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El Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa, un día antes del 1.º de diciembre, la lista de los proyectos que dispuso para su trámite en las sesiones extraordinarias del Congreso.
En ella, destaca la ausencia del proyecto de ley 19.506, Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público.
Aunque la decisión todavía no ha sido explicada por el Gobierno, ni siquiera a los diputados que tramitan con sumo interés ese expediente legislativo, ya fue celebrada por varios sindicatos, en particular el colectivo Patria Justa.
Ese expediente es más conocido con el polémico nombre de “plan sobre empleo público”, y detestado por buena parte del funcionariado gubernamental.
El viceministro de la Presidencia encargado de los asuntos parlamentarios, Luis Paulino Mora, explicó ayer, luego de la reunión del Consejo de Gobierno, que la decisión fue dejar el proyecto fuera de la convocatoria para buscar una respuesta unificada de parte de todas las instituciones del sector público a las consultas de los diputados sobre el proyecto.
“No hay todavía un acuerdo sobre cómo se va a tramitar el tema, y estamos aprovechando una coyuntura, que fue consultado prácticamente a toda la institucionalidad pública porque la afecta prácticamente a toda”, comentó el funcionario.
Mora reconoció que ayer, a mediodía, aún no había conversado con la principal impulsora de la iniciativa, la liberacionista Sandra Piszk, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales.
Dijo que la llamaría en la tarde, para exponerle las razones para dejar por fuera el plan.
La iniciativa modifica las reglas para entregar varios pluses salariales, entre ellos las anualidades, que en buena teoría se otorgan por calificación a empleados que, al menos, se consideren “buenos”, “muy buenos” y “excelentes”. Con la reforma propuesta, solo podrían recibir ese plus salarial los empleados “muy buenos” y “excelentes”.
Aunque el proyecto era más duro en sus planteamientos, se suavizó al salir de la subcomisión que acogió un texto para estudio, pues quedó por fuera la reforma a la negociación de las convenciones colectivas.
Sin alarmas. Consultada sobre el argumento del Ejecutivo, Piszk apuntó que esa decisión no la alarma, pues cree que aún hay tiempo para que se pueda incluir, más adelante.
“Espero que en los próximos días se convoque, pues así se había conversado. No me alarma, porque es apenas la primera convocatoria”, dijo la verdiblanca.
A partir del primer día de diciembre y hasta el último de abril, el Gobierno tiene en sus manos la agenda legislativa para decidir qué proyectos deben tramitar y debatir los diputados, según los intereses que priven en el momento específico.
En julio pasado, el Gobierno también dejó por fuera el plan de empleo público de las extraordinarias del mes de agosto.
