De palabra, los diputados y los representantes de los sectores sociales que componen la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular pactaron aumentar de siete a nueve los miembros de la junta directiva de la entidad financiera.
Ahora falta que los legisladores aprueben las mociones para concretar esos acuerdos.
El pacto busca que el Poder Ejecutivo conserve sus tres representantes actuales frente a seis de los sectores sociales, una vez que se apruebe el proyecto para reformar cinco artículos de la Ley Orgánica del Popular.
La propuesta pretende aumentar la autonomía de la Asamblea de Trabajadores sobre las decisiones del banco.
Los proponentes de ese proyecto pretendían reducir a un directivo la representación del Gobierno en la Directiva, mientras que los otros seis miembros los aportarían los trabajadores.
Sin embargo, los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Liberación Nacional (PLN), frenaron el proyecto, que ya dictaminó la Comisión Especial de Economía Social Solidaria.
Rosibel Ramos, diputada del PUSC que participa de las negociaciones, comentó que el acuerdo es que el Gobierno conserve sus tres directivos y aumentar de cuatro a seis los que designe la Asamblea de Trabajadores.
“Sentarnos con los sectores nos permitió asumir pactos de confianza sobre el proyecto, no solo estuvo la gente del Popular, sino, también, los diferentes sectores de la sociedad civil. Llegamos a pactos de palabra”, dijo.
Uno de los principales impulsores de la iniciativa, Víctor Morales Zapata, de Acción Ciudadana (PAC), alegó que el cambio permite mantener el espíritu del proyecto de devolverle autonomía a la Asamblea de Trabajadores.
En ese sentido, Morales dijo que se conserva con vida el cambio para que ninguno de los directivos nombrados por la Asamblea necesite de ratificación del Consejo de Gobierno.
Menos sin título. El proyecto de ley pretende eliminar el requisito de contar al menos con un bachillerato universitario para ser miembro de la Directiva del Popular.
Sin embargo, los diputados acordaron aprobar una moción para modificar el proyecto para que únicamente uno de los directivos sea nombrado sin cumplir con estudios universitarios.
La diputada Ramos indicó que tomaron en cuenta el criterio del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) que criticó con severidad la propuesta de eliminar el bachillerato universitario como uno de los requisitos indispensables para ocupar una silla en la Directiva del Popular.
La moción de reiteración número 55, para impedir que lo diputados actuales y los del periodo 2018-2022 puedan ser parte de la Directiva, también forma parte del acuerdo entre el Congreso y los sectores sociales.
Morales Zapata dijo estar de acuerdo como “elemento de control social”.
“Veo comprensible que quieran ser celosos para impedir que este proyecto se constituya en plataforma política”, afirmó.
Pese a su interés en la reforma y en el proyecto para reglamentar la economía social solidaria, Morales Zapata descartó que esa moción lo perjudique en lo particular pues dijo no tener ningún interés en ser directivo del banco en el futuro.
“El proyecto goza de un ambiente distinto, mucho más favorable y es necesario porque no se ha logrado que la Costa Rica altamente exitosa en los mecanismos de fomento al crecimiento económico conecte con los mecanismos de distribución de la riqueza”, enfatizó Morales.
Pese a las críticas vertidas durante el trámite en comisión del proyecto, la diputada Rosibel Ramos dijo que su bancada ve con buenos ojos las modificaciones.
“Yo estoy ahora un poco más relajada. Espero que tengamos en los próximos días otra reunión para terminar de ajustar el plazo para la entrada en vigencia del nuevo reglamento de la Ley del Banco Popular”, estimó.
Las intenciones son que ese reglamento esté listo seis meses después de la entrada en vigencia de la reforma y no un año después, como lo indica el plan.