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La Asociación Olimpiadas Especiales se defiende de los cuestionamientos que refleja el informe de la liquidación improbada por el Icoder en el 2014.
El ente, por medio de su presidente Carlos Valverde, afirma que la Contraloría le autorizó el uso discrecional de ese dinero de fondos públicos, sin tener que cumplir los principios de contratación administrativa.
También asegura que en la contratación de cada proveedor se hizo un estudio de los precios del mercado. Sin embargo, Icoder no tiene constancia de esos estudios; la Asociación argumenta que la ley no les exige presentarlos.
Sobre la rendición de cuentas a la que debe estar sujeta la asociación, el gerente de Olimpiadas Especiales, Carlos Arce, asegura que consultaron a la Controlaría, el 6 de julio del 2011. La respuesta recibida –asegura– les dio la razón.
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“No nos hemos robado absolutamente nada y aquí están los documentos. Se lo puedo asegurar. Ellos (Icoder) no han querido entender que la aplicación de las normas de contratación administrativa no se aplica para nosotros”, insistió Arce.
El argumento de la asociación se basa en parte de la respuesta dada por la Contraloría en aquella oportunidad.
“Al ser sujetos privados no les son de aplicación los principios ni los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa. Todo lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los principios de sana administración”, indica el documento.
La Nación consultó a la Contraloría y el departamento de prensa de ese órgano ofreció un documento que había sido enviado a la directora de Icoder, Alba Quesada, en respuesta a inquietudes similares, emitido el 25 de setiembre del 2015. En él se hace referencia al alcance de los controles de fiscalización sobre Olimpiadas Especiales.
“Es importante que los controles que se establezcan deban ser razonables, proporcionales y que logren un equilibrio entre la libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario, en la elección y el empleo de los medios y métodos para la consecución del fin asignado, y el espíritu de la norma de crear una administración concedente vigilante del destino legal de la transferencia es evitar abusos y desviaciones”.
“De forma que no se confunda la libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario, con la inexistencia de controles”.
Sobre la contratación de servicios, la Contraloría facilitó a este diario una copia de la circular 14300, emitida el 18 de diciembre del 2011, aún vigente, donde aclara que todo sujeto privado que reciba fondos públicos debe cumplir con los procedimientos de contratación administrativa: “se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales”.
La esposa del jerarca, Patricia Gómez, defendió la contratación de la Clínica San Francisco, argumentando que deben acatar las disposiciones internacionales de la Asociación Olimpiadas Especiales; aseguró que son pocos los centros de salud de Costa Rica que cumplen con las capacitaciones que tienen los médicos de su clínica para atender a los deportistas de esta población.
Por otro lado, Gerardo Palma, diretivo de asesores GPM, empresa encargada de la contabilidad de Olimpiadas, cuestionó el proceder del departamento financiero del Icoder, que decidió no aprobar la liquidación del 2014 en dos oportunidades.
Palma dice que se enviaron todas las facturas solicitadas en 107 folios. Sin embargo, el Icoder explicó que estos documentos no subsanaron las irregularidades de los informes.
Se le consultó al funcionario sobre la ausencia de los ¢305 millones que, según el reporte, no se reflejan en los estados de cuenta ni en las conciliaciones bancarias y dijo que no conocían de dicha anomalía, pues el Icoder no les hizo llegar la copia del documento donde se les imprueba la liquidación por segunda vez.
Sin embargo, subrayó que todo el dinero se utilizó para beneficio de los atletas especiales.
Palma se comprometió -en entrevista con La Nación el 5 de agosto- a llamar a este medio en los días siguientes con una explicación sobre el destino de esos fondos, pero hasta ayer no lo había hecho.
Valverde también garantizó el buen uso de los recursos y recalcó que ellos siguen trabajando, pese al año y medio sin recibir fondos públicos, debido a que el Fodesaf se negó a realizar el depósito hasta que se aclaren las supuestas anomalías del 2014.
“Puede haber un desorden, eso puede suceder, pero sí le puedo garantizar que ahí está el dinero”, manifestó Valverde.
