La mañana del lunes 15 de noviembre un sismo estremeció al país. Pero no se trató de un movimiento tectónico, sino de un caso de aparente corrupción que agitó los cimientos de al menos ocho municipalidades. El resultado fue la detención de seis alcaldes y otras siete personas, entre las que figuran cuatro funcionarios municipales y representantes de las empresas MECO y Explotec. Así salía a la luz pública la Operación Diamante.
Un secreto a voces del que se especulaba desde que estalló el Caso Cochinilla, cuatro meses atrás (el 14 de junio). En el expediente de ese caso se mencionaban hechos que hacían prever que algunos alcaldes podrían estar vinculados a la supuesta recepción de dádivas de parte de grandes constructoras, a cambio de adjudicaciones millonarias de proyectos de infraestructura vial.
Esas sospechas se esclarecieron esa fría mañana de mediados de noviembre, cuanto el Organismo de Investigación Judicial allanó las viviendas y detuvo a seis alcaldes: Johnny Araya Monge, de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú; y Alberto Cole De León, de Osa.
No se trata de alcaldes cualquiera, sino de políticos con espuela, con un largo recorrido en el régimen municipal y en la vida política en general. Salvo Mario Redondo, el resto inició como regidores en sus respectivos ayuntamientos hasta alcanzar la Alcaldía. En esos municipios han pasado, literalmente, gran parte de sus vidas.
Cuatro de ellos tienen un fuerte ligamen con el Partido Liberación Nacional (PLN), donde militan desde su juventud. Tal es el caso de Johnny Araya, Alfredo Córdoba, Humberto Soto y Alberto Cole. En cuanto a Arnoldo Barahona, su vínculo fue primero con el partido cantonal Yunta Progresista Escazuceña y más recientemente con Nueva Generación.
Mario Redondo, por su parte, militó por más de dos décadas en la Unidad Social Cristiana (PUSC) y posteriormente, en el 2014, apareció en la palestra política con una nueva agrupación que él mismo fundó, Alianza Demócrata Cristiana, y con la que quedó electo diputado.
A ellos, la Fiscalía Anticorrupción los investiga por presuntamente recibir dádivas de la constructora MECO, a cambio de adjudicarle obras viales y apurar el pago de facturas. Ese órgano sospecha que la supuesta organización criminal habría obtenido beneficios indebidos en 15 proyectos para construir o conservar infraestructura vial cantonal.
Y en específico investiga los aparentes delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
De momento y como medida cautelar, ellos están suspendidos de sus cargos por al menos seis meses, mismo periodo en el que no podrán salir de Costa Rica, así como tampoco comunicarse con testigos ni acercarse a los ayuntamientos. Así lo determinó el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el pasado 19 de noviembre.
Lea a continuación una semblanza de cada uno de los seis alcaldes vinculados al caso Diamante, y repase su andar por la política y otros cuestionamientos que han tenido que enfrentar a lo largo de sus gestiones.
Vínculo de más de tres décadas
Johnny Araya Monge tiene 64 años, es oriundo de Palmares, tiene tres hijos, está casado en segundas nupcias y es sobrino del expresidente Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986). Es ingeniero agrónomo y está vinculado a la Municipalidad de San José desde 1982 cuando fue electo como regidor. En otras palabras, lleva más de la mitad de su vida, 39 años, ligado al régimen municipal.
En 1991 el Concejo municipal lo escogió como ejecutivo municipal —el máximo puesto jerárquico—, y estuvo en ese cargo hasta 1998. Ese año se aprobó una reforma al Código Municipal y pasó a ser alcalde y en los comicios del 2002 se convirtió en el primer alcalde electo, mediante el sufragio popular, del municipio capitalino.
Desde entonces, se mantiene en el puesto hasta la actualidad, con cuatro reelecciones consecutivas y un impasse de casi tres años —de junio del 2013 a mayo del 2016—, cuando renunció para postularse fallidamente como candidato presidencial del Partido Liberación Nacional en las elecciones del 2014. Cuatro años antes intentó ser el candidato verdiblanco, pero perdió la convención interna ante la hoy expresidenta Laura Chinchilla.
Los comicios municipales del 2016 fueron los únicos en los que no participó con el PLN: lo hizo con el partido cantonal Alianza por San José, pues la agrupación liberacionista le suspendió su militancia luego de que renunciara a su candidatura presidencial, de cara a la segunda ronda del 2014, cuando se dio cuenta que ni los números ni el electorado lo acompañaban. Al final triunfó el politólogo Luis Guillermo Solís, del PAC.
En febrero del 2020 obtuvo su cuarta reelección con 20.843 votos, apenas el 8,7% de todo el padrón cantonal. Tras el triunfo, anunció que este sería su último mandato.
Su aparente participación en el caso Diamante no es el primer cuestionamiento que enfrenta. En agosto pasado, la Contraloría General de la República ordenó suspenderlo por 30 días y sin goce de salario, por actuar “de manera negligente e imprudente” al permitir el pago una indemnización de ¢253 millones, en el 2018, a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros de San José.
El 24 de marzo de 2021, luego de un juicio que tardó un mes, el Tribunal de Juicio de Goicoechea lo absolvió, por duda, de un delito de tráfico de influencias en una causa que se le abrió junto al ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez; y la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla.
Y en el 2011, la Contraloría recomendó suspenderlo durante 15 días, sin goce de salario, por otro caso. El órgano contralor determinó que Araya tuvo responsabilidad administrativa en los pagos hechos para el proyecto de renovación del catastro municipal, que data del 2002 y que costó al municipio cerca de $2 millones. Sin embargo, no halló razón para achacarle cargos en la vía civil.
La Fiscalía lo incluyó en el expediente de la Operación Diamante porque sospecha que él recibió dádivas de la constructora MECO y del empresario José Daniel Cruz Porras, de la firma Explotec, a cambio de que los ayudara a ganar licitaciones para la construcción de obras viales, o bien, para la compra de maquinaria pesada.
Al mismo tiempo, cuestiona un depósito de $5.000 que un empresario inmobiliario hizo, en apariencia, a la cuenta bancaria de una de sus hijas y la promesa de ¢1 millón que Daniel Cruz Porras dijo que le entregaría para financiar parte de las pasadas elecciones internas del PLN.
Casi tres décadas en la alcaldía sancarleña
Alfredo Córdoba Soro es el único alcalde, electo en las urnas, que ha tenido el cantón de San Carlos. Suma 19 años en ese cargo, desde el 2002. Aunque anteriormente, de 1994 a 1998, fungió como ejecutivo municipal, como antes se llamaba al alcalde. Pero no fue designado mediante el sufragio popular, sino que fue una decisión del Concejo Municipal sancarleño. En otras palabras, acumula 23 años al frente de ese municipio.
En las urnas, suma cinco triunfos consecutivos, todos enarbolando la bandera del PLN, aunque en las elecciones del 2020 se alió con Restauración Nacional para alcanzar la victoria.
Su historia en las tiendas verdiblancas es de larga data: fue presidente de la juventud liberacionista, regidor municipal y miembro de diferentes órganos cantonales y provinciales. Es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas. Tiene 58 años, está casado y tiene tres hijos. Trabajó en el Ministerio de Juventud y Deportes, y fue miembro de la Asociación de Desarrollo del Barrio Lourdes de Ciudad Quesada.
El 9 de octubre del 2019, el Ministerio Público solicitó 23 años de prisión en su contra por la presunta comisión de varios delitos entre el 2002 y el 2011. Sin embargo, el 12 de noviembre de ese mismo año, el Tribunal Penal de Hacienda lo encontró culpable solo de dos delitos de nombramiento ilegal en perjuicio de los deberes de la función pública y lo inhabilitó por seis meses para ocupar cargos públicos y lo condenó al pago de 60 días multa (¢3,6 millones).
En el caso Diamante, el Ministerio Público le atribuye supuestamente haber recibido dádivas o promesas de retribución por parte de MECO, a cambio de que interviniera en favor de esa constructora para que obtuviera contratos de infraestructura vial en San Carlos.
Por ejemplo, en el expediente se menciona que esa compañía habría construido un planché en una finca familiar en Aguas Zarcas.
De diputado a alcalde y a una cita en un parqueo
Mario Redondo Poveda asumió la municipal de Cartago el 1.° de mayo del 2020, hace un año y siete meses, tras ganar los comicios de febrero de ese mismo año. Si bien es la primera vez que es alcalde, su vida en la política inició en la década de 1980, cuando fue designado como asambleísta nacional del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), desde 1986 hasta 1994.
Posteriormente, fue director de asesores legislativos de esa agrupación entre 1990 y el 2002, año en el que fue electo diputado rojiazul. Durante su cuatrienio en el Congreso fue jefe de la fracción y presidente legislativo por un año, del 2003 al 2004. Volvió como diputado a la Asamblea Legislativa en el 2014, pero con el partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), el mismo con el que alcanzó la alcaldía cartaginesa el año anterior.
Para las elecciones presidenciales que se avecinan, acordó una coalición con el Partido Liberal Progresista, de Eliécer Feinzaig. Sin embargo, esa unión duró pocos días y se rompió, luego de que La Nación revelara que en el expediente del Caso Cochinilla aparecía la transcripción de una conversación en la que trascendió que Redondo se reunió con el gerente de Operaciones de la constructora MECO, Abel González, dentro de un vehículo en el parqueo de un comercio para hablar de una licitación de la Municipalidad de Cartago.
Por la Operación Diamante, la Fiscalía lo investiga por recibir, en apariencia, dádivas de parte de los personeros de MECO para que interviniera en una licitación de ¢756 millones para la atención de la red vial cantonal. Dicho contrato fue adjudicado a esa constructora, pero tras el escándalo del Caso Cochinilla se revirtió la decisión.
Además, el órgano acusador sospecha que recibió dinero de MECO para financiar su campaña municipal en el 2020. Él insiste en que es inocente y que son falsas las acusaciones en su contra.
Redondo es abogado, tiene 59 años, reside en Cartago y aprobó el tercer año de la carrera de Farmacia. En el pasado fue vicepresidente de la Junta Biblioteca Mario Sancho y miembro de la Asociación Vivienda Jireh.
Dos partidos, una alcaldía
Arnoldo Valentín Barahona Cortés tiene 56 años, está casado y es administrador de empresas. Su vínculo con la municipalidad de Escazú se remonta a 1998 cuando fue electo regidor suplente. Cuatro años después, en el 2002, fue escogido como regidor propietario. Durante su cuatrienio en ese último cargo fungió, del 2004 al 2006, como vicepresidente municipal. En el 2006 volvió a ese electo regidor propietario y en el 2011 se convirtió en alcalde.
Llegó a ese puesto enarbolando la bandera del partido cantonal Yunta Progresista Escazuceña, con el cual fue reelecto en el 2016. Después, en los comicios del 2020 volvió a ganar, pero esta vez con el partido Nueva Generación. Alegó que era necesario “sustituir piezas que ya cumplieron su ciclo”.
En agosto del año pasado, Barahona fue noticia por rebelarse e instruir a la Policía Municipal de Escazú para que suspendiera la imposición de multas a conductores y, con ello, la fiscalización del cumplimiento de la restricción vehicular sanitaria en ese cantón por la pandemia de la covid-19.
Según el expediente judicial del caso Diamante, mediante dádivas, en efectivo o en especie, ya sea, almuerzos o materiales de construcción, él habría actuado contrario a sus deberes para beneficiar a la empresa MECO con el otorgamiento de contratos para la construcción y/o mantenimiento de obras viales.
En dicho documento se menciona que, por ejemplo, habría recibido dos chompipas de cemento por parte de la constructora para un trabajo en la casa de su madre.
El alcalde que sueña con ser diputado
Antes de vincularse con la Municipalidad de Osa, Jorge Alberto Cole de León trabajó durante 26 años como radiotecnólogo en el Hospital Tomás Casas Casajus, en Ciudad Cortés (de 1980 al 2006). Allí mismo laboró un año como profesor de matemáticas, en el Liceo de Pacífico Sur. Además, fue miembro de la Junta Directiva de Judesur (2002-2003).
Asumió la Alcaldía de Osa en el 2007 y fue reelecto en el 2010, 2016 y 2020, siempre bajo la bandera de Liberación Nacional. De previo, fungió como regidor y presidente del Concejo Municipal de ese cantón, entre 1994 y 1998.
En el PLN milita desde 1990, cuando fue escogido como miembro de la asamblea cantonal, cargo que ostentó hasta 1998. Después, del 2002 al 2014 fue miembro de la asamblea provincial y del 2009 al 2015 de la Asamblea Nacional, el máximo órgano partidario liberacionista.
Cole de León tiene 62 años, es licenciado en Derecho y es técnico en rayos X y posee un diplomado en Radio Tecnología, estos dos últimos de la Universidad de Costa Rica.
Este no es el primero cuestionamiento que enfrenta el liberacionista: en mayo del 2014, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Osa por una causa en la que se le investigaba por el presunto delito de peculado. Él era sospechoso de aprobarse el plus salarial de prohibición, sin contar con los atestados necesarios. Eso le permitió cobrar alrededor de ¢50 millones de más, entre el 2008 y el 2011.
Un año después, en mayo del 2015, el grupo interventor que el gobierno de Luis Guillermo Solís impuso en Judesur, denunció penalmente a Cole por supuestamente no concluir obras viales financiadas con fondos de esa entidad. Le atribuyeron los presuntos delitos de malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Esa causa se menciona en el expediente de la Operación Diamante. En una de las conversaciones intervenidas, Alberto Cole le pidió al vicepresidente de Judesur, Gabriel Villachica, presentar una moción que lo ayudara a salir de esa denuncia porque afectaba su carrera en busca de una diputación.
“No podré ser diputado mientras tenga esa mierda ahí pendiente”, le dijo el gobernante local al directivo.
De acuerdo con el expediente judicial del caso Diamante, él habría recibido al menos dos dádivas, de ¢1,8 millones y ¢1 millón, por parte de la constructora MECO, la cual también le habría dado dinero para financiar su reelección en el 2020, a cambio de que intercediera para que esa compañía ganara contratos de obras viales en ese ayuntamiento.
Un educador con un largo vínculo municipal
Humberto Soto Herrera tiene 54 años, es vecino del distrito de Sabanilla, en Alajuela, y licenciado en Educación para I y II Ciclo General de Educación Básica. Tiene 34 años de experiencia en el área de la docencia. Se desempeñó como director de la Escuela de Tuetal Sur y ha fungido como profesor universitario.
Su ligamen con la Municipalidad de Alajuela inició en 1994 cuando fue electo regidor. Posteriormente, volvió a ocupar ese cargo entre el 2016 y el 2020, y por dos años fue escogido como presidente municipal.
Fue electo alcalde de Alajuela en febrero del 2020, encabezando la papeleta del PLN, aunque ya había ocupado ese cargo de marzo del 2010 a febrero del 2011, pues como vicealcalde primero le tocó asumir ese puesto, tras la salida de Joyce Zurcher.
Su paso de 27 años por el régimen municipal siempre ha sido de la mano del PLN, donde ha militado desde las bases territoriales, desde las comunidades.
En el caso Diamante se le vincula con la constructora MECO, la cual le habría dado ¢4 millones para financiar su campaña, a cambio de que inyectara al presupuesto del municipio ¢3.000 millones para un proyecto constructivo de cuatro años, en manos de esa empresa.