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Asociación Olimpiadas Especiales pagó millones a empresas de familiares

Actualizado el 27 de agosto de 2016 a las 12:00 am

Más de ¢100 millones en un año  a  compañías de directivo, yerno y esposa del presidente

Icoder señala deficiencias en liquidaciones y les niega el visto bueno

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Asociación Olimpiadas Especiales pagó millones a empresas de familiares

La Asociación Olimpiadas Especiales de Costa Rica utilizó, en el 2014, parte de los fondos girados por el Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) para contratar servicios brindados por empresas de los propios directivos o familiares del presidente  Carlos Valverde, sin cumplir con el procedimiento establecido, según el Icoder.

Adicionalmente,  en la liquidación de ese año quedan   una serie de nebulosas, como el reporte de  gastos por más de ¢300 millones sin facturas de respaldo,   no reflejados en los estados de cuenta o en las conciliaciones bancarias. 

Lea: Presidente de Asociación: 'No nos hemos robado nada'

Así lo detallan dos informes elaborados por el departamento  de finanzas y contabilidad del Icoder. Uno,  fechado el 14  de agosto del 2015, está dirigido a Carlos Valverde, presidente de la Asociación Olimpiadas Especiales. El otro, del 18 de abril del 2016, fue dirigido a la jerarca del Icoder, Alba Quesada.  

Ambos documentos, de los que La Nación tiene copia, explican por qué en dos ocasiones no fue aprobada la liquidación de Olimpiadas sobre los fondos públicos recibidos para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Aunque Olimpiadas Especiales es una asociación privada, el Estado le asigna recursos anualmente debido a su fin social.  Según la reforma a la ley de Olimpiadas Especiales del 13 de octubre del 2009, se le otorga cada año el 0,20% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fodesaf, equivalente a ¢987 millones solo en el 2014. 

Estos dineros pueden utilizarse únicamente para satisfacer gastos operativos a beneficio de los atletas de las selecciones, según el Icoder.

Lea: Directora de Fodesaf: 'Esto pareciera, como mínimo, un gran desorden'

Sobre el pago a empresas familiares con fondos públicos, la liquidación de Olimpiadas –a la que tuvo acceso La Nación–  detalla que se destinaron casi  ¢50 millones para la contratación de la Clínica San Francisco, que brinda servicios de odontología, medicina y optometría, entre otros, y cuya representante legal es la esposa del jerarca de la Asociación, Patricia Gómez.

Las oficinas de Olimpiadas Especiales se encuentran en el mismo edificio de la Clínica San Francisco, dirigida por la esposa del presidente de la Asociación. La clínica le vende servicios a Olimpiadas. | JORGE ARCE

El hijo del jerarca, el médico Carlos Valverde, también labora en la clínica, y un miembro de la junta directiva de ese centro de salud, Gerardo Palma, fungía como auditor de Olimpiadas en ese periodo, según el informe.

Palma además aparece como directivo  de la compañía  Asesores GPM en los primeros cuatro meses del 2014.  En ese tiempo, la Asociación le pagó  ¢14 millones a GPM por una auditoría contable. En los meses posteriores, le depositó  ¢33 millones, cuando Palma  ya no pertenecía a Olimpiadas Especiales.  

Por otra parte, la empresa de entretenimiento Flevent, cuyo gerente es Luis Arias, esposo de Laura Valverde, una de las hijas del presidente de Olimpiadas, fue contratada para organizar  eventos  por  ¢27 millones.

En uno de los informes del  Icoder también se reporta el pago de viáticos y transporte al exterior de Laura y Carlos, hijos de Valverde, quienes no pertenecen a la Asociación. Se desconocen los montos gastados, así como  la cantidad y razón de los  viajes durante el 2014 a nombre de Olimpiadas Especiales. 

El Icoder  solicitó  a la compañía Viajes Ejecutivos Mundiales S.A. (Vemsa) el listado de las personas que viajaron, pero la agencia manifestó que solo le podían pasar la información a la asociación que hizo la compra, según detalla el departamento financiero del Icoder en respuesta por escrito a las consultas de La Nación. 

Vínculo familiar (Alexánder Salazar y José Pablo Alfaro R. / La Nación)

En la liquidación también se establece el pago de alrededor de ¢5 millones por servicios a Sharon Brenes, quien tiene una relación personal con el hijo de Valverde, según lo manifiesta él en su cuenta de Facebook.

Tanto el Icoder como el Fodesaf ignoran si la asociación sacó  a concurso los servicios contratados con los familiares de Valverde, ya que no presentaron ningún documento sobre estos casos.

Dice recibir aval.  Valverde  sostiene que  ante una   consulta realizada por la Asociación, la Contraloría respondió  el 13 de mayo del 2011   que pueden ejecutar los gastos a su discreción, dado que los fondos  públicos se convierten en privados al ingresar a las cuentas de Olimpiadas Especiales. A su criterio, tan solo deben garantizar  que serán utilizados en beneficio de los atletas.

Sobre la contratación de empresas familiares con los dineros provenientes del Fodesaf, en Olimpiadas Especiales consideran que la ley no se los impide. Señalan, también, que han hecho estudios de mercado para garantizar un buen precio por los servicios. 

Aseguran, además, que la Clínica San Francisco es de las pocas en Costa Rica que cuenta con la capacitación internacional necesaria para realizar algunos tratamientos  odontológicos  a los atletas.

Mientras tanto,  el departamento financiero del Icoder hace referencia a una circular emitida por la Contraloría según la cual el sujeto privado que recibe fondos públicos debe someterse a  los principios de contratación administrativa establecidos por la ley.

Estos principios estipulan, por ejemplo, que la  empresa receptora de dinero del Estado debe celebrar un concurso público equitativo para hacer contrataciones.

“Se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales”, menciona.

 Ante la diferencia en los criterios de Icoder y la Asociación, después de las consultas de ambos a la Contraloría, La Nación preguntó  a dicho órgano sobre el caso y la posibilidad que tiene Olimpiadas de darle uso discrecional al  dinero recibido. 

La Contraloría envió  a este medio la circular 14300, en la que confirma  que cualquier empresa privada que reciba fondos públicos debe cumplir los principios de contratación administrativa,

Valverde, en tanto, insiste en que “no se han desviado fondos a  familiares. Solo hemos dado los servicios. En el informe de Icoder aparece como si repartiéramos dinero”.

Los fondos públicos se giraron  año a año desde el 2010  hasta mediados del 2015, cuando el Fodesaf frenó  la entrega de los recursos debido al informe de Icoder.

Lea: Control y fiscalización de fondos

Un año antes, el 28 de abril del 2014, el presidente de Olimpiadas Especiales  había firmado un convenio con el Icoder, mediante el cual la Asociación recibe la partida de ¢987 millones y se compromete a acatar la normativa referente a la utilización y manejo de recursos públicos. Icoder, representado por su directora Alba Quesada, quedó como responsable de la fiscalización de esos fondos.

Aunque en años anteriores no se firmaron acuerdos semejantes, Olimpiadas Especiales no había dejado de recibir el dinero asignado por ley ni de presentar liquidaciones a Icoder. En ellas se reportan pagos a  la clínica San Francisco cercanos  a los ¢150 millones del 2010 al 2013, a la empresa Flevent,  ¢55 millones entre 2011 y 2012; y a Asesorías GPM, cerca de ¢12 millones entre el  2011 y 2013.

Según la directora del Fodesaf Amparo Pacheco, previo al 2014 ella recibió  de Icoder reportes contables con lo presentado por la Asociación, pero ninguno señalaba anomalías. El Icoder asegura que entonces no vieron irregularidades financieras.  Además señala –en un correo dirigido a La Nación, en respuesta a consultas de este diario– que  las funciones del departamento financiero no incluyen  investigar los posibles lazos que existen entre las empresas que brindan servicios y los familiares de los miembros de la junta directiva de la Asociación.

Fue en el 2013 cuando empezaron a indagar, luego de que unos padres de familia enviaron cartas a la ministra de deportes, Carolina Mauri, expresando su disconformidad por la falta de planificación de la Asociación.

Luego,  la dirección financiera del Icoder desaprobó en dos ocasiones lo presentado por la Asociación sobre el presupuesto del 2014 y envió  los documentos al área de auditoría. Aún no se tienen resultados al respecto.

Mientras tanto, el Fodesaf se rehusa a depositar  el dinero correspondiente al segundo semestre del 2015 y el 2016, hasta que aclaren las supuestas anomalías.

“El problema es  que se han detectado  irregularidades graves. Entonces no podemos seguir girando a una asociación privada, aunque haya una ley,  si esta no está cumpliendo con su obligación de presentar las cuentas como debe ser”, explicó Amparo Pacheco, directora general del Fodesaf. 

¢300 millones en gastos no se reflejan en estados de cuenta

Las oficinas de Olimpiadas Especiales se encuentran en el mismo edificio de la Clínica San Francisco, dirigida por la esposa del presidente de la Asociación. La clínica le vende servicios a Olimpiadas. | JORGE ARCE

De los gastos reportados por la Asociación Olimpiadas Especiales, hay   más de ¢300 millones que  aún no están respaldados por documentación. La asociación reporta el dinero como gastado, pero no hay correspondencia  con las  facturas presentadas, los  estados de cuenta o las conciliaciones bancarias.

Este es solo uno de los vacíos encontrados en las liquidaciones de Olimpiadas durante el 2014, según dos informes del Icoder. Ese año, se le depositaron ¢987 millones provenientes de Fodesaf; sin embargo, el departamento financiero del órgano rector del deporte determinó que la liquidación no se apega al presupuesto y evidencia, además, el uso de dinero en rubros para los que no está destinado.

 El informe del Icoder señala en sus conclusiones que “el monto en gastos administrativos es superior a los ¢500 millones”,  pese a que el artículo 18 de la Ley 5662 estipula que  no  puede dársele ese uso a fondos provenientes del Fodesaf.  Olimpiadas Especiales solo puede, según Icoder, utilizar el dinero para gastos  operativos de los atletas, como cubrir sus participaciones en competencias.

Las conclusiones añaden  que   de esos gastos administrativos “al menos el 50%” (específicamente ¢305 millones) no están reflejados en los estados de cuenta ni tienen comprobante. Adicionalmente, de los más de  ¢500 millones reportados en gastos administrativos, ¢319 millones no cuentan  con facturas timbradas de respaldo. 

Por ejemplo, se reporta la compra de una propiedad en Upala a Ganadera Brinor S.A, por un monto  de ¢50 millones, pero no aparece el comprobante de pago.

“El problema viene desde el año pasado y se intentó resolver muchas veces. Solicitamos  información, que nos expliquen, con respaldo, por qué actuaron así”, dijo Johanna Araya, coordinadora de finanzas del Icoder.

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría también señaló, en relación con Olimpiadas Especiales, “la necesidad de controlar el uso de los fondos para asegurar el debido cumplimiento del destino legal, y evitar abusos, desviaciones o errores en el empleo”, como reza un documento dirigido a Alba Quesada,  directora del Icoder, el 25 de setiembre del 2015.

Gerardo Palma, directivo de la empresa GPM,  contratada por Olimpiadas para realizar la contabilidad enviada al Icoder, dice que el dinero no se ha perdido, pues todo se ha gastado a beneficio de los atletas de Olimpiadas.

Sin embargo, a la fecha no hay una explicación clara sobre los ¢300 millones que, según el Icoder, no aparecen en los estados de cuentas.

Con respecto a la ausencia de facturas timbradas, Palma dice que la Contraloría les aprobó el presupuesto de 2014 con los mismos comprobantes de pago que presentaron a Icoder, por lo que, según él, es una incongruencia que una institución los acepte y la otra no.

Después de que el Fodesaf se negara a entregar el dinero correspondiente al segundo semestre del 2015, la Asociación presentó un recurso de amparo y un contencioso administrativo. Según Valverde, acudieron a  esas vías legales no para obligar al depósito del dinero, sino para que un juez determine a cuál entidad –Contraloría, el Icoder o el Fodesaf–   deben brindarle cuentas.

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