En los últimos 14 años, los diputados tuvieron ayuda extra para legislar. De las 1.286 leyes aprobadas en ese lapso, 17 (1%) nacieron como propuesta de un habitante, municipalidad u organización.
Los proyectos fueron presentados en la Oficina de Iniciativa Popular (OIP) del Congreso y de ahí fueron retirados por los legisladores para estudiarlos e impulsarlos.
Esa oficina funciona desde 1999, y allí, cualquier persona, sin importar edad, nacionalidad o escolaridad, puede presentar sugerencias o anteproyectos de ley que, mes a mes, son remitidos a los diputados.
Esta forma de presentar ideas al Parlamento es distinta de la que establece la Ley de Iniciativa Popular del 2006, ya que no requiere de la recolección de firmas equivalentes al 5% del padrón electoral para sustentar los proyectos.
En total, en 14 años de existencia y hasta junio, por medio de la OIP llegaron hasta los legisladores 1.700 propuestas, críticas o anteproyectos de ley de 1.138 personas, organizaciones o instituciones.
De ellas, casi la mitad (801) fueron retiradas para estudio de los congresistas y 112 entraron en corriente legislativa (incluyendo las 17 que son ley).
Los temas más frecuentes son los vinculados con la discusión sobre la reforma a la ley de tránsito (137 ideas), impuestos (88) y los que aluden a la labor legislativa (83).
La información proviene de un estudio y clasificación por tipo de temas hecha por La Nación a las 1.700 iniciativas presentadas.
Las leyes. Los planes que se convirtieron en ley por medio de la OIP autorizaron, principalmente, a municipios a donar terrenos y a perdonar el pago de intereses y multas a morosos (9).
Otros tres reformaron artículos de la Ley de Aresep, Código Penal y Subvenciones a Juntas de Educación; dos más promovieron proteger a los niños contra el castigo físico y la adicción a los juegos electrónicos y de azar.
También destaca uno que permitió que, obligatoriamente, las farmacias identifiquen en braille las medicinas recetadas a los no videntes y otros dos que generaron la creación del Día del Estudiante y del Colegio de Orientadores.
“ Para organizaciones apolíticas como la nuestra, la oficina es la vía para proponer ideas y favorecer los derechos humanos. Cualquier grupo de ciudadanos organizado puede hacer cambios sociales e influir en la agenda. Es bueno presentar el proyecto, pero también darle seguimiento, hacer lobby con los diputados”, dice Alberto Cabezas, presidente de la Fundación Déjame Vivir en Paz, que impulsó la identificación de medicamentos para los ciegos.
Actualmente, la Fundación lucha porque esa ley de 2010 se cumpla a cabalidad en todas las farmacias públicas y privadas.
Una motivación similar tuvo Rosaura Chinchilla, profesora de la maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, cuando en 2007 presentó una reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal para corregir un error de redacción, subsanado por ley en 2012.
“Se confundían los términos de los delitos (continuo con continuados y permanente con efectos permanentes). Eso podía tener importantes repercusiones prácticas y hacer que muchos hechos resultaran prescritos”, explica Chinchilla.
La primera ley surgida de la OIP la impulsó Patricia Miranda en 1999. Un proyecto para segregar dos fincas madres en Santiago de San Rafael de Heredia y donarlas a los poseedores.
“Le hice carta a cada diputado y la entregué personalmente. El proceso tomó varios meses”, recuerda Miranda.
¿Calidad? Juan Guillermo Murillo, politólogo del Programa del Estado de la Nación, dice que pese al valor de algunas leyes por iniciativa ciudadana, la mayoría es lo que en el argot del Congreso se llama “legislación chayote”.
“ ¿Cuál es el impacto de muchas en el desarrollo humano? Pese a que la ciudadanía utiliza el mecanismo de la OIP para proponer legislación importante, lo que finalmente se elige es de poco alcance. El ciudadano siempre necesita del interés del diputado en su propuesta ; es él quien tiene la última palabra ”, dice el politólogo.
Sandra Urbina, directora de la Oficina, coincide en que esas 17 ideas no necesariamente son mejores que las otras.
“Hay iniciativas muy buenas, pero no son retiradas, quizá porque retan la zona de confort de algunos legisladores . La dinámica legislativa es complicada ”, dice. Por ejemplo, menciona una reforma integral a la Constitución Política, referida por un abogado herediano en el 2001.
“Es un proyecto de ley completo e interesante, pero en este país no se quiere convocar una constituyente. Preferimos seguir poniendo parches en lugar de hacer cambios estructurales”, dice Urbina.
Sin reconocimiento. Otra de las limitantes de ese tipo de iniciativa popular es que no se reconoce ni menciona el nombre del proponente en ninguna parte del texto de la ley que se aprueba y publica.
“Solo un diputado puede presentar un proyecto de ley, pero quitar la autoría de la idea es ilógico . A lo mejor, al final del documento podría consignarse el nombre de la persona o grupo ”, comenta Ofelia Taitelbaum, defensora de los Habitantes.
Taitelbaum, quien fue diputada, recordó que la OIP es una buena bolsa de temas para algunos legisladores que retiran de allí ideas interesantes, “les cambian el título, una coma por aquí o por allá y tienen listo un proyecto para presentar como propio”.
Steffan Gómez, investigador del Estado de la Nación, afirma que el nulo reconocimiento se da porque la OIP es solo “una ventanilla para sugerencias”.
“ Es un buen mecanismo, no el mejor ni el único, pero sirve para abrir la Asamblea Legislativa a las sugerencias de la población. La ciudadanía pide más participación que no estamos teniendo. Hay más movilización social y la gente quiere más espacios en la toma de decisiones”, añade Gómez.
Esa necesidad se refleja en la cifra de ideas tramitadas por la OIP en los últimos cuatro años.
En ese lapso el número superó el promedio anual de 117; siendo el año 2010 el mayor con 323, relacionadas, primordialmente, con críticas a la rebaja de multas de tránsito y al intento de los diputados de subir su salario.
