En agosto de 1936, el dictador Iósif Stalin, como parte de su brutal arremetida de control total y purga de altos cuadros bolcheviques en la Unión Soviética, estableció un tribunal especial, que celebró tres grandes y siniestros simulacros de juicio, en ese año y los dos siguientes. En total, 54 dirigentes fueron sentenciados a muerte: un designio definido antes de que se produjeran estas farsas, las cuales, más que organizadas con la pretensión de seguir procedimientos legítimos, estaban destinadas a infundir mayor terror en la población. A esos vergonzosos espectáculos se les conoció como Procesos de Moscú.
Mucho tiempo ha pasado y las circunstancias de Nicaragua son muy distintas, pero, aun así, la serie de arbitrarios juicios abiertos o reanudados el martes 1.° de este mes, contra más de 40 presos de conciencia y opositores a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, son herederos de esa tradición típica de los regímenes terroristas. Las penas, sin duda también definidas antes de abrir los espectáculos, serán menores que en la Unión Soviética y a nadie se le impondrá la muerte. La estrategia, sin embargo, es la misma, y aunque se han guardado mejor las formas que hace 86 años, con tribunales formalmente regulares, pero controlados desde la cúpula política, la finalidad última de estos Procesos de Managua es la misma: escenificaciones que pretenden ser justicia, pero se tornan en espectáculos de vendetta, con mayor ensañamiento mientras más cercanas hayan estado sus víctimas a los cabecillas del régimen.
Los procesos se desarrollan, sin garantías mínimas y mediante audiencias cerradas, en el penal conocido como nuevo Chipote. La mayoría de los inexistentes delitos en que se basan las acusaciones fueron inventados por diez leyes represivas aprobadas entre setiembre del 2019 y abril del 2020, e incluyen traición a la patria, subversión, incitación al odio y la violencia, lavado de dinero, conspiración y menoscabo de la soberanía nacional. Por estos dos últimos fue condenada el jueves pasado la mítica excomandante sandinista Dora María Téllez, para quien la Fiscalía pidió 15 años de cárcel. De manera simultánea, y por iguales cargos, fue condenado el dirigente estudiantil Lesther Alemán, a quien Ortega nunca le perdonó haberlo enfrentado, tras la represión de abril del 2018, en una mesa de diálogo. La pena solicitada fue la misma.
Al reanudarse esta farsa judicial masiva, el primer turno les tocó a otros dos dirigentes juveniles: Yader Parajón y Yader Vado; al día siguiente fue el de Ana Margarita Vijil (líder política de la agrupación Unamos); el jueves 3, además de Téllez y Alemán, fue condenado Alexis Peralta, un contador, y el viernes corrió la misma suerte Miguel Mora, periodista y propietario del medio 100% Noticias, y exprecandidato presidencial. A partir del 7 comparecerán Suyen Barahona, también de Unamos, y Miguel Mendoza, periodista deportivo y bloguero, y otros más.
La Fiscalía, que es parte integral del aparato represivo de Ortega, Murillo y sus cómplices, no ha hecho ningún esfuerzo por parecer profesional o apegada a derecho. Por ejemplo, en un comunicado divulgado el 31 de enero, aseguró, en referencia a los procesados, que “estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”. Y como para no dejar duda de que ejercer libertades básicas en Nicaragua —como manifestarse— resulta inaceptable, calificaron las protestas de abril del 2018 como “actos terroristas” orientados a un “golpe de Estado”. El verdadero terrorismo, sin embargo, fue cometido entonces mediante la represión indiscriminada y brutal del régimen.
Estamos, simple y llanamente, ante un brutal entramado de venganza política malamente disfrazado de justicia. Es el manual estalinista aligerado y adaptado a nuevas circunstancias, pero con similar ímpetu de perversión. Si las elecciones espurias de noviembre pasado merecieron condena internacional, estos Procesos de Managua, llenos de ensañamiento contra personas inocentes, deben generar igual o mayor rechazo y conducir a sanciones más severas contra los responsables.
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