Las 14 víctimas de supuesta trata de personas para extracción ilícita de órganos reclaman conjuntamente el pago de más de ¢500 millones por pérdida de capacidad física y daño moral.
El reclamo lo hicieron este miércoles por medio de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, adscrita al Ministerio Público, en la fase de conclusiones en las que se encuentra el juicio que se realiza en los Tribunales de San José.
Ese monto podría alcanzar los ¢600 millones si se incluyen aspectos como los honorarios de abogados.
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Esa oficina solicitó que el pago sea asumido de forma solidaria por los cinco imputados, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los centros privados Hospital La Católica y Clínica Bíblica. El monto se distribuiría entre las 14 víctimas que apoyan la acusación.
El abogado de la Caja, William Rodríguez, quien defiende a la institución en este proceso, explicó que a la CCSS le atribuyen un supuesto mal servicio porque permitió que Francisco Mora Palma, en su calidad de jefe de Nefrología del Calderón Guardia, utilizara los servicios de ese hospital para hacer exámenes a personas que vendieron su riñón.
Rodríguez informó de que estas personas alegan incapacidad permanente, pérdida de capacidad general, daño moral y costas.
El abogado sostiene que este viernes –cuando se reanuda el juicio– él realizará una defensa técnica para rechazar el reclamo y demostrar a los jueces que a la CCSS no se le puede condenar.
Según Rodríguez, la institución más bien fue utilizada por Mora Palma, a quien la acusación de la Fiscalía atribuye el liderazgo de una supuesta red internacional de tráfico de órganos que utilizó a personas costarricenses de muy escasos recursos económicos como donadores.
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Además de Mora Palma, otros tres médicos aparecen como imputados en esta causa, y un comerciante griego.
El martes, la fiscala Ileana Mora Muñoz solicitó 296 años de prisión contra el nefrólogo; 130 años para cada uno de los urólogos imputados; Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán, y 156 para el especialista en Vascular Periférico, Víctor Hugo Monge Monge.
Para el griego Dimóstenes Katsigiannis Karkasi solicitó 39 años de prisión.
Hasta ahora, solo tres de los imputados han brindado declaración: Mora Palma, Mauro Stamati y Fonseca Guzmán. Los otros dos se acogieron a su derecho de no declarar.
Mora defendió su proceder, diciendo que él no negoció ni vendió ni compró el riñón de ninguna persona. "Yo no negocié, no transé, no compré ni vendí ningún derecho humano. Yo no obligué, no coaccioné, no engañé ni tomé ventaja de los que hoy se consideran ofendidos", manifestó a inicios de setiembre, cuando comenzó el debate.
Mauro y Fonseca, por su parte, aseguran haber sido engañados por Mora Palma y por los pacientes.
De las 14 víctimas, a 12 se les extrajo un riñón a cambio de dinero.
La cantidad recibida fue de ¢3 millones a ¢10 millones, aunque los receptores –todos extranjeros, de países como Israel, Grecia y Estados Unidos– disponían de hasta $40.000 para el pago del supuesto donante.
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Este juicio es el primero en el que se juzga el delito de trata para extracción ilícita de órganos.
Otros delitos por los que son encausados los imputados son lesiones graves, peculado y falsedad ideológica.
Este viernes, está previsto que la CCSS presente sus conclusiones. También los representantes legales del Hospital La Católica y la Clínica Bíblica, así como la abogada de Francisco Mora Palma.
