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Treinta y cinco funcionarios de la Asamblea Legislativa recibieron en total ¢330 millones como incentivo para que se acogieran a la movilidad laboral, pese a que todos ellos ya estaban listos para pensionarse, con edades entre los 60 y los 69 años.
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El programa de movilidad laboral ha servido para que esos servidores en edad de jubilarse se vayan con más dinero del que recibirían de solo retirarse con la pensión y los beneficios asociados con su retiro.
Sus despidos voluntarios y posterior jubilación los aprobó el Directorio legislativo en los periodos 2014-2015 y 2015-2016.
Los presidentes en esos lapsos fueron Henry Mora, de Acción Ciudadana (PAC) y Rafael Ortiz, de la Unidad (PUSC).
El incentivo por acogerse a la movilidad laboral en el Congreso consiste en ofrecerle al empleado el doble de la cesantía que por ley le corresponde. Es decir, 16 años en vez de los 8 que estipula la legislación.
Los empleados que se acogieron al plan son agentes de seguridad, ujieres, un asesor, técnicos y profesionales. El mayor, de 69 años, trabajaba como operador de equipos.
Costos. Por este pago adicional, en la legislatura de Mora la Asamblea desembolsó cerca de ¢216 millones, mientras que en la de Ortiz fueron ¢85 millones.
Durante la actual legislatura, que se inició el 1.° de mayo, el Directorio presidido por Antonio Álvarez Desanti, de Liberación Nacional (PLN), dejó en firme esta semana el acuerdo para aceptar el despido voluntario de la exdiputada Gloria Valerín, actual directora de la División Legislativa, quien también está en edad de pensionarse (61 años). El Congreso le pagará ¢60 millones; la mitad de ese monto, unos ¢30 millones, corresponden al incentivo de cesantía adicional.
Sumando las cifras, en lo que va del periodo 2014-2018 el Parlamento ha destinado ¢330 millones para el pago de incentivos por movilidad a funcionarios en edad de acogerse a la jubilación. Datos de la Dirección Ejecutiva del Congreso indican que la movilidad de empleados legislativos en total ha demandado ¢647 millones hasta ahora.
De ese total, únicamente, ¢40 millones se pagaron a funcionarios menores de 60 años.
El director ejecutivo, Antonio Ayales, indicó que el Congreso ha desembolsado un 60% de los ¢647 millones. El resto, estimó, es parte de la reserva de cesantía de cada uno de esos trabajadores, dinero que maneja la Asociación Solidarista de Empleados de la Asamblea Legislativa (Aselegis).
Ayales se amparó en la ley para justificar el despido voluntario de los 35 funcionarios en edad de salir de la planilla por jubilación.
“No conozco un solo caso de un funcionario de la Asamblea que se haya pensionado y que su plaza se haya cerrado. En cambio, si es por movilidad laboral, la ley obliga a cerrar esa plaza, provocando un ahorro”, afirmó.
Ahora hay otros empleados entre los 62 y los 64 años en espera de que el Directorio legislativo acepte sus solicitudes de ser despedidos voluntariamente.
El Congreso gastaría otros ¢156 millones en pago de sus extremos laborales, más el incentivo por movilidad.
Según Ayales, en 20 años las plazas eliminadas generarán un ahorro de casi ¢19.000 millones, lo que ayudaría a cubrir buena parte del costo de la construcción del edificio legislativo, por iniciarse en setiembre, estimado en ¢35.000 millones.
Molestia. Las cifras de las que echa mano Ayales no convencen a algunos diputados. Ottón Solís, del PAC, propone que se impida a los empleados que estén a menos de cinco años para pensionarse irse por movilidad laboral. Esta semana, el Directorio acordó dejar ese tope en dos años.
No obstante, Ayales y Rafael Ortiz argumentan que un criterio de la Procuraduría General de la República obliga a la administración a no discriminar las solicitudes de los empleados a quienes les falte poco para concretar su retiro.
Igual que Ottón Solís, Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), cree que las justificaciones legales no le quitan lo antiético a las autorizaciones de movilidad laboral para quienes estén por pensionarse.
“El argumento de que la movilidad laboral es necesaria porque elimina la plaza una vez que se pensione la persona es infundado, porque si hubiera voluntad política de desaparecer esos puestos también se haría al momento que alguien se jubile”, recalcó Redondo.
Según dijo, con el pago millonario en incentivos de movilidad laboral para empleados en edad de jubilarse, el Congreso da una señal contraria a la contención del gasto que la alianza de siete bancadas de oposición le exige al Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís.
Redondo cuestionó, además, el proceso utilizado por el Directorio para estudiar las solicitudes de movilidad laboral.
No obstante, Ortiz negó cualquier irregularidad porque según él, los trámites contaron con respaldo técnico y legal. “Está claro que en mi presidencia armamos un procedimiento de movilidad laboral que mejoró, con base en pronunciamientos de la Procuraduría, el que se había aplicado un año antes” .
