Zoilamérica Ortega Murillo tiene 45 años, tres hijos, una pareja y es socióloga. Además, es la hijastra exiliada de Daniel Ortega y la hija biológica de Rosario Murillo. Conoció a su padrastro en 1978, aquí, en Costa Rica, en medio de otro exilio, el del proceso de revolución en Nicaragua.
Veinte años más tarde lo denunció públicamente por violación, un abuso sexual que, según afirma, se inició desde el mismo año en que lo conoció en una casa de seguridad en San José. Vivió en primera fila la relación de la pareja que gobierna desde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y hoy, es una de las voces en contra de la concentración de poder que se sufre en el país vecino.
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El último escándalo de esa concentración se suscitó el pasado 2 de agosto, cuando Ortega postuló a Rosario Murillo a la vicepresidencia para las elecciones de noviembre.
Desde el 2013 vive autoexilada en Costa Rica, junto a su esposo, un boliviano expulsado de Nicaragua por supuesta persecusión política.
A continuación, un extracto de la entrevista concedida la semana anterior.
¿Cómo toma el anuncio del martes 2 de agosto sobre la candidatura de Rosario Murillo a la vicepresidencia?
Es el punto máximo de un proceso de complicidad en función del encubrimiento de mi caso (denuncia de abuso sexual contra Daniel Ortega, como padrastro), y un camino que empieza por concederle a ella el poder a cambio de mantener, sobre mi verdad, una cortina, un velo. Y lo perverso para Nicaragua, de ese proceso, es que eso se ha convertido en una suerte de pacto político entre ellos, en donde el ejercicio del poder se ha venido concentrando, ya no solo sobre esta forma de impunidad, sino sobre otras prácticas políticas para alcanzar el poder absoluto.
"El poder absoluto" parece una frase sacada de las referencias hacia la tiranía del somocismo, ¿Cómo es que se permitió un empoderamiento tan grande de esta pareja desde el Frente Sandinista?
Lo que parece inexplicable es cómo alguien que combatió una dictadura, se convierte en dictador. Hay que reflexionar sobre el hecho de que hay en Nicaragua un modelo instaurado, hay una cultura que parece no vencerse. Desde muy temprano, a pesar de las políticas transformadoras que la revolución instauró en beneficio de crear una situación diferente, paralelo a ese movimiento que iba cambiando la tenencia de la tierra, que iba creando políticas educativas, etcétera, a la par de eso no fuimos capaces de cambiar una cultura de ejercicio del poder.
"Pequeños abusos que llegaron a ser grandes en torno a privilegios económicos no fueron superados. Creo yo que los vestigios del ejercicio del poder para obtener beneficios económicos no fueron superados y, de alguna u otra forma, se empezaron a crear pequeños feudos institucionales y sobre todo esta tendencia a concentrar bienes materiales por las vías del uso del poder político.
"En esos primeros actos de abuso de poder, en la medida en que se necesitaba consolidar un poder político, lo económico empezó a ser fundamental. Esta práctica de acompañar lo político del capital económico también es un modelo, muy tempranamente se logró concentrar y empezar a concentrar fuentes de poder económico a través del mal uso de la coooperación venezolana, a través del mal uso de otras fuentes privadas de financiamiento, a través de las concesiones a inversionistas y empresas privadas, de tal manera que lo que podemos ver es un proceso creciente de concentración de poder que, en la medida que se hace más grande y profundiza la desigualdad, se aleja de cualquier modelo revolucionario.
"Quiero enfatizar que Nicaragua necesita ser reconocida como un lugar donde reina la ilegitimidad, se menciona que cómo podíamos señalar que tenemos un gobierno dictatorial si es elegido a través de elecciones libres, y ese ha sido el primer mito que se ha vendido sobre Nicaragua. No se pueden tener elecciones libres donde las reglas del juego han sido dictadas por el mismo grupo que controla la institucionalidad y, por lo tanto, la asfixia económica a la oposición hace que solo queden en la cancha aquellos que están comprometidos en el ejercicio del poder.
¿Cuál es su análisis sobre el proceso de dictadura al que parece encaminarse Nicaragua?
Yo pienso que Nicaragua sigue siendo la fuente de lecciones importantes, claro, no nos gusta que las lecciones las tengamos que obtener de experiencias difíciles, y tampoco nos gusta que se diga que en Nicaragua siempre va a haber guerra, que siempre va a haber conflicto, que los nicaragüenses siempre se pelean. También se puede repetir en otros países, y tiene que ver con que el derrocamiento de la dictadura somocista no permitió tranformar, no únicamente una cultura de violencia, sino que tampoco logró transformar una cultura política, una forma de crear un Estado (...). Una revolución puede hacer el intento de transformar políticas sociales, de crear espacios sociales, pero si no transforma lo ético y la forma de ejercer el poder como servicio a la ciudadanía, lo que vamos a tener son prácticas de cultura autoritaria disfrazadas de populismo. Esto nos compromete más a que tenemos que concebir que necesitamos una transformación profunda.
Hace tres años usted dejó Nicaragua señalando persecusión política. De estos tres años hacia acá, ¿cuál ha sido su percepción del gobierno de Nicaragua?
Mi situación de persecución política, como resultado de una suerte de venganza por la denuncia de abuso sexual que hice contra Daniel Ortega, eso (el gobierno) empezó a ser como lo que sucedió con la organización no gubernamental que yo dirigía en Nicaragua: la forma en que la asfixiaron económicamente, la forma en que intimidaron a las personas que trabajaban en la ONG. El cierre de los espacios políticos hacia mi persona eran reflejo de una situación que, en los últimos tres años, se ha venido agravando, al extremo de lo que estamos manifestando hoy. Es un proceso de concentración de poder, de exclusión, y ya, ahora, un proceso en el cual lo que se pretende es la acumulación de poder en Nicaragua.
Centro de Estudios Internacionales (CEI). El CEI nació a raíz de los acuerdos de paz, trabajamos en talleres de reconciliación con excombatientes de la resistencia y del Ejército, en la construcción de estrategias comunitarias para la paz y prevención de violencia, y estábamos enfocados en construcción de paz, pero la vinculación con el Estado no era de participación partidaria o política y, por eso, es curioso que se me haya abordado como enemiga política. La ONG fue fundada en 1991, inmediatamente luego de que se desmoviliza la resistencia de Nicaragua.
¿A qué edad salió usted de Nicaragua producto de la persecusión de Daniel Ortega?
Hace tres años.
Ya era el tercer gobierno de Daniel Ortega.
Sí. Hay que reconocer que, en la medida en que el autoritarismo en general se ha venido imponiendo, las ONGs en general y la sociedad civil han venido siendo cercenados en sus derechos. En mi caso, efectivamente creo que, a partir del 2006-2007, se empezaron a tener señales para las ONGs sobre una necesidad de ser controladas por el Gobierno.
¿Qué señales?
Había intervenciones de los organismos, sabemos de ONGs que eran allanadas, intervenidas. En el caso nuestro, las primeras señales tenían que ver con la imposibilidad de circular en municipios del país, cuando yo tenía que movilizarme a dar talleres de capacitación, las personas llamadas a asistir recibían llamadas o advertencias.
¿Quién los amenazaba?
Las estructuras del Partido en municipio. Hay que entender que son compañeros que reciben órdenes que tienen que ver con formas de seguimiento, observación a personas que tienen posiciones críticas y autónomas. Es un tema de manipular a la gente con actividades casi paralimitares.
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Eso fue hace 3 años...
Fue parte de un tendido que ha estado en Nicaragua en los últimos años, y quizá en nuestro caso, ya llevábamos seis meses de estar en una posición sumamente complicada. Se presionó a la cooperación internacional y se amenazó a la cooperación que financiaba nuestras actividades. Se amenazó a los movimientos sociales que trabajaban con nosotros, las personas recibían ofrecimientos para retirarse, mis hijos, al mismo tiempo, percibían una actitud de cerco y, en general, la violencia política en Nicaragua tiene una serie de matices muy delicados en los cuales no únicamente cercenan tu participación pública, sino que afectan otras áreas. No es solamente lo que se ha llamado la "muerte civil", que es la posibilidad de anular tu participación, sino también aislarte en el sentido de crear en torno a vos un círculo que genere temor en personas externas para mantenerte totalmente aislada.
Cuando, en 1998, presenta la denuncia (de abuso sexual contra Ortega)...
Hice primero una denuncia pública y, seis meses después, me presenté en tribunales nicaragüenses con una demanda y en 2001 lo elevé a la Comisión Interamericana.
Habrá quien se pregunte por qué pasan más de 20 años para que se empodere y denuncie.
Está más que documentado que, cuando el abuso sexual inicia en etapas tan tempranas, la mujer empieza a ser totalmente dominada, y el abusador alcanza un nivel de sometimiento que imposibilita buscar ayuda para salir del ciclo de violencia. En mi caso, a eso se le suma el poder político y militar y su capacidad para crear un cerco del cual me fue imposible salir, desde el mismo hecho de tomar conciencia y entender lo que estaba sucediendo.
De una u otra forma, mi estado de salud y mi manera de participar, fue lo que me permitió reemprender mi vida, pero romper el silencio para toda mujer implica un punto máximo de necesidad de salir. La denuncia no es una ruptura con el agresor, la denuncia en mi caso es una forma de decir "basta ya" y de pedir ayuda, un grito de ayuda hacia afuera, después de que el tiempo se prolonga.
Usted hizo la denuncia por abuso sexual contra Daniel Ortega en 1998. Es hasta el 2005 que Daniel Ortega asume el poder. ¿Qué pasa durante esos 7 años?
La Historia de violencia de la cual he sido víctima y sobreviviente empieza con los años de abuso sexual y se complementa con un periodo de acoso sexual. Finalmente, y a pesar de que hice la denuncia, en 1998, contra Daniel Ortega, mi caso estuvo en los tribunales por más de diez años y la institucionalidad jurídica y política de Nicaragua se prestó para todas las formas posibles de impunidad.
Luego, mi caso pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en el 2001) y, durante tres oportunidades, en tres distintos gobiernos, (incluido uno de Ortega), traté de restablecer mis derechos como ciudadana y finalmente acusar lo que el "Gobierno sandinista" podría ser. Siempre existió una actitud de Ortega de invisibilizarme, al punto de tratar de invisibilizar mi participación social.
Yo tengo 15 años de trabajar en la misma organización no gubernamental, a partir de los acuerdos de paz que se firmaron en Centroamérica. Sin embargo, cualquier acción que yo realizara desde en el terreno social, era vista como una amenaza para el Gobierno de Daniel Ortega, porque yo represento una verdad que se ha tratado de tapar y que, quizá, hablando en el tema político, era la primera señal, el abuso sexual que yo sufrí era la primera señal de una actitud que se volvería una práctica política de Daniel Ortega y en lo que se ha convertido una estructura de poder en Nicaragua.
La denuncia señala que, desde los 11 años, había sido víctima de abuso sexual. ¿En qué año empezó ese abuso?
¿Qué sucede en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el caso?
Lamento decir que mi caso no escapó de manejos políticos en ninguna instancia. La fragilidad del sistema jurídico reside en la posibilidad de ser influenciado por los gobiernos o estructuras de poder. A pesar de eso, la Comisión consideró mi caso, en la IDH dimos pasos importantes, se consideró mi caso (...). Se me decía en informes extraoficiales que el informe estaba terminado, que yo salía reconocida en la denegación de justicia (por parte de Nicaragua), pero evidentemente el pacto político en mi país y las influencias políticas de los gobiernos de izquierda no permiten que mi denuncia llegara a tener un informe final, que implicaría una obligación.
¿Cuántos años tenía cuando denunció?
Aproximadamente 35.
Ya habían pasado más de 20 años desde el 77.
Hay que recordar que los casos en la CIDH son contra los Estados. En ese sentido, era el reconocimiento de la impunidad que había rodeado mi caso. Como muchas otras víctimas, incluso en la Comisión, se vio la posibilidad de que el Gobierno de señor Alemán y del señor Bolaños, vieran desde el mismo gobierno se conociera y tratar de alcanzar algún acuerdo, sin embargo, eso fue siempre imposible.
¿Usted puede regresar a Nicaragua?
No. No me siento segura.
¿Su pasaporte está activo?
Bueno, al salir de allá mi pasaporte estaba desactivado, no he vuelto a tratar de hacer un ingreso oficial, pero definitivamente que las acciones de las cuales he venido conociendo, me inhiben de regresar. Tengo situaciones particulares que me indican que no puedo regresar.
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¿Por qué expulsaron a su esposo de Nicaragua?
Supuestamente la falta de renovación de la residencia, pero no existe ningún trámite administrativo migratorio, sino que se ejecuta con una deportación en menos de cinco horas.
¿Es el detonante para que usted salga?
Es el agravante de una situación de persecución, luego de que decidí participar en marchas y movilizaciones.
¿A su juicio quién va a liberar a Nicaragua de quienes se atribuyen haberla liberado?
No necesitamos hérores. Nicaragua no necesita héroes ni necesita salvadores, precisamente de eso hemos aprendido. ¿Y hoy quién la va a salvar? Había una consigna de la revolución: solo el pueblo salva al pueblo, y pienso que hoy más que nunca eso sigue siendo un acto de esperanza y, por supuesto, hay liderazgos que no vemos en periódicos ni en protagonismo de la vida pública, pero que sí han sido capaces de articular.