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Los diputados aprobaron en segundo debate, este martes, un proyecto de Ley contra la violencia y el racismo en el deporte, el cual castigará cualquier acto de ese tipo que se realice en un perímetro de cinco kilómetros alrededor de los recintos deportivos.
El proyecto tuvo el apoyo de 44 congresistas, mientras que los socialcristianos Pedro Muñoz y Erwen Masís votaron en contra.
A los equipos que toleren actos de racismo y violencia, dentro y fuera de sus recintos, se les impondrán sanciones administrativas y económicas, principalmente.
En tanto, se les prohibirá ingresar a eventos deportivos durante cuatro años a quienes emitan insultos racistas o promuevan la violencia, tres horas antes y tres horas después de un evento deportivo.
Si la agrupación o su dirigencia no acata lo dispuesto en la ley contra el racismo y la violencia, también se expondrá a la clausura del estadio o recinto deportivo, sea por cinco jornadas o una suspensión por la temporada completa.
Además, la dirigencia tendrá que pagar una multa de hasta 10 salarios base (¢4,5 millones) si permiten este tipo de acciones o insultos.
Cuando un deportista, árbitro o juez deportivo cometa algún acto violento o racista, la ley permite que se sancione por cuatro años o que se le retire de forma definitiva la licencia deportiva. El retiro permanente se dará cuando la persona sea reincidente.
Muñoz y Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), alegaron dificultades para que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) pueda aplicar las normas de esa ley.
Erwen Masís dijo que le preocupa el artículo 22, donde dice que “las sanciones establecidas en esa ley serán aplicadas por el Ministerio de Seguridad Pública”.
“Ese ministerio no es el que tradicionalmente ha sido competente para sancionar en esta materia. Eso generaría algunos defectos en este proyecto. Tiene otros defectos de forma y fondo”, dijo.
Añadió que los jefes y jefas de las bancadas legislativas deben considerar mejor los proyectos de ley que se ponen a debate y votación en el plenario. “Solicitaría prudencia a los jefes de fracción al establecer las prioridades”, indicó.
Incluso, Muñoz alegó antes de la votación, en primer debate, que la aplicación de dicha ley ya no permitiría que se les digan apodos a los jugadores de los equipos.
“Quiero llamar la atención de que se le pidió criterio al Ministerio de Seguridad, pero no respondió la consulta. A este ministerio se le pasan una serie de facultades, derechos y obligaciones. Se le hizo la consulta y no la contestó”, dijo el socialcristiano.
Añadió que tampoco compareció ante los diputados para presentar su criterio.
Aunque la independiente Zoila Volio dijo en el plenario que habría preferido conocer el criterio de Seguridad Pública antes de votar, finalmente la iniciativa recibió la aprobación final.
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides también expresó algún reparo en cuanto a la aplicación de las normas legales aprobadas.
“Voy a apoyar este proyecto, pero tengo preocupaciones sobre algunas de las sanciones. Señalé un artículo que contiene una pena que, en su extremo menor, es la suspensión del uso de un estadio, por ejemplo”, comentó el verdiblanco.
Alegó que pareciera que el extremo menor de la pena podría ser muy fuerte, que podría haberse solventado con una prevención, una comunicación o una multa más baja que la suspensión por cinco partidos.
Además de las sanciones mencionadas, si los actos de racismo o conductas violentas llegasen a causar lesiones a otras personas o grupos de personas, se establece una categoría de multas para los responsables.
-Si sucede en deporte profesional: hasta ¢9 millones de multa para agrupaciones, árbitros o administradores.
-Si sucede en deporte aficionado: hasta ¢4,5 millones de multa.
-Si el acto lo comete el socio de una agrupación deportiva: se impone la pérdida definitiva de su condición de sociedad.
La nueva legislación ordena que los equipos eliminen, dentro de los estadios o recintos deportivos en general, las zonas exclusivas para las barras y exige que se pueda garantizar asistencia médica a los asistentes a esos lugares.
El plan establece requisitos para los dueños de estadios o gestores de eventos deportivos, pues se les exige tener un certificado de seguridad en materia de infraestructura y seguridad, señalización de accesos y salidas de emergencia.
