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Gloria Valerín aprovecha incentivo económico del plan de movilidad laboral

Exdiputada se retira del Congreso con ¢60 millones

Actualizado el 30 de mayo de 2016 a las 12:00 am

Funcionaria se acogió a programa aunque tenía edad para pensionarse

Dos años antes se cambió de puesto, a uno que ahora puede eliminarse

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Exdiputada se retira del Congreso con ¢60 millones

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Gloria Valerín (61 años) ya superó la edad a la que ella podía pensionarse, pero prefirió optar por la movilidad laboral, que le asegura el pago de 16 años de cesantía y no los ocho que establece la ley para quienes se acojan a la jubilación. | JONATHAN JIMÉNEZ.

Luego de varios meses de solicitar el beneficio, la exdiputada Gloria Valerín Rodríguez obtuvo el permiso del Directorio legislativo para acogerse a la movilidad laboral y retirarse del Congreso con un pago de casi ¢60 millones.

Con el acceso al programa de movilidad laboral, la funcionaria aprovecha el incentivo económico que da la salida voluntaria de la función pública (el doble del pago por la cesantía: 16 años), aunque ya tenía la edad para acogerse a su pensión.

Por varios años, Valerín tuvo la propiedad del cargo de directora del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, dependencia encargada de analizar proyectos de ley y emitir criterio sobre su viabilidad. Hace dos años solicitó el ascenso en propiedad a otro puesto, uno de los dos que le siguen al del director ejecutivo del Congreso.

Esa posición es como directora de la División Legislativa. Un año más tarde, y poco después de solicitar el derecho a la movilidad, Valerín calificó ese cargo como prescindible de la estructura administrativa del Congreso.

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El ascenso de la exdiputada, de la dirección de Servicios Técnicos a la dirección de la División Legislativa, tuvo inicialmente la objeción del director de Recursos Humanos, Hugo Cascante.

Sin embargo, él firmó el procedimiento, luego de que la Dirección General de Servicio Civil avaló la figura del ascenso en propiedad por una sola vez para un empleado público.

Aprobado. El jueves pasado, el presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti, le confirmó a La Nación que, en sesión del martes 24 de mayo, el Directorio tomó la decisión de aprobar la movilidad de Valerín.

Álvarez reconoció que es una decisión polémica, pues se trata de aprobarle un beneficio a una exlegisladora (Valerín fue diputada del Partido Unidad Social Cristiana en el periodo 2002-2006) que tiene muchos anticuerpos en varios sectores legislativos.

“La decisión está tomada, aunque no en firme. Si un cargo se asume, como en mi caso, es para tomar decisiones y asumir la responsabilidad”, dijo Álvarez.

El jerarca de la Asamblea sostuvo que todos los estudios avalan darle la movilidad a Valerín y, de inmediato, cerrar definitivamente el puesto, como lo indica la Ley de Equilibrio Financiero.

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El cargo que hoy desempeña la excongresista fue creado en 1998, durante la presidencia legislativa de Luis Fishman, como un puesto de control sobre el director ejecutivo, Antonio Ayales.

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Ayales avaló el cierre de dicha plaza porque, rememoró, ese cargo se creó sin estudio técnico que lo justificara. Añadió que el pago a Valerín se recupera en siete meses y medio, con el ahorro del salario de ¢4 millones que actualmente recibe la funcionaria.

También Recursos Humanos; Asesoría Legal y el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional (DEI) del Congreso, le dieron el visto bueno.

El anterior Directorio evadió dar ese paso pese a tener en su poder todos los criterios positivos. En actas de abril pasado consta que se eludía la decisión y, finalmente, se acordó dejarlo para los nuevos miembros de la cúpula legislativa, que entraron en mayo.

Se intentó conversar con Valerín para conocer las razones de su retiro por esta vía, pero no contestó llamadas ni mensajes.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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