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Las redes sociales han devenido herramientas fundamentales para las mujeres en sus papeles de líderes en la sociedad, en cualquiera de sus dimensiones: política, economía, tecnología, academia, educación, salud o sociedad civil.
Resulta, por ello, crítico en estos momentos, visibilizar el papel que ellas, en Internet en general, desempeñan en la promoción de sociedades y democracias más inclusivas en términos de género.
En el plano político —aunque no exclusivamente— las mujeres han echado mano de la Internet y las redes sociales de manera creciente para difundir sus proyectos, concretar sus ambiciones de liderazgo y tratar de nivelar el espacio de la competencia y la participación que les es, con frecuencia, desventajoso en el mundo offline. Sin embargo, a pesar de las oportunidades que esos instrumentos presentan, conllevan también una serie de desafíos que ponen en riesgo constante la concreción o reversión sus esfuerzos.
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Los retos se materializan fundamentalmente en extensas estrategias y campañas de desinformación a través de la difusión de información e imágenes falsas o imprecisas de mujeres líderes políticas, periodistas o que se desenvuelven en la esfera pública. La desinformación, a menudo, se acompaña de amenazas, abusos, comentarios que refuerzan los estereotipos de género, sexualización y ataques cibernéticos dirigidos a deslegitimar sus ideas, iniciativas y acciones.
Afrontamos comunidades online donde prima la desinformación basada en el género (gendered disinformation), entendiendo por ello la diseminación de información falsa o tergiversada destinada a atacar específicamente la identidad de las mujeres (Jankowicz, 2017, Di Meco, 2019).
Contra las que se desenvuelven en espacios políticos, la desinformación y violencia digital adoptan múltiples formas, y provienen de un sinnúmero de actores, entre los que se encuentran contendientes en las campañas electorales, líderes gubernamentales, medios de comunicación, así como cibernautas o grupos de cibernautas con filiaciones políticas o sin ellas.
Sacarlas de la escena. El propósito de esta desinformación basada en género es distorsionar la imagen pública de las funcionarias o políticas, y mostrarlas como incapaces, emocionales y poco fiables para ocupar cargos de poder o participar en política.
Tales narrativas son más marcadas cuando se trata de mujeres líderes provenientes de grupos étnico-raciales o religiosos minoritarios, así como de aquellas que levantan la bandera de los asuntos feministas. Por ejemplo, inmediatamente después de la designación de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, múltiples falsas acusaciones contra ella fueron compartidas alrededor de 3.000 veces por hora en Twitter, al parecer, como parte de una estrategia coordinada en su contra.
Cuestionaban su trayectoria y conocimiento en justicia penal y argumentaban que sus logros profesionales se debían a favores brindados por hombres poderosos.
Una encuesta de la Unión Interparlamentaria llevada a cabo entre mujeres congresistas a escala mundial reveló que un 41,8 % de las entrevistadas expresaron haber enfrentado humillaciones, abusos o difusión de imágenes sexuales en las redes sociales.
Tanto la desinformación como las amenazas a su integridad se han convertido en serios obstáculos que desmotivan la interacción de las mujeres en la política y en una barrera para garantizar la participación igualitaria como requisito fundamental para el logro de democracias inclusivas y eficaces. Pero por más intención que existiera para enfrentar dichos desafíos, será difícil mientras la desinformación digital basada en el género continúe abordándose como un problema de «mujeres», y no como un problema para las instituciones democráticas y el Estado de derecho en general.
Dichos retos son aún más significativos en sistemas democráticos erosionados o autoritarios, donde las voces de las mujeres tratan de ser acalladas con frecuencia por gobernantes populistas o autócratas, ensañándose especialmente con las líderes que representan las voces de la oposición.
Como señala Kristina Wilfore, «una nueva ola de autoritarismo busca hacer a las mujeres a un lado y disminuir los avances en materia de derechos mediante el control de las redes sociales, el ataque a los medios y los límites a la libertad de reunión y expresión».
Today, I met with civil rights and voting rights leaders to discuss the work ahead. Because we are not giving up or giving in. We are continuing the fight to protect and strengthen the right to vote. pic.twitter.com/DDzMURZTZV
— Vice President Kamala Harris (@VP) June 23, 2021
Tácticas contra el sistema mismo. Las actitudes sexistas explican en parte la desinformación basada en género, pero los patrones no aclaran en su totalidad el fenómeno de los ataques online utilizados con fines político-electorales, o coordinados estratégicamente con frecuencia por actores iliberales que aprovechan la tecnología para difundir contenidos falsos y violentos contra líderes políticas y activistas.
Erdogan en Turquía, Orban en Hungría, Duterte en Filipinas, Putin en Rusia, Bolsonaro en Brasil y Modi en la India son solo algunos de los gobernantes que han utilizado campañas de desinformación basada en género para atacar a las mujeres en política, ridiculizar sus luchas y erosionar los valores liberales; todo como parte de tácticas más amplias de debilitamiento del sistema democrático y el respeto a los derechos humanos.
Son conocidas, por ejemplo, las campañas de desinformación por parte de políticos y blogueros cercanos a Bolsonaro en contra de activistas de derechos humanos, tales como la fallecida líder de la sociedad civil Marielle Franco, o bien, los ejércitos de troles del partido de Modi que atacan figuras políticas femeninas mediante campañas de desinformación, acoso y abuso online.
Como señala un estudio de U4 Anti-Corruption Resource Center, la participación de las mujeres en la política significa a menudo un desafío para las élites iliberales o autoritarias, entre las que predominan, por lo general, redes de mayoría masculina donde priman la falta de transparencia, la corrupción y los abusos de poder.
Lo anterior explica entonces cómo la desinformación basada en género proveniente del Estado, en estos casos, tiende a neutralizar las posiciones de las mujeres que, al demandar mejores mecanismos de gobernanza y mayor democratización, se convierten en una amenaza para el statu quo.
Queda claro que las narrativas de desinformación contra las mujeres son un factor disuasivo para su participación en la esfera pública. El informe #ShePersisted 2019 señala que 88 líderes políticas y expertas entrevistadas manifestaron estar preocupadas por los perjuicios de la desinformación y el abuso basado en género en el mundo digital, y consideran que ello representa una barrera para la participación y un desincentivo para que las más jóvenes opten por desempeñar un rol en el ámbito político.
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Acciones concretas. Pero ¿cómo podrían entonces promoverse espacios más seguros e igualitarios para la interacción de las mujeres online?
Estudios como el de abuso y desinformación online contra las mujeres efectuados por el Carnegie Endowment for International Peace o por la Brookings Institution, entre otros, dan valiosas recomendaciones.
Hasta el momento, las compañías de redes sociales no han tratado de manera eficiente el complejo y generalizado problema de la desinformación y el abuso en línea contra las mujeres.
Las estrategias adoptadas carecen de enfoques orientados a garantizar la seguridad de estas y de otros grupos marginados. La mayoría de ellas muestran sistemas de moderación de contenido poco claros y se concentran fundamentalmente en el abuso ocurrido en Estados Unidos o Europa, generando con ello un desfase de monitoreo con respecto a las otras regiones.
Los esfuerzos deben tomar en cuenta también el problema de un modelo de negocios que prioriza la difusión de contenido con mayor actividad de usuarios y que no ofrece incentivos económicos para cambiar el statu quo.
Los posts inflamatorios provocan más comentarios y reproducciones, y la extensa circulación es favorecida por sistemas de algoritmos encargados de mostrarlos a mayor cantidad de cibernautas. Esos posts, que contemplan abusos online, narrativas sensacionalistas, conversaciones de odio o imágenes degradantes de mujeres políticas, tienden a viralizarse rápidamente, lo cual implica mayor actividad de los usuarios y más ingresos por publicidad.
Según Amnistía Internacional, las grandes tecnológicas deben ser más transparentes con respecto a los mecanismos de detección de lenguaje, la cantidad de moderadores de contenido empleados por región e idioma, y las formas como los moderadores son entrenados para reconocer especificidades y formas de abuso de género.
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Los gobiernos democráticos deben tomar acción. Más que esperar que las compañías se conviertan en los árbitros del contenido en las redes, estos deben diseñar esquemas regulatorios que garanticen mayor transparencia sobre las prácticas de moderación y algorítmicas.
Deben, además, garantizar el cumplimiento de las regulaciones mediante mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas independientes. Entre las buenas prácticas cabe mencionar la legislación aprobada en México, en el 2019, que castiga con hasta nueve años de cárcel a quienes diseminen imágenes o videos íntimos de mujeres o ataquen a las mujeres en las redes. La ley incluye también el concepto violencia digital en el código penal.
Es recomendable que los gobiernos asuman una mayor responsabilidad apoyando la educación digital ciudadana sobre patrones de abuso en línea basados en género y raza, así como la investigación y la búsqueda de nuevas estrategias en esta materia.
La autora es politóloga.
