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Los abogados querellante y defensor, que participan en el juicio por delitos sexuales que se sigue contra el exsacerdote Mauricio Víquez, no tendrían objeción en que el proceso, que fue suspendido este miércoles, pudiera seguir adelante sin necesidad de empezar de nuevo. Esto, a pesar de que este viernes se vence el plazo máximo de 10 días en que se puede interrumpir un debate.
La anuencia de los litigantes trasciende apenas un día después de que los jueces Willy Escalante y Luis Alberto Venegas comunicaran que el tercer integrante de ese Tribunal, el juez Henry Castro García, contrajo el virus de la covid-19, por lo que el debate debía anularse, pues eso genera una interrupción superior a lo que establece la normativa. Al respecto, el abogado defensor de Víquez, Rafael Rodríguez Salazar, presentó una acción de revocatoria sin que hasta este jueves se le haya dado respuesta.
Rodríguez informó de que existe jurisprudencia de la Sala Constitucional desde 1999 en sus votos N.° 554197 y N.° 520099, donde se indica que ante casos excepcionales, como el ocurrido con el cojuez afectado por el coronavirus, la ley establece la posibilidad de que el plazo máximo de diez días establecido entre las audiencias de un juicio, pueda extenderse.
Indicó que la incapacidad que afecta al juez Castro vence este viernes, día en que se caduca el plazo desde la anterior comparecencia en el debate; sin embargo, en caso de acogerse su solicitud, a partir de la próxima semana se podría retomar el juicio con el mismo Tribunal y sin necesidad de que el Poder Judicial incurra en los gastos que implica recomenzarlo, máxime que la parte querellante ha manifestado que estaría de acuerdo en continuar.
Dice que la Sala Constitucional ha permitido actuar así siempre y cuando las partes estén de acuerdo y el Tribunal también, por lo que de existir anuencia es factible hacerlo.
“Esto afecta al sistema judicial, a la víctima, al imputado, es perder más recursos cuando ya ciertamente tenemos un proceso avanzado y se pierde la posibilidad de darle continuidad. Es devolvernos y volver a recibir todos los testimonios y volver a sentar quien se dice afectado y esto es un principio de revictimización pues las personas tienen que estar declarando lo que dicen que sufrieron”, prosiguió Rodríguez.
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Por su parte, el abogado del querellante, Rodolfo Alvarado Moreno, afirmó que el Tribunal les notificó que del 21 al 25 de marzo sería el nuevo juicio, pero ante el recurso de revocatoria planteado por el abogado de Víquez, a él se le dio audiencia y en ella expresó que se acogerán a lo que resuelva el Tribunal. Precisó que no están a favor ni en contra de que haya que recomenzar todo de nuevo.
Agregó que también le consultó a la Fiscalía, pero todavía no han sido notificados de lo que finalmente se vaya a definir en torno al futuro del debate. Alvarado ve poco probable que el juicio pueda continuar, pero serán respetuosos de cualquier decisión.
“Lo más grave de todo es que por ser un tipo de juicio donde la víctima está muy afectada, producto de las graves secuelas que dejan este tipo de delitos, tenga que volver a presentarse frente al Tribunal, frente a las partes a contar su relato y ese esfuerzo por relatar algo que ocurrió hace ya casi 20 años, sin duda alguna es desgarrador para la persona que lo cuenta”, agregó.
Recordó que aún está pendiente la apelación de otros tres denunciantes, sobre la prescripción de los delitos que ellos también afirman haber sufrido por parte de Víquez, de modo que si al final se acoge la tesis de empezar de nuevo, podría ser que para esos días ya se haya resuelto esa otra apelación. “En caso de resolverse que las causas no están prescritas, se podría ir a un juicio ya no de uno, sino de cuatro denunciantes, como originalmente se planteó”.
A Víquez se le acusa por dos delitos de abuso sexual contra persona menor de edad, dos violaciones agravadas y un delito de corrupción agravada, que habrían sido cometidos en en 2003, en el templo San Juan Bautista de Patarrá de Desamparados, cuando la víctima tenía 11 años.
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Este jueves al consultarle sobre el futuro del juicio al Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial, indicaron que en el Tribunal Penal de Desamparados “existe una gestión en curso pendiente de resolver, por lo que hasta que se resuelva la incidencia nos podrán brindar la información del caso”.
