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50 empresas de 20 países están interesadas en proyecto

Costa Rica valora producir electricidad con basura a partir del 2016

Actualizado el 30 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

Cada tonelada que se procese daría luz un mes a 2 casas con consumo promedio

Éxito dependerá de forma como los municipios traten los desechos

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Costa Rica valora producir electricidad con basura a partir del 2016

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Los municipios ven en la generación eléctrica otra forma de dar valor a los residuos sólidos. | JORGE NAVARRO

Costa Rica podría generar energía eléctrica con basura a partir del 2016 si prospera un proyecto entre la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetrom) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Según Femetrom, la iniciativa ayudaría a aliviar el problema de la basura en la Gran Área Metropolitana (GAM), pues daría una solución adicional al reciclaje.

Solo las comunidades de los 14 municipios que integran esta federación producen unas 1.800 toneladas diarias de basura.

Se calcula que cada tonelada que se procese –ya sea por medio de la tecnología de incineración o gasificación–, produciría electricidad para dos o tres viviendas de consumo promedio (entre 200 y 400 kilovatios) durante un mes.

Dentro de los planes del ICE y de la Femetrom está adjudicar el primer proyecto el próximo año.

Esta idea ya atrajo el interés de 50 empresas de 20 países, informó Juan José Vargas, director de la Femetrom.

Hasta ahora, solo una de ellas ha sido declarada como elegible por el ICE, requisito obligatorio antes de cualquier contratación. El resto está en trámites de elegibilidad, dijo Gilberto de la Cruz, director del Centro Nacional de Planificación Eléctrica del ICE.

La idea. Hace un año, el ICE y Femetrom firmaron un acuerdo para generar electricidad a partir de desechos.

Como testigos de honor firmaron el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, el ministro de Ambiente, René Castro, y la ministra de Salud, Daysi Corrales.

En su primera cláusula, el acuerdo dice que las municipalidades proveerán los residuos sólidos a una empresa que, a su vez, generará electricidad con ellos.

El ICE está anuente a adquirir esa energía luego de que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) defina una tarifa, tal como le autoriza al ICE la Ley N.° 7.200. El plazo mínimo de adjudicación sería de 20 años, prorrogable por cinco años. Otros municipios están invitados a adherirse al acuerdo de forma voluntaria.

El acuerdo también estipula la responsabilidad de las municipalidades para definir la cantidad, frecuencia y tipo de residuos que entregarán a la planta.

“La municipalidad deberá establecer expresamente si a los residuos municipales que se entregarán se les realizará algún tipo de separación o extracción antes de su entrega”, dice el acuerdo.

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Además, la empresa responsable de la planta deberá especificar el tratamiento de los residuos sólidos, gaseosos y líquidos que no se vayan a utilizar o se deriven del proceso. Esta información forma parte del proceso de elegibilidad.

A la fecha, solo 49 municipalidades cuentan con plan de manejo, tal como lo demanda la Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley GIR).

Otras 16 municipalidades están en el proceso de elaboración y el resto, unas 16, ni siquiera han empezado o no lo han notificado.

Enfoques. Del lado del ICE, el interés se enfoca en la diversificación de las fuentes de energía.

“Sentimos que esta estrategia hace que el sistema sea menos vulnerable y más robusto. Por ejemplo, en una sequía, las plantas hidroeléctricas bajan su producción, pero la basura está ahí todo el tiempo”, dijo De la Cruz.

Además, la generación eléctrica con desechos no depende de la ocurrencia de agua, viento o sol sino que puede producirse todos los días, por lo que su factor de utilización es alto.

“Nuestras plantas hidroeléctricas son a filo de agua, es decir, usa el agua que viene del río en ese mismo momento porque no la puede guardar. Tienen el factor de utilización entre 45% y 60%. En cambio, una planta que trabaja con basura, como funciona todos los días, tiene un factor de utilización entre 85% y 90%”, explicó de la Cruz.

Para Vargas, al diversificar las fuentes energéticas, se dependerá menos de hidrocarburos, cuya dependencia incrementa las emisiones de carbono a la atmósfera.

“Los rellenos sanitarios en el país están agotando su vida útil, y se prevén conflictos sociales intensos en el caso de la instalación de nuevos servicios sanitarios. Por eso, algunos alcaldes han visto la oportunidad de migrar a otros tipos de tecnologías”, destacó Silvia Soto en su reporte técnico para el Decimonoveno Informe Estado de la Nación .

Para Eugenio Androvetto, director de Protección al Ambiente Humano, del Ministerio de Salud, la clave está en las exigencias socioambientales que impongan las municipalidades a las empresas y el manejo previo que hagan de los residuos.

Lobby. Algunas de las empresas interesadas en participar, ya han pedido audiencias en los concejos municipales para darse a conocer. Sin embargo, no han ahondado en los detalles técnicos.

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Por esa razón, y ante las dudas sobre el impacto en salud y ambiente, algunos municipios no se adhirieron al acuerdo del ICE y la Femetrom.

Tal es el caso de Atenas, en Alajuela, cuyo concejo municipal argumentó que el país no tiene normativa vigente para el control de emisiones derivadas de este tipo de procesos. Solo existe un reglamento para regular el uso de calderas.

Según el regidor ateniense, Alberto Ramos, el temor es por la eventual instalación de una planta de incineración o gasificación en el cantón.

Los vecinos abrieron un grupo en Facebook que ya cuenta con 1.290 seguidores y están organizando foros para informar al resto de los atenienses.

“Es conveniente informar a los tomadores de decisión de la importancia de comprender que el uso de tecnologías no es un tema político sino técnico, donde confluyen cuestiones de orden económico, operacional y de factibilidad”, apuntó Soto en el Estado de la Nación .

En ruta. Para ser elegibles, las empresas deben cumplir con varios requisitos. Entre ellos, aportar información sobre el propietario y el capital, el lugar dónde planea ubicar la planta, de dónde utilizará la basura, cuál tecnología empleará, la potencia que producirá y cómo pretende conectarse a la red de distribución nacional.

Esa empresa estaría lista para participar en el proceso de contratación sea este una licitación, una contratación directa u otro.

“Esa empresa no está contratada porque eso dependerá del precio que fije la Aresep y tampoco se sabe si estará interesada en participar en el proceso, lo que tiene apenas es una elegibilidad”, aclaró De la Cruz.

Durante este proceso, el ICE no es restrictivo ni en el tipo de tecnología a emplear ni establece un mínimo de generación eléctrica porque eso dependerá de la propuesta que hagan los interesados.

“Si dos o tres empresas empatan en precio, las que desempatan van a ser las municipalidades y nuestro negocio no está en la electricidad, sino en lo socioambiental. Se le adjudicaría el proyecto a aquella empresa que mejores garantías socioambientales nos dé”, declaró Juan José Vargas, de Femetrom.

¿A cuáles garantías se refiere? Para Vargas, aparte de cumplir con la normativa vigente en temas de salud y ambiente, se requiere un adecuado manejo de los desechos (cenizas, escorias y gases) resultantes del proceso.

En este sentido, y según Vargas, Femetrom pidió a las universidades estatales ayuda para elaborar los parámetros socioambientales con que evaluarán a las empresas.

El Ministerio de Salud prepara un reglamento para el control de emisiones, inspirado en disposiciones europeas. “La ventaja de la norma europea es que regula varias tecnologías y establece cantidades máximas de emisión”, comentó Androvetto.

Según Androvetto, se prevé que este reglamento vaya a consulta pública a inicios del 2014.

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Michelle Soto M.

msoto@nacion.com

Periodista de Ambiente

Redactora en la sección Aldea Global. Periodista graduada en la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre temas ambientales. Recibió los premios Innovación para el Desarrollo Sostenible (2011) y Periodismo Agrícola y Desarrollo Rural (2012).

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