La casa donde el abogado Mario Alberto Cerdas Salazar cultivó y vendió marihuana, a pocos metros de los Tribunales de Alajuela, pasó a manos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y será subastada a partir de julio con un precio base de ¢168 millones, anunció este lunes la entidad.
Fernando Ramírez Serrano, director del ICD, confirmó que la institución tomó control de la propiedad la semana anterior, luego de un proceso de desalojo de unos familiares de Cerdas que aún vivían ahí, y de un lavado de autos ubicado en el primer piso del inmueble.
En noviembre del 2020, Cerdas fue condenado a ocho años de cárcel por el Tribunal Penal de Alajuela, sentencia que fue rechazada por un Tribunal de Apelación y luego se elevó a Sala Tercera, donde finalmente fue ratificada la condena en octubre del 2021. El Ministerio de Justicia confirmó que Cerdas cumple su condena en prisión, sin beneficio de tobillera, pero por su seguridad no detalló en cuál cárcel está.
“En casación se declaró la inadmisibilidad del recurso. Fue ahí donde quedó en firme y a partir de ese momento se procedió con lo que era la anotación registral de ese bien inmueble a favor del ICD y posteriormente, ya una vez que estaba anotado a nombre del ICD, debíamos proceder con el desalojo del inmueble”, explicó Ramírez a La Nación, quien detalló que fue un desalojo pacífico.
Ramírez agregó que estas medidas son tomadas cuando la propiedad de una persona condenada califica según el artículo 110 del Código Penal, el cual avala el comiso si en el lugar se cometieron los delitos o si el sitio fue comprado gracias a los ingresos ilícitos.
El jerarca indicó que debido a la Ley General de Contratación Pública, que rige desde diciembre, el ICD debió desarrollar una plataforma nueva, que aún no tiene nombre, donde los usuarios podrán pujar por las propiedades comisadas. Los interesados serán objeto de un estudio previo por parte del ICD, para comprobar que no hayan estado involucrados con el narcotráfico o la legitimación de capitales.
“A raíz de la Ley de Contratación Pública, el ICD tuvo que desarrollar un reglamento que es el que actualmente está en revisión en nuestra Unidad de Asesoría Legal. Posteriormente va a pasar a la revisión de esta dirección, para contar con el aval posterior del Consejo Directivo”, dijo Ramírez.
“Una vez que este reglamento esté, nosotros ahí establecemos una plataforma tecnológica en donde las personas se inscriben y damos las fechas a partir de las cuales van a realizarse las subastas de los bienes muebles e inmuebles”, añadió.
En este momento, señaló Ramírez, hay 11 inmuebles listos para que inicie su subasta en julio, cuando se lance la plataforma, y otros 21 que están en procesos de desalojo, procesos registrales, verificación de linderos, entre otras gestiones que se deben realizar antes de que estén listos para la subasta pública. Las 32 propiedades juntas tienen un valor aproximado de ¢2.034 millones.
Plantación en invernadero
Cerdas había sido arrestado cinco veces por cultivar marihuana en un invernadero, en la azotea del edificio ahora en propiedad del ICD, sin que se le comprobara un delito. Fue hasta noviembre del 2020 que recibió la condena de prisión, luego de que la Fiscalía lo procesara por crecer la droga y venderla en aceites, mantequilla y brownies.
Los hechos por los cuales fue sentenciado ocurrieron entre el 21 de setiembre del 2018 y el 8 de agosto del 2019. Cerdas contaba con varios implementos para el cultivo de ese psicotrópico, como lámparas, abanicos, equipos eléctricos y de riego, un horno y una cocina.
Años antes, en el 2013, Cerdas fue sobreseído por parte del Ministerio Público, mientras que en el 2016 fue a juicio por cuatro presuntos delitos de cultivo para tráfico, pero fue absuelto.
En esa ocasión, los jueces concluyeron que no había pruebas de que el cultivo se hubiera usado para la venta. Apuntaron que sembrar marihuana para consumo personal es ilegal, pero no delito.
Luego de la absolutoria y en declaraciones a La Nación, Cerdas manifestó: “Cultivé marihuana para colaborar con un movimiento cannábico, para que los costarricenses se dieran cuenta de que el cultivo era legítimo”.