El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) evalúa dar a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) nueve meses más para completar la ampliación de 107 km de la ruta 32, en el cruce hacia Río Frío y el cruce de Limón.
La nueva solicitud está en proceso de formalización, según confirmó el encargado de la unidad ejecutora Kenneth Solano, durante una actividad organizada por la Asociación de Desarrollo del Caribe (Adeca), en la que el ingeniero atendió consultas de los vecinos del proyecto, relacionadas principalmente con obras de seguridad, accesos a comunidades y plazos de ejecución.
Por ahora, ese sería el nuevo plazo en discusión mientras se concreta una adenda al contrato que le daría a la constructora dos años más, es decir hasta el 2024. Eso sí, el convenio tendría incluido otro préstamo con el banco chino Eximbank para las obras faltantes.
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Actualmente, el plazo vigente para completar el proyecto vence el 22 mayo próximo, sin embargo el avance registrado a la fecha es de 50,97%, cuando, según el programa, ya debería tener un 95% de ejecución.
De aprobarse la solicitud a febrero del 2023, sería la tercera prórroga otorgada a la constructora china, que empezó los trabajos en noviembre del 2017, sin que para entonces se contara con diseños, expropiaciones, permisos y una serie de requisitos previos.
Originalmente, la ampliación debía estar lista en octubre del 2020, pero la empresa ha presentado reclamos asociados, principalmente, con la lentitud en las expropiaciones, por lo cuales el Estado le ha reconocido más de 800 días adicionales.
Pese al argumento, el encargado de la unidad ejecutora responsabilizó a la empresa por los atrasos.
“CHEC ha sido un poco lento en ese proceso de diseño, esto es porque CHEC en un inicio no tenía experiencia de trabajar en Costa Rica, ni en diseño y construcción, entonces eso ha hecho que haya tenido que ir aprendiendo conforme se va avanzando. Nosotros hemos tratado de colaborar para que las cosas avancen, sin embargo, con el diseño ha sido un poco difícil y eso ha hecho que se vean afectadas las expropiaciones y el traslado de servicios públicos”, afirmó Solano durante su exposición.
De acuerdo con los datos presentados por la unidad ejecutora, en un principio la empresa había indicado que requería 2.000 terrenos para duplicar la carretera existente, ese número se ha ido reduciendo y a la fecha se estableció la necesidad de 570 propiedades, de las cuales solo hay 109 a nombre del Estado y 140 con entrada en posesión voluntaria, en los que los vecinos permiten que la maquinaria avance, mientras continúan los trámites.
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Además de la falta de experiencia, entre los causantes de la demora, Solano criticó “el desorden” en la gestión del contratista y problemas en las fases de preinversión.
“El contratista se ha ido atrasando históricamente por esta falta de experiencia de trabajar proyectos en Costa Rica y además todavía presenta mucho desorden, mucha falta de administración interna, mucha falta de gestión de proyectos y entonces eso hizo que el proyecto se atrasara”, sostuvo.
En el pasado, la unidad ejecutora incluso debió asumir la tarea de elaborar el cronograma de obras debido a esas debilidades en la gestión de proyectos e incumplimiento de tareas. Ahora, una vez que se oficialice la nueva prórroga, nuevamente el Conavi deberá marcar el camino a seguir por la constructora china a fin de que se cumplan los plazos.
“Está en proceso de formalizarse (la ampliación en el plazo), cuando formalicemos la fecha nos sentaremos con CHEC para ver el programa de trabajo y trataremos que ese programa sea respetado porque ha sido muy difícil con CHEC, porque ellos no aplican gestión de proyectos, es muy complicado”, insistió Solano.
De acuerdo con el ingeniero, uno de los problemas que enfrentan actualmente es la imposibilidad de aplicar sanciones durante la ejecución, pues el contrato indica que las sanciones solo podrían aplicarse al finalizar la obra, lo que deja a la Administración sin mecanismos para presionar por una mayor acción de parte de la empresa.
Adenda al contrato y controversias
El lunes se dio a conocer que el préstamo para las obras complementarias que se está negociando con el Eximbank de China sería por $150 millones, $50 millones más que lo estimado en un principio. Junto con el crédito, ahora sí, se ampliaría el contrato con CHEC para que complete todo el proyecto en dos años.
La información consta en un oficio enviado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, al diputado limonense David Gourzong.
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De acuerdo con el desglose dado a conocer en el documento, del monto total se destinarían $82 millones para construir bahías de autobuses, puentes peatonales, aceras, ciclovías y otras necesidades que han sido incluidas en los paquetes de obras complementarias solicitadas por los gobiernos locales de Pococí, Guácimo, Matina y Siquirres.
Además se menciona un rubro adicional de $48 millones descrito como “obras de la Administración” y $20 millones para “controversias”.
Dentro de las primeras, se incluyen el alcantarillado de Limón, mejoras funcionales en los intercambios de la Terminal de Contenedores de Moín y aumento en el espesor del asfalto, a fin de alargar su vida útil a 20 años, pues fue diseñado para una duración de 10 años.
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Méndez Mata dijo días atrás a La Nación, que los recursos de este crédito, además, se utilizarían para solventar falencias técnicas que han sido señaladas en el proceso de ejecución, por ejemplo los problemas en las obras para el manejo de aguas, que fueron advertidos por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
En relación con el rubro de “controversias”, durante la exposición del lunes, Kenneth Solano mencionó como uno de estos desencuentros que el Estado ha mantenido con la empresa, la construcción de los pasos de fauna, los cuales serían asumidos por el MOPT.
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“Esto ha sido un estira y encoge con CHEC porque en un inicio de la lectura que hacíamos nosotros, la interpretación que teníamos es que sí estaba incluido, al final tenemos un criterio institucional donde nos dice que no está claro el tema y que si nos vamos a un arbitraje va a ser difícil ganarlo, en ese aspecto hemos entrado en un proceso de negociación con CHEC por varios temas de controversia, entre esos los pasos de fauna y efectivamente el dinero se está buscando a través del financiamiento con el Eximbank”, explicó.
Otra de las controversias que aún debe resolverse es la reconstrucción de los 33 puentes a lo largo del trayecto, los cuales a criterio de CHEC solo debían ser rehabilitados, mientras que el MOPT insiste en que se deben reconstruir.
El proyecto tiene un costo de $465 millones e incluye aparte de la ampliación a cuatro carriles, la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).