San José
Al tiempo que impulsan un proyecto de ley para aumentar el número de directivos del Banco Popular, los diputados de la Comisión de Economía Social de la Asamblea Legislativa abrieron la puerta para que ellos mismos puedan ocupar esos cargos, por los cuales se devengan hasta ¢2,4 millones mensuales.
La decisión la tomaron en el trámite de la reforma a la Ley Orgánica del Popular (expediente N°. 19.227), con la cual pretenden subir de 7 a 9 la cantidad de miembros de la Junta Directiva y, a la vez, suavizar los requisitos académicos para formar parte de ella.
El 18 de enero, el panel presidido por el diputado Víctor Morales Zapata, de Acción Ciudadana (PAC), rechazó un paquete de mociones que habían presentado los opositores a la reforma.
Entre las enmiendas rechazadas, está la que presentó la diputada Rosibel Ramos, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), para introducir un artículo transitorio que impedía a los diputados actuales (2014-2018) y a los del próximo periodo (2018-2022) ser nombrados en la Junta Directiva Nacional, en el Directorio de la Asamblea de Trabajadores o en los puestos gerenciales del Popular.
'Si se me presentara la oportunidad, la aceptaría'
Según el acta de la sesión del 18 de enero, los legisladores de la Comisión de Economía Social rechazaron la moción por considerar que violaba principios constitucionales.
Así lo expusieron los legisladores del PUSC y del Frente Amplio, Jorge Rodríguez y Suray Carrillo.
Rodríguez, por ejemplo, dijo que cerrarle la puerta del BP a los diputados iría en contra de sus principio: "Es quitarle el derecho, ¿qué culpa tiene uno de ser diputado? ¿cuál es el pecado? ¿y la experiencia que se ha adquirido? No podemos nosotros desechar los conocimientos de una persona. Jamás votaría eso, iría en contra de mis principios (...). Si podemos servir de cara al futuro, en un puesto donde vamos también a servirle al pueblo costarricense, la considero (la moción) totalmente fuera de contexto. Quien redactó esta moción no sabía lo que estaba haciendo", recalcó Rodríguez.
El legislador cartaginés agregó que el transitorio coarta "un derecho que tenemos los hombres y las mujeres que el pueblo nos honró con ser diputados".
"Entonces, mañana cualquiera viene y presenta un proyecto de ley y dice que aquel que haya sido diputado no puede ser funcionario público ¡Por Dios Santo!, es descabellado", criticó el diputado socialcristiano, según las actas de la comisión.
Por su parte, la frenteamplista Suray Carrillo también alegó que la moción de Rosibel Ramos violenta la Carta Magna, y que está dispuesta a ejercer un cargo en el BP.
"Me he identificado por estar en defensa del pueblo costarricense, incluso, he sido delegada de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y, si llegara a integrar una Junta Directiva, mis principios estarían siempre firmes. Considero que siempre voy a legislar en cualquier espacio en beneficio del pueblo costarricense y, si se me presentara la oportunidad (de ocupar un cargo en el Banco Popular) la aceptaría", dijo.
Insisten en subir la cantidad de directivos
Pese al costo anual de ¢29 millones que tiene para el Banco Popular cada uno de sus 7 directores, los diputados de la Comisión de Economía Social no abandonan la idea de subir la cantidad de miembros a 9 en el texto que fue enviado al plenario legislativo para su primer debate.
La intención, adelantó Morales Zapata, es incluir en la Junta Directiva a los representantes de los sectores municipal y agrícola, sin que el Poder Ejecutivo pierda sus 3 puestos actuales en la Junta.
Aunque dijo no tener cifras a mano que sustentaran su afirmación, el diputado del PAC dijo que el aumento en el pago de dietas no se compara con los beneficios que provocaría "aproximar al banco a las necesidades de fomento y defensa del empleo y a proyectos que no son bancables" de estos sectores. Según él, ese es el efecto que se lograría aumentando la cantidad de directores.
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La decisión de subir la cantidad de directivos del BP de 7 a 9 la tomará finalmente el plenario, dijo Morales Zapata, pues el proyecto salió dictaminado de la comisión especial que él preside con la misma cantidad de miembros que en la actualidad. Según dijo el diputado, hay un acuerdo entre bancadas para agrandar la integración de la directiva.
Las dietas más altas
Ostentar un cargo directivo en el Banco Popular genera más ingresos que desempeñar el mismo cargo en cualquier otro banco público.
El Popular permite a los miembros de su Junta Directiva cobrar un máximo de 12 dietas por reuniones al mes, más del doble que en los bancos de Costa Rica (BCR), Nacional (BNCR) y Central (BCCR), que autorizan 5 cada uno.
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Las 12 reuniones al mes, incluyendo las de las sesiones de Junta y la participación en alguna de las nueve comisiones que existen en el BP, permite a cada uno de sus directivos cobrar dietas anuales en promedio de más de ¢29 millones.
En el 2015, según reportó este diario, el BP ejecutó un presupuesto en dietas de su Junta Directiva y cuatro subsidiarias por el orden de los ¢470 millones, mientras que el BCR gastó ¢242 millones, el BNCR, ¢143 millones; y Bancrédito, ¢188 millones.
Además de los miembros de la Junta Directiva, el presidente y el vicepresidente del Directorio de la Asamblea de Trabajadores del Banco también devengan dietas por ser parte de las directivas de las sociedades anónimas del BP.
Víctor Morales Zapata y Javier Cambronero, ambos del PAC, dijeron que votaron a favor de la moción para cerrar la puerta de la cúpula del Popular a los actuales y a los próximos diputados.
Morales, diputado cercano al Banco Popular por su historial como cooperativista, argumentó: "Por mí que ni se preocupen. No tengo interés de formar parte del BP. Tal y como lo conversé con los proponentes del proyecto, ninguno quiere beneficiarse con el mismo. Algunos compañeros de la comisión, sin embargo, manifestaron que consideran que es su derecho formar parte del banco y uno sabe que esas cosas siempre pesan porque hay diputados que trabajan con candidatos y con sectores parte de la Asamblea de Trabajadores".
Morales agregó que votó positivamente la moción por un compromiso al que llegó con los proponentes del cambio al proyecto. "Ese es un asunto que tendrá que resolver el plenario", zanjó.
Menos requisitos académicos
Actualmente, la ley exige que todos los directores del Banco Popular tengan, al menos, el grado de bachiller universitario. Si el plan se aprueba, ese requisito solo se le pediría a dos o tres de ellos.
El proyecto original establecía que el grado de bachillerato universitario solo será indispensable para "al menos" cuatro de los miembros de la Junta Directiva. Para el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), eso aumentaría las probabilidades de que se comenta un error en el manejo de los recursos administrados por el Popular.
Según el Conassif, tal reforma "se aleja de las sanas prácticas bancarias y preocupa no solo desde un punto de vista de supervisión financiera, sino por poner en riesgo los ahorros de gran cantidad de personas humildes".
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Pese a que dijo estar en desacuerdo con "el dramatismo" con el que según él el Conassif hizo la advertencia, Morales Zapata afirmó que el riesgo se corrigió al tomar en cuenta los señalamientos del ente supervisor.
"Los requisitos de formación de los directivos se homologan con los del resto de bancos del Estado. Ahora, tal y como ocurre en los restantes bancos, se les exigirá ese requisito a dos o tres directores", alegó.