Sandra Zúñiga Morales, nueva magistrada de la Sala III, afirmó que urgen recursos para combatir el crimen organizado, en especial para poner en funcionamiento la jurisdicción especializada para atender este tipo de delitos.

Así lo afirmó Zúñiga este jueves, luego de ser juramentada por la Asamblea Legislativa para ejercer el cargo en el máximo tribunal penal del país.

“Nosotros, conforme se estableció en la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, esperamos que se facilite por parte del gobierno el presupuesto que requiere esta jurisdicción que, desde luego, ya fue planteado en términos más austeros de lo propuesto al inicio, precisamente por la situación económica que vive el país”, declaró Zúñiga en el Congreso.

La Ley 9481, creadora de ese órgano, fue aprobada en el 2017 sin contenido presupuestario. En setiembre anterior, un mes antes de que entrara en vigor, la Sala III acudió sin éxito a los diputados para pedir que postergaran por 18 meses el inicio de funciones debido a la falta de tiempo y de dinero para ejecutarla.

En ese momento, Zúñiga, entonces magistrada suplente; y Patricia Solano, magistrada propietaria; se reunieron con los jefes de fracción.

A como está diseñada la ley, el Poder Judicial requiere de ¢44.000 millones para poner en funcionamiento la dependencia, lo que incluye 40 funcionarios especializados, además de personal administrativo y la construcción de edificios más seguros.

En la proyección de gastos del 2020, la Corte Plena no contempló la creación de nuevas plazas.

Tras ser juramentada, Zúñiga afirmó que, a pesar de esa dificultad, siendo suplente se desempeñó en el proceso de aplicación de esa legislación y adelantó que, ahora siendo propietaria, continuará con esa labor.

“Nosotros pensamos que debe de darse una capacitación integral que debe comprender no solamente el componente jurisdiccional, sino también el policial y el acusatorio, inclusive el de la defensa”, consideró la jueza.

Añadió que, en lo personal, hará énfasis en luchar contra delitos vinculados a la trata de persona. Recordó que le presentó un plan a la Corte Plena para combatir ese flagelo.

“Ahora me quiero avocar a la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, que son aspectos que también terminan relacionándose con el crimen organizado, desde una visión que no solamente comprende nuestra institución y nuestro país, sino también sobre la necesidad de realizar alianzas a nivel regional".

"Se trata de un tipo de delito transfronterizo donde debemos unir esfuerzos. Es la única manera de lograr un combate efectivo para este flagelo de nuestra sociedad”, consideró.

Esos ilícitos, además de “novedosos”, son complejos y de alta peligrosidad, lo cual justifica la existencia de una jurisdicción especial, considera Zúñiga.

Damaris Vargas: “Hemos hecho un avance extraordinario con el nuevo Código”

Por su parte, Damaris Vargas Vásquez, también juramentada este jueves por los diputados para el cargo de magistrada de la Sala I, defendió los avances en la aplicación del Código Procesal Agrario.

Ella ha sido la ejecutora de ese proyecto como jueza decisoria de categoría 4 del Tribunal agrario, con sede en el II Circuito Judicial de San José. Señaló que se ha hecho con “transparencia” y austeridad.

“Hemos hecho un avance extraordinario en ese sentido”.

“Es muy importante que ustedes tomen en consideración que la implementación de la Reforma Procesal Agraria se ha realizado con un único recurso que ha sido mi plaza con mi salario; no han sido consultorías; ha sido propiamente mi salario como jueza del Tribunal Agrario, a diferencia de la Reforma Procesal Civil y Procesal Laboral que han requerido una inversión millonarias de recursos”, expuso Vargas.

Con esa reacción, la nueva magistrada refutó un informe que señala que el proyecto de ejecución de esa nueva legislación estaría incompleto y le ha significado remuneraciones por ¢192 millones, según una publicación del 7 de diciembre del 2019 de crhoy.com.

Esa normativa entró en vigencia desde octubre del 2019, y aplica para los casos que se tramitan ante los tribunales agrarios del país encargados de atender los conflictos jurídicos de productores y empresarios agrarios con motivo de sus actividades agrícolas y pecuarias.

El Código Procesal Agrario plantea reducir el tiempo de los procesos por medio de juicios orales. Con esa herramienta, los productores puedan presentar sus quejas y disconformidades directamente a los jueces del Poder Judicial, quienes, incluso, pueden dictar sentencia en la misma finca.

El informe, firmado por Enrique Ulate, del Tribunal Agrario; y Tatiana Rodríguez, de la Primera Instancia Agraria, afirma que el 84% de avance pareciera corresponder a los días de avance del programa de aplicación y no a la implementación propia del Código.

La alta jueza recordó que ese proyecto aún continúa con el proceso de aplicarse, el cual culmina el 27 de febrero próximo. Afirmó que las informaciones en medios de comunicación carecen de información oficial.

También, mencionó que, para el 2020, el proyecto carece de presupuesto ordinario, por lo cual se seguirá desarrollando con recurso ordinario proveniente de otros despachos.

Explicó que parte de los avances se ha dado en la parte procesal, principalmente en la oralidad de las audiencias.

“Es decir, varias etapas que ahora hacemos de manera eficiente y separada, ahora la vamos a agrupar en una o dos audiencias como máximo, de manera tal que va a ser un servicio más eficiente para la población”, afirmó.

En ese sentido, Vargas expuso que la jurisdicción agraria es de las pocas dependencias del Poder Judicial que ha cerrado la brecha digital, dado que tramita todos los expedientes de los despachos a nivel electrónico.

Adelantó que en temas de cobro judicial, el presidente de la Sala I, el magistrado Guillermo Rivas, planea desarrollar una iniciativa que use la robótica para ejecutar ese procedimiento.

“El tema cobro judicial, que no es un problema de la jurisdicción agraria, es un problema del Poder judicial, es un tema país. Entonces, le estamos buscando reformas que sean integrales, que contribuyan a mejorar a toda la institución”, expuso.