Supuestas gestiones constan en queja planteada por funcionaria judicial

Por: Mercedes Agüero, Camila Salazar 13 noviembre
El allanamiento en las oficinas de la Municipalidad de San Carlos se dio el 14 de enero del 2016. Las autoridades investigan supuestos delitos de peculado, nombramientos ilegales y tráfico de influencias, entre otros.
El allanamiento en las oficinas de la Municipalidad de San Carlos se dio el 14 de enero del 2016. Las autoridades investigan supuestos delitos de peculado, nombramientos ilegales y tráfico de influencias, entre otros.

Desde su condición de subjefe de la Fiscalía General, Celso Gamboa habría intervenido en diligencias judiciales seguidas contra los alcaldes liberacionistas de Alajuela y San Carlos, previo a las elecciones municipales del 2016.

Así lo aseguró la jefa de prensa del Ministerio Público,Tatiana Vargas, en una declaración hecha ante el Tribunal de la Inspección Judicial el pasado 23 de octubre, como parte de las investigaciones que sigue ese órgano relacionadas con el caso del cemento chino.

En el documento, del cual La Nación tiene copia, Vargas relata que Gamboa habría hablado, vía telefónica, con el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, mientras las autoridades hacían un allanamiento en la Municipalidad.

Ese gobierno local fue allanado, a principios de enero del 2016, como parte de una investigación por supuestos pagos irregulares a un funcionario municipal de apellido Rojas.

Consultado al respecto, Gamboa negó esa intervención.

“No, no. Cómo voy a estar hablando por teléfono con alguien a quien están allanando en ese momento (...). Habría que ver en qué contexto está diciendo (la funcionaria judicial) lo que dijo porque yo esos elementos tan precisos no los tengo claros”. Celso Gamboa

Al insistirle sobre si la conversación con el alcalde Córdoba había existido o no, replicó: “Yo no lo tengo claro, creo que no”.

"En la Fiscalía General tenemos una metodología de trabajo de no intervenir en procesos electorales dos meses antes y dos meses después, salvo casos de urgencia", añadió el ahora magistrado.

Por su parte, Córdoba dijo la noche de este domingo que no recordaba haber conversado con Gamboa sobre el asunto. "Para ese allanamiento, creo que faltaban 15 días para las elecciones y habían mandado un pronunciamiento del Ministerio Público, de que no se metieran en la parte política, o algo así", indicó.

Añadió que el caso, en el cual él es imputado, se tramitó rápido, y en menos de seis meses se elevó a juicio. "Lo que no se conoce es la fecha, pero ya está para juicio", dijo.

Molestia por detención

La jefa de prensa de la Fiscalía también detalló en su declaración que Gamboa se molestó cuando se dio cuenta de que iban a allanar la Municipalidad de Alajuela y a detener al alcalde Roberto Thompson, pues alegaba que no había delito.

“Celso se da cuenta de la diligencia, llega a mi oficina, donde estaba Jorge Chavarría (fiscal general suspendido) y muy molesto le dice que si vio la estupidez que iba a hacer Edwin Retana (fiscal a cargo del caso). Don Jorge le contesta que es criterio de Edwin, que él tiene independencia y que puede hacer esa diligencia”, se lee en el acta de la declaración.

Gamboa dijo que no recordaba nada de lo relatado por la jefa de prensa.

La Nación intentó localizar, este domingo, al alcalde alajuelense, pero no contestó en su número celular.

Los hechos descritos por la funcionaria judicial están relacionados con el allanamiento efectuado por las autoridades judiciales el 27 de agosto 2015 en las oficinas municipales del cantón Central de Alajuela.

Como parte de esas diligencias judiciales, Thompson fue detenido durante algunas horas. Se le investigaba por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricato.

Finalmente, sobre este caso se dictó un sobreseimiento definitivo para el alcalde, el 31 de marzo del 2016, aduciendo que los hechos por los que se le investigó no constituyen delito.

A pesar de que el expediente estaba en la Fiscalía de Alajuela, el sobreseimiento se tramitó en Heredia. Ese procedimiento generó quejas de funcionarios judiciales, razón por la cual la Inspección Judicial abrió una investigación preliminar sobre este asunto. Esta se tramita bajo el expediente 17-001583-031-IJ.