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La mayoría de los legisladores está dispuesto a cambiar el sistema de salario por pluses que reciben los empleados del sector público. Sin embargo, no se ponen de acuerdo en cómo y qué aspectos del esquema reformar.
Las principales diferencias de criterio radican en si se debe o no homologar ese tipo de incentivos entre entidades, la posibilidad de excluir de la reforma a maestros y la de incluir a los sindicados en el debate.
Esa es la principal conclusión después de analizar las respuestas de 53 de 57 congresistas que definieron su posición sobre el tema en una entrevista telefónica hecha por La Nación la semana pasada.
De los 53 diputados que aceptaron opinar, 42 (79%) avalaron cambiar el modelo de salario base más incentivos, que rige actualmente. No contestaron: los liberacionistas Michael Arce, Maureen Clarke y Carlos Arguedas, así como el socialcristiano Johnny Leiva.
La consulta a los parlamentarios se realizó luego de que una serie de reportajes de este medio evidenció cómo se crearon los 113 pluses salariales que cobijan a los servidores del Gobierno Central. Estos incentivos cuestan ¢778.000 millones anuales, el equivalente al 10% del Presupuesto Nacional.
La investigación también dio cuenta de cómo el Poder Judicial, aprovechando su autonomía para fijar sueldos, aumentó su presupuesto de incentivos como ninguna otra entidad entre 2006 y este año. El mismo pasó de ¢48.900 millones a ¢121.400 millones en el lapso citado, es decir creció 148% (¢72.500 millones, en términos reales).
La situación de los incentivos es más compleja si se considera a todo el sector público y su cantidad de regímenes para trabajos similares con distintos tipos de remuneración, tal como lo advirtió un estudio de la Academia de Centroamérica, en 2014.
¿Debe la Asamblea Legislativa enmendar esta situación?, ¿cuáles son los acuerdos y desacuerdos de los diputados al respecto?, ¿cuál es su opinión sobre un plan legislativo que pretende regular los pluses?, La Nación examina esos y otros cinco ángulos del asunto en este artículo.
aSi se votara hoy una moción para revisar el sistema de remuneraciones de los empleados públicos, ¿cuál sería el resultado?
La propuesta sería respaldada por tres cuartas partes de los legisladores (42) quienes creen necesario homologar incentivos entre instituciones y eliminar desigualdades que estos pluses han creado entre los funcionarios.
Uno de los parlamentarios que apoyaría esa moción es el oficialista Víctor Morales Zapata: "Estoy de acuerdo en abonar legislación para lograr una justicia remunerativa en el sector público y, por consiguiente, revisar todos aquellos pluses que generan situaciones abusivas. Debe legislarse para lograr mayor razonabilidad en su establecimiento".
¿Cuál sería la principal traba que encararía un proyecto como ese para ser realidad?
Si bien hay una intención de poner el tema sobre la mesa, no hay consenso sobre cuál es la mejor forma de modificar dicha estructura salarial. Las posiciones de los legisladores del Partido Acción Ciudadana, Javier Cambronero y Marcela Guerrero, o de la liberacionista Aracelly Segura, evidencian ese conflicto.
¿Quienes se oponen a discutir el tema?
Siete diputados del Frente Amplio, uno del Partido Acción Ciudadana y la diputada independiente Carmen Quesada, indicaron estar en contra de cualquier revisión al sistema salarial que rige actualmente. Entre las razones para oponerse a la discusión, resaltaron que los salarios en el sector público no son un problema y que los pluses no son privilegios, sino derechos adquiridos por los trabajadores.
Existen dos proyectos en la Asamblea Legislativa que buscan modificar el sistema de pluses, ¿qué proponen?
La diputada verdiblanca Sandra Piszk presentó el proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público (expediente 19.506), que se discute en la subcomisión de Asuntos Sociales y tiene el apoyo del Gobierno. La iniciativa busca unificar los pluses de dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidades y zonaje entre los Poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas públicas del Estado y las corporaciones municipales. Actualmente, cada una de estas entidades paga estos pluses de forma diferente.
De acuerdo con Piszk, en dos semanas podría pasar el texto final del proyecto a la Comisión.
Por su parte, los tres legisladores del Movimiento Libertario, Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro, presentaron un proyecto para una nueva Ley de Empleo Público, bajo el expediente 20.057. La iniciativa busca unificar los diferentes regímenes de empleo público en uno solo y pasar a un sistema de salario único. El proyecto está asignado a la Comisión de Asuntos Sociales, sin embargo, no se ha iniciado su discusión.
Ambos proyectos respetan los derechos adquiridos de los funcionarios.
¿Qué tanto apoyo tiene el proyecto de Piszk?
Doce legisladores (23%) están a favor de él, mientras otros 17 (32%) lo respaldarían siempre y cuando se le hagan cambios y se incorpore a sectores como los sindicatos en la discusión.
El diputado oficialista Henry Mora, por ejemplo, condicionó su apoyo a que la iniciativa final: "No violente la autonomía universitaria. No genere una regresión de derechos laborales (convenciones colectivas especialmente) y genere discriminación entre sindicalistas y solidaristas en lo que corresponde al tope de auxilio de cesantía".
Por su parte, el también oficialista Ottón Solís, afirmó que el salario único, es una opción, pero inviable políticamente. "Si este tímido plan (de Piszk), cuesta mucho para aprobarse, imagínese uno de salario único", declaró.
Finalmente, 13 diputados están en contra de la idea, mientras el resto, once, no quiso opinar hasta tener el texto final.
¿Qué pasaría con los pluses únicos de ciertas instituciones?
El proyecto presentado por la diputada Sandra Piszk no contempla modificar los pluses específicos que tienen instituciones como el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, y que han creado gracias a su autonomía de fijación salarial, según reveló este diario la semana anterior.
"Cada institución tendrá que analizar los demás pluses. En cada institución hay un montón de pluses más", dijo la legisladora.
No obstante, agregó que el proyecto de ley puede enviar una señal por la vía reglamentaria para evitar la creación de estos incentivos. "Uno de los temas es que la creación de incentivos se tienen que publicar en La Gaceta y tiene que responder a principios de razonabilidad. Lo que sostenemos es que la autonomía de las instituciones es relativa, especialmente cuando se trata de materia presupuestaria", explicó.
"Yo creo que el proyecto obliga a los entes públicos a guiarse por eso y tenemos en la aprobación del Presupuesto de esas instituciones la herramienta para frenar esta situación", añadió el diputado Ottón Solís.
Entonces, ¿cuál sería el impacto económico del proyecto de Piszk?
El proyecto no incluye en su exposición de motivos una estimación del impacto o ahorro sobre las finanzas públicas que podría tener la iniciativa, en caso de ser aprobada.
Según manifestó la diputada libertaria Natalia Díaz, en los próximos días solicitarán al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, un estudio sobre el impacto económico del proyecto.
Finalmente, ¿por qué tiene que pasar esta reforma por la Asamblea Legislativa?
Casi la mitad del presupuesto que se destina actualmente para incentivos en el Gobierno Central (¢373 mil millones), se destina a pagar pluses creados por leyes, por lo que, para cambiarlos, se requiere modificar la legislación. A su vez, mediante una ley se pueden homologar los incentivos que se pagan entre diversas instituciones.
"Por ejemplo si se quiere reformar el Estatuto de Servicio Civil, eso es una ley particular, por lo que tiene que pasar por la Asamblea", indicó el economista de la Academia de Centroamérica, Miguel Loría.
Pero, para el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, cualquier discusión sobre remuneraciones tiene que salir del Congreso. "Debe pasar a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público y, a partir de ahí, desmenuzar y hacer los abordajes pertinentes", dijo Vargas en entrevista con La Nación.
En otros casos, como los beneficios creados por convenciones colectivas, una negociación entre partes puede ser suficiente.
Nota metodológica: La Nación consultó a los 57 diputados su opinión sobre modificar el sistema de remuneraciones del sector público y también su punto de vista sobre el proyecto 19.506, para regular y unificar algunos pluses salariales. No obstante, los diputados liberacionistas Michael Arce, Maureen Clarke y Carlos Arguedas y el socialcristiano Johnny Leiva, no atendieron la consulta. La legisladora del Partido Acción Ciudadana, Marlene Madrigal, declinó responder.
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