Así lo advirtió el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en una nota enviada el pasado martes a los diputados. En el documento también se les solicita la no aprobación de dicho plan.
“(...) Se alejan de las sanas prácticas bancarias y preocupa no solo desde un punto de vista de supervisión financiera, sino por poner en riesgo los ahorros de gran cantidad de personas humildes”, señala la misiva, de la cual La Nación tiene copia.
El presidente del Conassif, Luis Carlos Delgado, critica severamente la intención de los diputados de eliminar el bachillerato universitario como uno de los requisitos indispensables para ser directivo de ese banco.
El proyecto que reforma varios artículos de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) establece que ese grado académico solo sería indispensable para “al menos” cuatro de los siete miembros de la Junta Directiva.
Delgado considera que esa reforma aumentaría las probabilidades de que se cometa un error en el manejo de los recursos administrados por el Popular, entre los cuales están los ahorros de los trabajadores, que por ley depositan allí el 1% de su salario.
“Una entidad que capta recursos de terceros y los coloca, y que su órgano máximo (la Junta Directiva) no esté preparado y no tenga el perfil adecuado, lógicamente lo que hacen es como jugar dados. No se vale que a estas alturas del partido, se trabaje con menor rigor con los recursos de terceros”, aseguró el jerarca.
Efecto cascada. Delgado agregó que la preocupación no solo gira en torno a los ahorrantes de este banco, sino en que una quiebra o un deterioro patrimonial podría generar un efecto cascada y repercutir en el resto del sistema financiero y, a su vez, en la economía del país.
“Por su tamaño, magnitud y fuerza, con un estornudo se puede hacer tambalear a muchos actores económicos de la sociedad. Lo que menos quisiéramos es que tuviésemos ese tipo de riesgos adicionales”, declaró Delgado.
El Popular es el tercer banco más grande del país, por detrás de los bancos de Costa Rica y Nacional. A diciembre pasado, reportó activos por ¢2,7 billones.
Mientras, el saldo de su cartera de crédito fue de ¢1,8 billones y tuvo una ganancia neta de ¢34.666 millones –tras pagar impuestos y las cargas sociales–, un 8% más que en el 2014, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras.
Sin apoyo. Los proponentes de la reforma no comparten el criterio del Conassif, pues no creen que se corra un riesgo al incluir a directivos sin títulos universitarios.
Tal es la posición de Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y de Aracelli Segura, de Liberación Nacional (PLN).
El proyecto de ley ya fue dictaminado, por unanimidad, en la Comisión Especial de Economía Social Solidaria e incluso fue convocado por el Gobierno para que sea discutido por el plenario en el periodo de sesiones extraordinarias, que concluye el 31 de abril.
