Maureen Cordero trabajaba como policía de la Fuerza Pública y hacía fletes en carro durante su tiempo libre.
Cuando su pareja murió asesinada, quedó con deudas: las suyas y las de su compañero.
A Cordero, una red supuestamente le ofreció ¢6 millones por uno de sus riñones, y en las condiciones en que estaba aceptó.
Le quitaron el órgano el 13 de octubre del 2009 en un hospital privado, y se lo trasplantaron en ese mismo lugar a un hombre de nacionalidad griega, según la Fiscalía.
En una fecha que no se precisa, entre el 2010 y el 2011, la mujer policía recibiría otro ofrecimiento: por cada persona que reclutara para la extracción de riñones, ganaría $1.000.
Ella reclutó al menos a ocho de su círculo más cercano: conocidos de Tirrases, Curridabat, Alajuelita y Desamparados.
Esa red, aparentemente, canceló a esas personas ¢10 millones por riñón. Cordero recibiría su comisón de $1.000 por cada una.
Según detalla el relato de la acusación de la Fiscalía, en el juicio que se sigue por el delito de trata de personas para extracción ilícita de órganos, Cordero pasó de víctima a imputada al ejercer de intermediaria entre las víctimas y el supuesto líder de la organización:el médico especialista en Nefrología Francisco José Mora Palma.
Aparentemente, el ofrecimiento de los $1.000 provino de Mora Palma, quien además le habría pedido informar a los candidatos a la extracción del órgano que se les pagaría ¢10 millones por el procedimiento.
En la actualidad, la Fiscalía tiene a esta mujer como víctima-imputada con acción penal suspendida con criterio de oportunidad.
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Ella acordó declarar en este juicio todo lo que está consignado en la relación de hechos que forma parte de la acusación del Ministerio Público contra los cinco imputados: el nefrólogo Francisco Mora Palma; los urólogos Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán; el especialista en Vascular Periférico, Víctor Hugo Monge Monge, y el comerciante griego Dimóstenes Katsigiannis Karkasi.
Este criterio de oportunidad se lo han querido traer abajo los abogados defensores de los cinco imputados en este caso, alegando "actividades procesales defectuosas" a la Fiscalía.
Hasta ahora, los jueces responsables de ver este caso no se han pronunciado sobre esta petición de la defensa.
El juicio recién empezó este lunes 11 de setiembre, en el Tribunal Penal de San José, y está programado para finalizar el 30 de noviembre.
De escasos recursos y bajo nivel educativo
En el grupo de 14 víctimas identificadas por la Fiscalía está Cordero.
A estas personas (11 hombres y tres mujeres), el Ministerio Público las describe en "condición de vulnerabilidad económica".
Son de escasos recursos y baja escolaridad, situación que, al parecer, fue aprovechada por la organización para ofrecerles un pago a cambio del riñón, algo que los abogados defensores de los cinco imputados rechazan con argumentos como el registro de cuentas en tiendas de electrodomésticos y el uso de servicios de televisión por cable de parte de las víctimas.
La mayoría de ellas (seis) residen en Tirrases de Curridabat, de donde también es oriunda Cordero.
Otras son de Paraíso, Alajuelita, Turrialba, Desamparados, la Trinidad de Moravia y Tibás.
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Según la acusación de la Fiscalía, a estas personas se les llegó a pagar de ¢3 millones a ¢10 millones por un riñón, órgano que fue utilizado para trasplantes a personas de Grecia, Estados Unidos e Israel, realizados en dos hospitales privados entre el 2009 y el 2013.
De acuerdo con la investigación, se determinó que los receptores de estos órganos llegaron a pagar a esta red, al menos, $140.000 por procedimiento.
De esa cantidad, $40.000 eran para el pago del "donante" (más de ¢23 millones, a un tipo de cambio de ¢584); sin embargo, alega la Fiscalía, las víctimas recibieron un monto mucho menor.
Esta información trascendió en los primeros dos días de debate, en el primer juicio que se sigue en el país por el delito de trata de personas para extracción ilícita de órganos.
En este proceso, al nefrólogo Francisco Mora Palma la Fiscalía le atribuyen 14 delitos de trata de persona con fines de extracción ilícita de órganos, 16 delitos de peculado, seis delitos de falsedad ideológica y 12 delitos de lesiones graves.
El delito de peculado se relaciona con el aparente uso de instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como consultorios médicos y servicios de laboratorio, en la comisión de los hechos atribuidos.
Cuando trascendió la situación, en junio del 2013, Mora acumulaba 30 años de trabajo con la CCSS y 13 como jefe del servicio de Nefrología del Calderón Guardia.
Por su parte, a Mauro Stamati, Fonseca Guzmán y Monge Monge, la Fiscalía les relaciona con la comisión de 14 delitos de trata de persona con fines de extracción ilícita de órganos y 12 delitos de lesiones graves.
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Al comerciante griego Katsigiannis Karkasi, se le atribuyen tres delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y tres lesiones graves.
En un negocio de comidas de Katsigiannis, aparentemente, se reclutaban víctimas entre las personas que llegaban ahí; también se coordinaban pagos y traslados a otros centros de salud, según determinó la investigación de la Fiscalía que da base a la acusación contra los imputados.
La existencia de una supuesta red de tráfico internacional de órganos con participación de costarricenses trascendió por las informaciones del diario El Universal de México.
Un mes antes de que se produjeran los operativos en que se capturaron a los hoy imputados, ese diario mexicano catalogó al país como "punto mundial de tráfico de órganos", bajo la mampara de turismo médico.
La abogada colombiana Luz Estella Ortiz-Nagle, una experta reconocida en trata de personas, en entrevista con La Nación, declaró que Costa Rica "se ha convertido en epicentro del suministro ilegal de órganos".
Nota del editor: Esta nota fue corregida el 13 de setiembre a la 1:35 p. m.