después de un periodo de 10 años de gracia.
Los diputados liberacionistas, Paola Valladares y David Gourzong, confirmaron que el programa de gobierno de Figueres inclinó la balanza, además de que quedó claro que el financiamiento no impide que el próximo gobierno cambie el diseño del proyecto, algo que se sabía de antemano.
Al día siguiente, el miércoles, el candidato José María Figueres salió a aclarar que estaba de acuerdo con el crédito y que era necesario aprobarlo para enviar buenas señales a los organismos internacionales que otorgan financiamientos con tasas blandas.
Sin embargo, sostuvo que él no apoyaba el proyecto diseñado por la administración de Carlos Alvarado y que trataría de concesionar el tren a una empresa privada que ponga todos los recursos, a cambio de operar el tren por 30 años, de manera que el Estado no tenga que aportar “un centavo”.
Agregó que, si finalmente ninguna oferta gusta, el Estado podría declinar del plan y renegociar con los organismos para destinar el crédito a otros fines, aunque el BCIE ha sido claro en que este préstamo fue concedido exclusivamente para el tren eléctrico.
La administración actual solicitó el préstamo para hacerle un aporte estatal al proyecto, en busca de reducir el costo de las tarifas para los usuarios.
El presidente Carlos Alvarado, en tanto, declaró que está de acuerdo con Figueres, en el sentido de que el proyecto no se trata del tren de Carlos Alvarado ni de Claudia Dobles, sino de una obra de transporte para el país.
El crédito aún no ha sido dictaminado en la Comisión de Infraestructura. Esa decisión se tomará en los próximos días.
2. Villalta justifica acercamientos históricos del FA con partido de Daniel Ortega
La noche del domingo 7 de noviembre, el Gobierno de Costa Rica desconoció las elecciones en las que Daniel Ortega se aseguró 30 años en el poder en Nicaragua, por considerar que el proceso no fue creíble, independiente ni justo.
Al día siguiente, en la Asamblea Legislativa, un grupo de 13 diputados exigió la liberación de los presos políticos nicaragüenses, mientras que el plenario aprobó por unanimidad una moción impulsada por la liberacionista, Karine Niño, para pedirle al Gobierno solicitar la invocación de la Carta Democrática Interamericana en contra del “régimen dictatorial instaurado en Nicaragua”.
En ambos pronunciamientos, participó un diputado y candidato presidencial cuyo partido ha tenido acercamientos históricos con el partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Se trata de José María Villalta, del Frente Amplio.
En julio del 2014, cinco diputados del Frente Amplio (FA) viajaron a Managua, Nicaragua, invitados por el partido de Ortega, el cual les pagó los tiquetes y la estadía para celebrar al aniversario número 35 de la revolución sandinista. La comitiva incluía a Patricia Mora, actual candidata a vicepresidenta del FA y presidenta de la agrupación.
Para esa época, ya era conocido que los hijos de Daniel Ortega habían vivido en Costa Rica en una mansión de Roberto Rivas Reyes, el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense. Para esa época, Ortega ya había ordenado la invasión de territorio costarricense, en isla Calero, en el 2010. Además, ya habían trascendido las denuncias de fraude en las elecciones municipales del 2008 y el sandinismo había aprobado la reelección presidencial indefinida.
En el 2015 y el 2016, el Frente Amplio envió nuevas delegaciones a las celebraciones sandinistas e, incluso, una comitiva calificó de legítimas y democráticas las elecciones del 2016 en que Ortega se reeligió, poco antes de que Estados Unidos sancionara al magistrado electoral Roberto Rivas por fraude electoral y corrupción.
Consultado sobre estos antecedentes, Villalta alegó que nunca ha respaldado al régimen de Daniel Ortega, pero reconoce que su partido es un movimiento amplio y que, si bien muchos asistieron a festejos del Frente Sandinista, hoy la mayoría condena la ruptura democrática en Nicaragua.
3. Candidato de Restauración tenía contactos con presunto narco
El Partido Restauración Nacional (PRN) se vio sacudido esta semana por dos hechos.
El primero fue la revelación de que su principal candidato a diputado por Guanacaste, el agroexportador Manuel Acón, aparece mencionado en el expediente judicial del Caso Azteca, el cual versa una presunta banda narcotraficante que se habría infiltrado en el AyA para lavar dinero mediante la obtención de contratos de acueductos.
Según el OIJ, Acón le llamaba “jefe” a uno de los líderes de la presunta banda, llamado Héctor Camelo, y le solicitó patrocinio para movilizar simpatizantes en bus a una actividad partidaria.
Además, cuando el restauracionista le informó de que iba en el primer lugar de la papeleta de Guanacaste para el Congreso, Camelo le dijo que era “muy necesario” que él estuviese allí.
Otra revelación hecha por el OIJ es que, al parecer, el presunto narcotraficante le pidió ayuda al candidato de Restauración para falsificar un documento.
Una sociedad de Camelo concursaba por un contrato del AyA y la institución exigía tener experiencia en riego. Como la compañía no la tenía, el sospechoso de narcotráfico le pidió a Acón que le emitiera un documento según el cual su empresa había instalado sistemas de riego en sus fincas.
Eduardo Cruickshank, candidato presidencial del PRN, le pidió la renuncia a Acón.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó que, para las elecciones del 2018, Restauración obtuvo una base de datos con los números celulares de 3,3 millones de votantes sin demostrar que lo hizo de forma lícita, por lo que no se descartan métodos fraudulentos o desleales.
Además, el TSE descubrió que el partido le cobró un envío masivo de mensajes de texto ocho veces más caro de lo normal.
4. MEP admite error con prueba FARO que generó indignación en padres
El Ministerio de Educación Pública (MEP) fue objeto de fuertes críticas este fin de semana porque, en la última jornada de las pruebas FARO, sometió a los alumnos de quinto grado a un cuestionario que les exigía emitir 600 respuestas, asociadas con preguntas de tipo personal y familiar, sobre la condición socioeconómica de su familia y el estado del centro educativo, entre otros temas.
Algunos padres dijeron que sus hijos pasaron el viernes de 9 a. m. a 2 p. m. sentados, con mascarilla, llenando preguntas de tipo personal y familiar, sin comer.
El sábado, el MEP admitió haber cometido un error al consultar temas privados a los niños y anunció que destruiría la información recopilada. Además, renunció el director de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP, Pablo Mena, quien lideraba el proyecto FARO.
5. Diputados sepultan equilibrio de impuesto entre públicos y privados
El martes 9, los diputados de la Comisión de Jurídicos aprobaron una moción del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, que eliminó la posibilidad de que el Gobierno cobre impuesto de renta sobre el salario escolar de los funcionarios públicos.
El cambio fue introducido en el proyecto de reducción de exoneraciones fiscales, uno de los que forma parte de la agenda acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De mantenerse la decisión, se pierde la posibilidad de equilibrar el pago de impuestos entre asalariados privados y públicos sujetos al pago de renta (los que ganan más de ¢862.000). Los asalariados privados no gozan de ninguna exoneración, los públicos, sí.
Votaron a favor de la moción Villalta, Franggi Nicolás, de Liberación Nacional (PLN); Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN); y la independiente Paola Vega.
En contra se pronunciaron Carolina Hidalgo, del PAC; y Jorge Fonseca, del PLN.
6. Fabricismo promete a Alvarado tres “tristes y tortuosos” meses por código QR
El presidente Carlos Alvarado rechazó la solicitud de 27 diputados de postergar la entrada en vigencia del comprobante QR como requisito para entrar a comercios como restaurantes, hoteles y gimnasios.
Un grupo de diputados, principalmente fabricistas y del PUSC, llamaron a bloquear la agenda del Congreso en represalia porque el mandatario no accedió a su petición.
El fabricista Jonathan Prendas prometió a Alvarado que viviría tres “largos, tristes y tortuosos” meses en el Congreso, en relación con las iniciativas legales prioritarias para el Gobierno.
Lo que estos legisladores pretenden es rechazar las mociones de posposición que ordenan la agenda de proyectos en el plenario, para las cuales se requiere de 38 votos.
El sábado, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar solicitada por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), en contra de la exigencia del certificado de vacunación, y suspendió la exigencia del código QR mientras estudia el caso. La acción se enmarca en las posibilidades de un Estado de derecho; los bloqueos políticos, en cambio, conllevan muchos riesgos.