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Daniel Soley presentó ayer su renuncia como viceministro de la Presidencia a su superiores, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. El ahora exjerarca omitió hacer referencias al ofrecimiento de una embajada que hizo a la procuradora general, Ana Lorena Brenes. | MARCELA BERTOZZI (Marcela_Bertozzi)
Daniel Soley renunció ayer a su cargo de viceministro de la Presidencia, en medio de fuertes críticas de adversarios y aliados políticos del Gobierno por las supuestas presiones contra la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes.
Su caída ocurre cinco días después de que este diario revelara que el ahora exfuncionario ofreció una embajada a Brenes, a quien le queda poco más de un año en su puesto.
En un comunicado de cinco párrafos, divulgado ayer a las 6 p. m., la Casa Presidencial reveló parte de la carta de renuncia presentada por Soley al mandatario, Luis Guillermo Solís.
“Por consideración con usted, con su Gobierno y con mi familia, tomé esta difícil decisión con la seguridad que siempre encaucé todas mis actuaciones como viceministro de la Presidencia respetando los más altos valores éticos y en cumplimiento estricto del Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política”, señaló Soley.
Este abogado de 43 años fue el último viceministro en sumarse al gabinete de Solís. Proveniente del Partido Liberación Nacional (PLN), participó en la campaña presidencial que lideró Johnny Araya hasta marzo del 2014.
Se intentó conversar con él sobre su decisión, pero no respondió llamadas ni atendió en su casa, ubicada en Belén de Heredia.
Sectores políticos y sociales habían exigido la salida del viceministro, luego del ofrecimiento que hizo, dos semanas atrás, mientras el presidente Solís estaba de gira por China.
A su regreso, el mandatario dijo desconocer el asunto y prometió analizarlo. Su superior inmediato, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, no se ha referido al tema.
La procuradora Brenes también optó por no dar detalles, según dijo, por una consideración hacia el presidente Solís.
Soley, también exdefensor adjunto de los Habitantes, nunca aclaró si había actuado por una orden o por iniciativa propia.
Bajo presión. Desde el martes y hasta el día de ayer, el Gobierno fue blanco de críticas, al punto de que su principal aliado, el Frente Amplio, amenazó con no llegar a más acuerdos si se toleraba la conducta del exviceministro.
La iniciativa tiene el apoyo del PLN, Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional y Alianza Demócrata Cristiana.
Incluso, el diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, había advertido que si Soley no renunciaba, era porque había recibido órdenes para hacer el ofrecimiento.
Los legisladores insisten en que se debe aclarar de quién fue la idea de ofrecer una embajada a la procuradora general.
Incómoda. Brenes, a quien le resta poco más de un año en su cargo al frente de la Procuraduría, le confesó a Soley estar distanciada del Poder Ejecutivo.
En los ocho meses que lleva el gobierno, la funcionaria emitió dos criterios en contra de la posición de Casa Presidencial.
El primero objetó la legalidad del nombramiento del ministro Melvin Jiménez y en otro cuestionó la constitucionalidad del levantamiento del veto a una ley que otorga la calle 13 bis de San José a un grupo de artesanos.
El propio Soley aseveró que en su reunión con Brenes habló de la posibilidad de cambiar el mecanismo de nombramiento del procurador de la Ética, luego de que a fin de año se jubilara el titular, Gilberth Calderón.
Soley señaló el interés del Ejecutivo de que el nombramiento no se haga por concurso interno, sino abierto, dando la posibilidad de que un profesional fuera de la Procuraduría opte por el cargo.
Colaboraron los periodistas Esteban Oviedo y Natasha Cambronero.
