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Casa Presidencial
El presidente Luis Guillermo Solís dijo este martes que desconocía los alcances del pacto que firmaron el 1.° de mayo anterior las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA).
Si bien la semana pasada, durante una entrevista con La Nación, Solís celebró la fortaleza del acuerdo entre la bancada oficialista y el FA, para oponerse a la agenda de recorte del gasto que propone el bloque opositor, este martes el gobernante dijo "la verdad", y aseguró que no fue informado por los diputados del PAC sobre lo que se había negociado con el grupo izquierdista.
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Este lunes La Nación publicó que ambas bancadas acordaron no darle su apoyo a un proyecto de reforma al impuesto sobre las ventas para convertir en uno sobre el Valor Agregado (IVA) que suba la tasa de un 13% actual a un 15%.
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Solís dijo que, por no haber sido informado por su bancada, el Poder Ejecutivo no se siente "comprometido" con el acuerdo entre el PAC y el FA.
"No le dimos (Casa Presidencial) el beneplácito a ningún pacto porque no lo conocíamos, no me fue consultado ni fui enterado y, por lo tanto, no me comprometí con ningún pacto que dentro de las potestades de la Asamblea Legislativa se puede adoptar. Ese acuerdo no fue de conocimiento de esta Casa Presidencial hasta que fue divulgado. Diciendo la verdad, tampoco me siento obligado con ese pacto (...). La propuesta de IVA que hizo Hacienda, no es fruto de una ocurrencia, ni fruto de una mala noche", aseguró Solís en una conferencia de prensa que ofreció este martes, tras la sesión del Consejo de Gobierno.
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El presidente también enfatizó que se opone al acuerdo firmado por diez diputados del PAC con el pleno de la bancada del FA en lo que corresponde a tocar leyes y marcos que, considera, podría debilitar la seguridad jurídica que el país ofrece a la inversión extranjera directa (IED).
Solís adelantó que convocará a la jefa de fracción de Acción Ciudadana, Laura Garro, para que le informe más detalles sobre lo acordado con el FA en el marco de la renovación del Directorio legislativo, cuando el PAC deseaba colocar en la presidencia legislativa a la diputada Emilia Molina.
Reformas a pensiones y Fraude Fiscal por vía rápida. El mandatario hizo una extensa exposición ante los medios de comunicación, para destacar que Casa Presidencial apoyará la propuesta del bloque opositor conformado por siete fracciones.
Este grupo pretende impulsar por la vía rápida legislativa los proyectos para reformar las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, excepto las del Magisterio Nacional, y el plan para frenar el Fraude Fiscal que, según la Presidencia, está "listo para votarse".
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El Gobierno también anunció que estaría en anuencia de aplicar el trámite legislativo abreviado a los planes para mejorar la administración de los recursos en la Caja Única del Estado, y al Impuesto sobre las Personas Jurídicas, que sirve para llevar recursos al Ministerio de Seguridad Pública.
Pero Solís enfocó su exposición en afirmar que Casa Presidencial se opondrá con firmeza a los planes de creación de una regla fiscal, propuesta de la oposición para eliminar el déficit primario, es decir, el endeudamiento en que incurre actualmente el Gobierno Central para financiar sus gastos corrientes.
Según el gobernante, una medida legal de ese tipo traería un "efecto devastador" para el Estado al obligar la contracción del gasto público en un ¢1 millón de millones.
En una nota enviada por Casa Presidencial a la Presidencia del Parlamento, Solís advirtió de que una regla fiscal que obligue al Gobierno a eliminar el déficit primario provocaría el despido de 60.000 burócratas, la mitad, educadores.
También lanzó la advertencia de que el presupuesto para el Ministerio de Educación Pública se contraería en casi ¢350.000 millones.
En cuanto a los planes para reformar el empleo público, para limitar el pago de anualidades, tal y como lo adelantó hace una semana en entrevista con este diario, el presidente dijo que su gobierno se opondrá a tramitarlos por la vía rápida legislativa, hasta que sean negociados y consensuados con los sectores sociales.
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"Lo contrario al diálogo social es el conflicto social. No queremos que el país vuelva a escenarios de conflicto social como el de los años 90 como el Combo del ICE o las huelgas médicas. Queremos un país donde los temas duros puedan ser administrados en los espacios que la institucionalidad y la racionalidad ofrecen", afirmó el presidente.
Finalmente, en su nota al diputado Antonio Álvarez, presidente del Parlamento, Solís insistió en aprobar lo antes posible las reformas para introducir el IVA y cambios a renta en la estructura tributaria costarricense.
