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A 10 días de que comience el primer periodo legislativo, en el que este Gobierno propondrá qué discutir y qué no, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez , regresa hoy a sus funciones después de una semana enfermo, mezcla de un virus estomacal y de las defensas bajas, como posibles secuelas del estrés.
Pero este virus estomacal es solo el último de los obstáculos. El primero fue la impugnación de su nombramiento por ser obispo luterano, un caso que analizan los magistrados de la Sala Constitucional, a pesar de que el reclamo “carece de toda fundamentación”, según el alegato firmado por el presidente Luis Guillermo Solís.
Esa respuesta llegó la semana pasada a la Sala IV y la decisión sobre la continuidad de Jiménez puede tardar hasta meses, pero el jefe del equipo de gobierno de Solís se mantiene aferrado a la legalidad de su puesto. Y Solís, a la conveniencia de que él continúe.
“Estoy tan firme como el 8 de mayo, asumiendo que siempre en este puesto uno está sujeto a la voluntad del presidente. Ayer ya conversé con él y seguimos pa’lante”, contestó ayer Jiménez.
Solís estuvo de viaje, casi toda la semana, en Brasil y pensaba ir con Jiménez, pero el virus estomacal lo golpeó fuerte y pasó en reposo en la casa.
A cargo del trabajo de Jiménez quedaron sus dos viceministros, Daniel Soley y Ana Gabriel Zúñiga. Soley es el encargado de la relación con los diputados . Al Congreso, debe enviar el Gobierno una lista de los principales proyectos para tramitar en el mes de agosto.
Esas prioridades deben estar en menos de dos semanas, pero ayer Jiménez declinó comentarlas hasta no volver hoy a Zapote.
El trabajo lo han avanzado Soley y un grupo de asesores jurídicos y en temas de sociedad civil, contó ayer el ministro, cuya trayectoria se centra en el activismo social . No hay asesores en estrategia política, a pesar de la inexperiencia que Jiménez y el propio presidente Solís tienen en asuntos de gobierno.
Esta inexperiencia es uno de los puntos de crítica de algunos diputados opositores contra el Gobierno, además de la falta de diálogo e inacción, como denunciaron hace dos semanas legisladores liberacionistas, socialcristianos y hasta del Frente Amplio, a pesar de que ellos han asistido a reuniones en Zapote. Señalan que el Ejecutivo no ha enviado aún al Congreso ni una sola propuesta propia.
También hay alguna molestia en un sector del mismo Partido Acción Ciudadana (PAC), aunque hasta ahora discreta.
“Siempre hay personas que esperan que uno no esté o que critican como parte de su posición de opositores. Eso siempre estará presente”, respondió ayer Jiménez.
El ministro de la Presidencia, jefe de la campaña electoral de Solís, insiste en el buen rumbo del Gobierno y en que para el día 100, a mitad de agosto, tendrán más afinadas las líneas de acción, pues aún están evaluando cómo quedaron las instituciones públicas después del gobierno de Laura Chinchilla.
La mira está puesta en las sesiones legislativas extraordinarias (todo el mes de agosto) y en el informe del día 100. Jiménez asume que podrá seguir sin obstáculos adicionales, aunque su continuidad depende la Sala IV y lo que consideren sus siete magistrados.
El alegato enviado el jueves pide a los magistrados rechazar de plano la “acción de inconstitucionalidad” presentada por Álvaro Orozco, un abogado activista católico de San Pedro Montes de Oca.
Se señala que él no podía presentar esa impugnación, pues el nombramiento de Jiménez no está afectándole derechos constitucionales a Orozco. Tampoco se afectan los derechos de un grupo.
Por el fondo, la Presidencia insiste en que la prohibición constitucional para clérigos (artículo 142) se aplica solo para los católicos , pues son de la religión oficial del Estado y así se discutió en 1949, cuando se escribió la Constitución. También argumenta que, aunque aún tiene la categoría de obispo, no tiene ya funciones episcopales.
