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Relato de testigo de la Fiscalía

Alerta de Policía ucraniana desencadenó investigación por tráfico de órganos

Actualizado el 15 de septiembre de 2017 a las 04:06 pm

Investigación judicial vincula a médico Mora Palma con llamadas a ucranianos detenidos por tráfico de órganos en 2012

Funcionario judicial afirma que pesquisas se cruzaron con otra investigación por salida de equipo médico de hospital público a clínicas privadas

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Parte de los abogados defensores de los cinco imputados en el caso por supuesta trata de personas para extracción ilegal de órganos. De izquierda a derecha, Vinicio Zamora (Hospital La Católica), Agustín Atmella (Clínica Bíblica) y María Amalia Sánchez de León, defensora de Mora Palma. (Alejandro Gamboa)

La solicitud de la Policía de Ucrania para investigar un número telefónico ligado a dos detenidos en ese país por tráfico de órganos, desencadenó la investigación que hoy tiene a cuatro médicos y un comerciante griego en el banquillo de los acusados, sospechosos de presunta trata de personas para extracción ilícita de órganos.

La petición fue recibida en diciembre de 2012 en Interpol Costa Rica, reveló Diego Castillo Gómez, investigador judicial de este caso, y primer testigo citado por la Fiscalía en el juicio que se inició el 11 de setiembre por esa causa, en el Tribunal Penal de San José.

"Se nos asigna realizar la búsqueda de a quién le pertenecía el número en Costa Rica, quién era la persona que saca la línea a su nombre. Se realiza esa diligencia, y nos damos cuenta de que (pertenecía) a uno de los ucranianos detenidos. 

"Se solicita un rastreo de llamadas de los meses en que ese teléfono estuvo activo en Costa Rica. Nos damos cuenta de que tiene constantes llamadas o comunicaciones con un funcionario de la Caja, de nombre Mora Palma", relató Castillo el miércoles 13 de setiembre.

La persona a la que hace referencia este investigador judicial es el médico especialista en Nefrología, Francisco José Mora Palma, identificado por la acusación del Ministerio Público como el presunto líder de una red de extracción ilícita de riñones.

Mora Palma trabajó 30 años en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y fue por 13 años jefe del servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia.

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De acuerdo con la investigación judicial y a la acusación de la Fiscalía, este médico coordinó desde su consultorio en ese hospital público exámenes y operaciones en la Clínica Bíblica y el Hospital Hotel La Católica de, al menos, 14 personas a quienes se les extrajo un riñón para trasplantárselo a enfermos de Grecia, Italia, Israel y Estados Unidos.

En esa red habrían participado, además, los urólogos Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán, y el especialista en Vascular Periférico, Víctor Hugo Monge Monge, según dice la acusación del Ministerio Público.

También, según la acusación, estaría implicado el comerciante griego Dimóstenes Katsigiannis Karkasi, quien al parecer ejerció de intermediario entre Mora Palma y las personas a quienes se les quitó un riñón.

Perfil del juicio (Gabriela Hoos)

La Fiscalía le atribuye a Mora Palma 14 delitos por trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, 16 delitos de peculado, 12 delitos de lesiones graves, y 6 por falsedad ideológica.

Al comerciante griego Katsigiannis Karkasi, se le atribuyen  tres delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y tres lesiones graves.

A Mauro Stamati, Fonseca Guzmán y Monge Monge, la Fiscalía les relaciona con la comisión de 14 delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y 12 delitos de lesiones graves.

Este juicio es el primero en su tipo en el país, en donde se debate el delito de trata de personas para extraer ilícitamente órganos.

Testigo describe supuesta red

Castillo Gómez, quien es criminólogo de profesión y tiene diez años de experiencia como investigador judicial, describe en su relato el funcionamiento de una aparente red cuyo objetivo es comercializar riñones extraídos a costarricenes para implantarlos en extranjeros.

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Investigaciones de la Fiscalía determinaron que los receptores extranjeros de riñones pagarían, al menos, $140.000 por procedimiento, $40.000  de los cuales (más de ¢20 millones) debían ir a los "donantes".

El Ministerio Público registró, sin embargo, que lo máximo que se llegó a cancelar por cada órgano fueron ¢10 millones.

De acuerdo con el relato del testigo de la Fiscalía –que se extendió por casi dos horas, la tarde de este jueves 13 de setiembre–, una pizzería localizada frente a la entrada de pacientes del Calderón, el consultorio de Mora Palma en ese hospital de la Caja, y los centros médicos privados Católica y Bíblica, estarían entre los principales escenarios de los presuntos hechos.

Como intermediarios en la búsqueda de posibles candidatos a dar riñones, Castillo identificó al comerciante griego Katsigiannis Karkasi y a la policía Maureen Cordero Solano, quienes supuestamente dirigían a las víctimas al consultorio de Mora Palma en el Calderón.

Agentes del OIJ y Fiscalía en el momento en que arrestaron al nefrólogo Francisco Mora Palma, dentro del Hospital Calderón Guardia. | CORTESÍA DEL OIJ

Ambos, según la Fiscalía, se acercaban a posibles víctimas aprovechando la vulnerabilidad económica de esas personas, quienes por esa razón podrían tener interés en ganar hasta ¢10 millones por dar uno de sus riñones.

En principio, estas personas le hacen saber a las víctimas que el riñón es "para un familiar muy enfermo". De estos dos intermediarios, la policía Cordero Solano aparece en el proceso judicial como víctima-imputada, pues ella también habría recibido ¢6 millones por uno de sus riñones.

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La primera pieza en ese rompecabezas fue la solicitud de la Policía de Ucrania, que alertó a la Policía Judicial tica.

La segunda pieza la recibieron los investigadores también a finales del 2012: un documento protocolizado del cónsul de Costa Rica en Israel, donde se menciona la detención de una pareja costarricense, en un aeropuerto en ese país.

"En dicho documento, ellos (la pareja detenida en Israel) mencionan que están ahí porque eran un matrimonio, la mujer se iba a realizar un trasplante de riñón, y que fueron enviados por Mora Palma.

"Por lo anterior, se toma la decisión de judicializar la investigación y verificar la verdad real de los hechos en cuanto a estas noticias-crímenes que se estaban recibiendo, y es cuando iniciamos con la búsqueda del matrimonio detenido en Israel", relató Castillo ante los jueces.

Al entrevistar a esta pareja, reveló Castillo, descubrieron que Maureen Cordero Solano –la mujer policía que, al parecer, reclutaba donadores para esta red–, fue quien contactó al matrimonio.

Cordero, informó el investigador judicial, es familiar del esposo y conocía, según contó, las dificultades económicas que enfrentaba este matrimonio –padres en ese entonces de un bebé de meses–, residente en una barriada pobre de Turrialba, en una casa de latas, a la orilla del río que da nombre a ese cantón.

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"Cuando nosotros visitamos la casa de ellos, la mitad estaba guindando en un río. Uno dice casa, porque es el lugar donde ellos viven, pero era un espacio de cuatro por cuatro (metros cuadrados), donde tenían todo: cama, cocina, baño. Ahí es donde uno comprende la parte donde ellos mencionan que lo hicieron por la necesidad económica. Máxime que ninguno de los dos trabajaba.

"Maureen le externa una posible solución a ese problema económico. Le explica que si él dona un riñón puede recibir una remuneración económica a cambio. Que ella conoce a la persona que le puede ayudar, pero que no lo puede externar porque en el país piensan que eso es un delito: recibir dinero por donar un órgano.

"Él, en vista de la situación económica que está viviendo, acepta la propuesta que le hace la prima y visita el consultorio de Mora Palma en el Calderón Guardia. Ahí, Mora Palma le explica los pasos a seguir para realizar el trasplante y ver si es compatible con la persona receptora", agregó Castillo.

Imputados y su papel. (.)

Todo el dinero para el pago de los exámenes se lo enviaba el médico por medio de Cordero, asegura Castillo.

"También Mora Palma le hace ciertos ofrecimientos: que si él participa en esta donación de riñón va a recibir un seguro, con atención médica en la Caja de por vida", agrega el investigador.

Equipo quirúrgico desaparecido

La tercera pieza de este rompecabezas llegaría en la forma de otra investigación, completamente aparte.

Mientras el grupo de Castillo buscaba más evidencia para armar su caso, otro equipo de investigadores judiciales indagaba una denuncia aparentemente distinta por presunto peculado en el Calderón Guardia.

El peculado se relaciona con el aparente uso de instalaciones o activos públicos (en este caso, de la Caja) en la comisión de algún delito.

Esa denuncia se inició cuando un hombre baleado ingresó a ese centro de salud y nadie encontró en 19 salas de operaciones del hospital el equipo que se necesitaba para atender su herida.

"Maureen le externa una posible solución a ese problema económico. Le explica que si él dona un riñón puede recibir una remuneración económica a cambio. Que ella conoce a la persona que le puede ayudar, pero que no lo puede externar porque en el país piensan que eso es un delito: recibir dinero por donar un órgano". Testigo de Fiscalía.

Según Castillo, el equipo fue encontrado en el Hospital La Católica. Ahí, al parecer, era utilizado en trasplantes de riñón por los dos urólogos y el especialista en Vascular Periférico que hoy están acusados por la Fiscalía.

Una enfermera del Calderón fue quien lanzó la alerta sobre lo que estaba pasando con la salida de equipos. Como consecuencia, asegura Castillo, en una reunión amenazaron al personal con dejar sin nombramiento a quien divulgara esta situación. 

Actualmente, según el testigo de la Fiscalía, la profesional se encuentra en el programa de protección de víctimas y testigos debido a amenazas recibidas telefónicamente por su denuncia.

"Ella nos comenta que ya existían comentarios de pasillo en el hospital, y se sabía que esos instrumentos estaban siendo utilizados en la clínica Católica para realizar trasplantes.

El 10 de octubre de 2013, tres médicos y un comerciante griego fueron detenidos en un operativo conjunto del OIJ y el Ministerio Público por tráfico de órganos. Las detenciones se dieron en una pizzería y en consultorios privados y del Calderón Guardia. (Alonso Tenorio)

"Ahí es donde nos interesa a nosotros averiguar qué fue lo que pasó realmente. El compañero (investigador) nos comenta que tenía individualizadas a las personas que habían sacado los instrumentos del hospital, y me menciona a unas instrumentistas (enfermeras), y el médico que los solicita, de apellido Monge.

"También los médicos que realizaban los trasplantes. Menciona los nombres de Fabián (Fonseca Guzmán), de Víctor Hugo (Monge Monge) y de Maximiliano (Mauro Stamati), que eran los que estaban haciendo los trasplantes en La Católica", agrega el relato del testigo.

Víctimas atemorizadas por supuestas advertencias

En la búsqueda de víctimas de estos trasplantes, los investigadores dan con un hombre, a quien describen como una persona "sumamente nerviosa, preocupada". "No quiere hablar con nosotros. Nos dice que él siente miedo", explica Castillo. 

"Nosotros le explicamos la importancia de que hable con nosotros para saber si realmente participó en esa operación, y es donde nos muestra la herida que le quedó por extraerle el riñón. Nos comienza a comentar que no se siente bien físicamente, que ya no es como antes. Se encontraba bastante delgado y, en cierta forma, se mostraba temeroso", declaró Castillo.

Este hombre, aparentemente, fue contactado por Maureen Cordero quien, en un momento determinado, y luego del  trasplante, lo habría contactado para decirle: "Ya estalló la bomba (en las noticias). Usted sabe que no tiene que decir absolutamente nada, si no ya sabe lo que pasa", contó Castillo en su declaración.

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Esta víctima nunca conoció a los médicos que le hicieron la operación. Tampoco al receptor del órgano. Fue una de las personas que, según el testigo de la Fiscalía, firmó un documento para certificar que no había recibido dinero por el riñón.

"Ahí es donde nosotros nos percatamos de que probablemente existan más trasplantes, más personas involucradas y más víctimas de este delito. Por eso, solicitamos todos los trasplantes que se realizaron en la clínica Católica. También empezamos a buscar la relación entre los médicos que participaron con Mora Palma y nos damos cuenta de que ellos ejercían en el Calderón Guardia.

"Ellos eran médicos en sus especialidades en el Calderón. También nos preocupamos (en indagar) el tema del peculado para relacionar a estas personas con otras, como las instrumentistas, que también participaron en las operaciones en la clínica Católica. Por eso, es que estas personas en algún momento retiraron los instrumentos del Calderón Guardia", agrega la declaración oral y pública, realizada en la sala 1 del Tribunal Penal de San José.

Otra de las víctimas contactadas, un hombre, fue el que les comentó sobre el comerciante griego. Esta nueva víctima les confirmó que fue él quien contactó a Maureen Cordero Solano, quien era su compañera en la Fuerza Pública.

"Él visitaba constantemente su pizzería con la familia. En algún momento, de tantas visitas que hizo, el griego le hizo un ofrecimiento: le dijo que estaba preocupado por un familiar y que necesitaba un riñón. Este hombre trabajaba en la Fuerza Pública, y acepta la propuesta.

"Una vez que se da el trasplante, recibió una incapacidad de parte de Mora Palma de dos meses. Pero también Mora Palma le pregunta si no conoce a otras personas que quieran vender el riñón. Esta es la persona que contacta a Maureen y le dice que si quiere vender el riñón. Maureen contesta que por plata ella hace lo que sea", contó Castillo.

Con esto como prueba, agregó el testigo, la Policía Judicial solicitó a la Fiscalía la detención de Mora Palma como a Cordero Solano.

En junio de 2013, se procedió a detener al nefrólogo en su consultorio en el hospital Calderón Guardia.

Supuesto modo de operar. (.)

Elementos comunes relatados por víctimas

La exposición pública de este caso en ese entonces, desencadenó una gran cantidad de llamadas confidenciales de otras posibles víctimas. Al final, solo 14 se animaron a ser incorporadas en la acusación del Ministerio Público.

Las conversaciones con esas personas, dijo Castillo, les permitió determinar lo siguiente:

- El contacto de las víctimas siempre fue con Mora Palma. Él era el que se encargaba de coordinar los exámenes. Algunas personas dijeron que se hacían en la CCSS y otros se realizaban las pruebas en clínicas privadas, adonde llegaban a costar hasta ¢300.000. El dinero lo aportaba el médico.

- A las víctimas les vendieron la idea de que el trasplante era para ayudar a un familiar enfermo.

- Fueron abordadas por el comerciante griego y la mujer policía.

- Siempre hubo un ofrecimiento económico.

- Casi todas estas personas eran de lugares marginales. Vivían en lugares precarios.

- Algunas de las víctimas, al momento de ser contactadas por los investigadores judiciales, presentaban complicaciones por haberse realizado la cirugía.

- Estaban atemorizadas porque, en algún momento, fueron amenazadas con no decir nada.

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- Fueron trasladados a un hotel de la capital para firmar un documento donde decían que no habían recibido dinero por esa donación.

- Según la investigación judicial, no hay forma de decir que las personas receptoras eran familiares (de las víctimas). La mayoría, eran extranjeras.

- Se logró verificar que se recibía el dinero de los trasplantes de una agencia de seguros de Estados Unidos. Ese dinero era retirado por Mora Palma.

- Las víctimas necesitaron asistencia médica, porque algunos estaban muy mal. A uno, le dejaron una gasa. Fueron trasladados a la oficina de víctimas y testigos para que recibieran asistencia médica y psicológica.

- Les pagaron en moneda nacional, en efectivo, después de la operación. Estos pagos no se lograron documentar. La información se supo por versión de víctimas.

La declaración de Castillo Gómez continuará el próximo lunes, cuando será interrogado, en primera instancia, por la defensa de Mora Palma, la abogada María Amalia Sánchez de León.

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Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

Periodista

Periodista de Salud. Máster en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especializada en temas de salud. 

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