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La cúpula del PAC está aprovechando la condena por estafa que sufrieron dos de sus partidarios, y en forma solidaria el partido, para tratar de librarse de una deuda millonaria con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La CCSS le cobró al Partido Acción Ciudadana (PAC) ¢465 millones –más intereses moratorios– al concluir que la agrupación política disfrazó el trabajo de sus colaboradores de campaña, en el 2010, bajo la figura de contratos de servicios especiales y que, gracias a ello, no pagó las cuotas obrero patronales.
El partido de gobierno firmó un arreglo de pago con la Caja bajo protesta y llevó el caso al Tribunal Contencioso Administrativo. Y ahora, a la luz de la sentencia judicial, saca nuevos argumentos para rebatir el cobro de la seguridad social.
La mayoría de los contratos por los que la CCSS cobró son los mismos por los que el Tribunal Penal de San José condenó al PAC, el 5 de diciembre pasado, por cometer una estafa mayor, de casi ¢353 millones, contra el Estado.
Los jueces hallaron culpable a la agrupación, a su extesorero y a un colaborador de cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en la deuda política, 179 contratos falsos, que en realidad correspondían a personas que trabajaron en forma voluntaria o que, del todo, no trabajaron.
Con base en esa sentencia es que ahora el PAC intenta revertir ese cobro de la Caja, bajo el argumento de que, en el juicio, se concluyó que esos "contratos son ineficaces", porque "no medió pago alguno a las personas que prestaron el servicio".
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"Mediante sentencia 1146-2016, un tribunal de la República determina contradictoriamente a lo que querella la CCSS, que los contratos son ineficaces, ya que a criterio de los jueces, en estos contratos no medió pago alguno a las personas que prestaron el servicio", dijo el tesorero del PAC, Anthony Cascante.
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"A pesar de lo declarado por el tribunal de la República, la CCSS insiste en cobrar cargas sociales por relaciones laborales inexistentes, al comprobarse que no medió pago alguno a las personas a las que la CCSS alega fueron empleados del partido", agregó Cascante.
En específico, la CCSS alega que los rojiamarillos no pagaron las cargas sociales de 490 profesionales y técnicos contratados entre julio del 2006 y marzo del 2010. También le achaca haber subdeclarado el salario de otros 25 empleados durante ese mismo lapso de tiempo.
La sentencia aún no está en firme. La Fiscalía, la Procuraduría General de la República y uno de los condenados, extesorero Maynor Sterling, apelaron la decisión de los jueces.
El PAC, por el contrario, no impugnó el fallo al considerar que tuvo un juicio justo y que no existe asidero jurídico para cuestionarlo. Tampoco apeló el otro acusado, el actual funcionario rojiamarillo, Manuel Antonio Bolaños.
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Sterling fue condenado a seis años de prisión por un delito de estafa mayor en contra del TSE, mientras que a Bolaños el Tribunal le impuso tres años de cárcel, pero le concedió el beneficio de libertad condicional de la pena por su estado de salud.
El partido, por su parte, fue condenado al pago de los ¢353 millones como responsable solidario. Si bien el PAC es quien debe pagar ese monto, la misma condena se fijo para los dos colaboradores, a quienes el Tribunal les atribuyó ser los autores del plan delictivo.
Querella. Inicialmente, el PAC llegó un arreglo de pago con la Caja para cancelar los ¢465 millones en extractos a lo largo de 36 meses.
Optó por esa vía durante el primer semestre del año pasado porque, de lo contrario, no podía acceder a los recursos de la deuda política que el partido tiene para gastos de organización y capacitación, unos ¢1.000 millones, debido a que esos recursos públicos no se pueden girar si la agrupación política está morosa con la seguridad social.
Sin embargo, eso fue una medida temporal porque, al mismo tiempo, llevó el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde busca traerse abajo el cobro.
Estos pagos que el Partido le está haciendo a la CCSS los está cancelando con fondos públicos de la contribución estatal.
Incluso, recientemente el TSE varió su jurisprudencia histórica y permitió que con esos recursos el PAC también pueda pagar los intereses que reclama el Seguro Social.
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"Estas mismas contrataciones ya han sido declaradas como ineficaces por los tribunales de justicia de la República porque en ningún momento medió pago alguno, hecho generador de las cargas sociales. No obstante lo anterior, este tema aún está en contención entre nuestra organización y la CCSS por lo que, hasta tanto no exista una sentencia en firme versando sobre la naturaleza de esas contribucionese, el PAC mantiene su compromiso de pago puntual, incluyendo abonos al principal e intereses", afirmó el secretario general a. i. del partido, Eduardo Solano, en un oficio enviado al TSE el 17 de enero.
