La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) busca la forma de distribuir ¢1.000 millones de su patrimonio entre productores de arroz, bajo el argumento de que fueron afectados por las medidas que impuso el Gobierno con su programa de la Ruta del Arroz.
Fernando Araya, director de Conarroz, detalló que la entidad pública no estatal está a la espera de una respuesta de la Contraloría General de la República (CGR). El fin es valorar la viabilidad de transformar el “fondo de importación” en el Fondo de Sostenibilidad Arrocera para ayudar a productores de arroz, tanto pequeños como grandes.
“El fondo que se utilizaría sería tomado del fondo de importaciones de Conarroz, cuyo origen proviene de dineros que datan de los inicios de la institución (2002) y que fueron acumulados por diferenciales en los precios del arroz importado por desabasto, y que fueron ingresados bajo reducciones arancelarias”, explicó Araya.
Amplió que para aquellos tiempos, se asignó un porcentaje del valor de las importaciones, cuando el arroz se importaba con un arancel y a un menor precio, precisamente para “mitigar situaciones adversas cuando los precios internacionales subieran”.
No es la primera vez que se echaron a andar esos fondos que en algún momento subsidiaron el precio del arroz para el consumidor, recordó el director. El mecanismo para esta ayuda, así como los criterios no están definidos aún.
Conarroz es financiado con el 1,5% del valor del arroz entregado por la producción nacional y la agroindustria. Adicionalmente, la entidad recibe el 1,5% del valor de las importaciones.
De acuerdo con Araya, se pretende disponer de este monto hasta que “se mejore” la Ruta del Arroz, con la cual los productores no están de acuerdo.
En los decretos firmados como parte ese programa, el Gobierno planteó la disminución de los aranceles de importación del grano pilado del 35% al 4% y a 3,5% en el arroz en granza, así como la eliminación del esquema de fijación de precios regulado por el Ministerio de Economía.
Conarroz basa la propuesta en su ley, la cual establece que “con los recursos que capte, la Corporación podrá constituir un fondo para promover las actividades propias de su competencia, incluso las dirigidas a apoyar la producción e industrialización del grano en condiciones competitivas, así como la estabilización del mercado total”.
Según la Corporación, las medidas tomadas por el Ejecutivo “está llevando a los productores a la ruina”, debido a que han visto su precio de venta muy reducido. Además, estima que el área de cultivo del grano disminuya de 35.317 hectáreas, en el periodo arrocero del 2021-2022, a menos de 20.000 hectáreas para el periodo actual.
Conarroz también proyecta que el número de productores arroceros pasará de 534 a 385, de un periodo a otro, para una caída de 28%. En términos de producción, calcula que se pase de 153.000 toneladas métricas de arroz a 64.000 para el periodo 2022-2023 (-58%).