Con estas palabras, María Amalia Sánchez de León, abogada defensora del nefrólogo Francisco José Mora Palma, rechazó los cargos que el Ministerio Público le atribuye a su cliente, quien figura entre los acusados en el juicio por supuesta trata de personas para extracción ilícita de órganos.

En su segundo día consecutivo de conclusiones, Sánchez analizó este martes la condición de varias personas citadas como supuestas víctimas en este caso.

La Fiscalía ha sostenido durante este proceso —que se inició el pasado 11 de setiembre—, la vulnerabilidad económica de las 14 personas que apoyan la denuncia en calidad de víctimas.

Niega pago a donantes

A Mora Palma, quien fuera jefe del servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia, la acusación de la Fiscalía lo señala como el supuesto líder de una red internacional de tráfico de órganos.

Sánchez de León afirmó, este martes, que no hay una sola prueba de que su defendido haya girado ¢120 millones en pagos a estas personas.

Sin dar detalle adicional, la abogada mencionó: “Las ayudas las recibían directamente del receptor”.

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“Vinieron a mentir porque o era él (Mora Palma) o son ellos”, agregó la abogada.

Sostuvo que un estudio de su representación demostró que las víctimas tenían bienes, entre ellos vehículos, motocicletas y empleo estable.

“Arregló la casa y compró un carro. ¡Esto no es comprar comida para sus hijos!”, afirmó Sánchez haciendo referencia al testimonio de una de las 14 personas que figuran como víctimas.

No hay ausencia de consentimientos informados, agregó.Tampoco, dijo, lesiones.

“El problema es la manipulación. Cambiaron la declaración rompiendo la persistencia en la incriminación.

“Sus acciones fueron suyas, propias y voluntarias... no estamos hablando de una banda de criminales que usó la fuerza”, mencionó.

“Estos señores estuvieron en contacto con terceras personas, que no es típico de la trata, que supone sujeción o sometimiento”, aseveró la defensora.

Los cargos

A Mora Palma la Fiscalía le atribuye 14 delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, seis de peculado, seis de falsedad ideológica y 12 de lesiones graves.

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El 14 de noviembre, la fiscala Ileana Mora Muñoz pidió al Tribunal 296 años de prisión contra este especialista.

Además de Mora Palma, figuran como imputados otros tres médicos y un comerciante griego.

Para cada uno de los dos urólogos (Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán), la Fiscalía pidió 130 años, y para el vascular periférico (Víctor Hugo Monge Monge), 156 años.

Para Dimóstenes Katsigiannis Karkasi se solicitaron 39 años de prisión.

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La prisión máxima que da el sistema judicial costarricense es de 50 años.

Vulnerabilidad económica

Los testimonios escuchados al comienzo de este juicio de parte de quienes aparecen como afectados dan cuenta de deudas, problemas de vivienda (algunos, incluso, vivían en el momento de los hechos en precarios o barrios muy pobres), y de amenazas contra la vida de parte de acreedores.

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Ileana Mora, durante su turno para las conclusiones, hace una semana, calificó a los cuatro médicos imputados como "delincuentes".

Las 14 víctimas de supuesta trata de personas para extracción ilícita de órganos reclaman conjuntamente el pago de más de ¢500 millones por pérdida de capacidad física y daño moral.

El reclamo lo hicieron el miércoles 15 de noviembre por medio de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, adscrita al Ministerio Público, en la fase de conclusiones en las que se encuentra el juicio que se realiza en los Tribunales de San José.

Sánchez de León tiene programado terminar su ponencia este viernes, tras lo cual seguirán los abogados defensores de los otros médicos y del comerciante imputados.