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Corría el año 2008 y justo cuando el mundo entero se tambaleaba por una crisis económica, los magistrados de la Corte Plena apuraban la discusión de un incremento salarial.
Era el mes de abril y sobre su mesa esperaba una propuesta para ajustar por inflación los salarios del Poder Judicial.
“Puede ser que esta opción no fructifique en el Estado, pero deberíamos hacer el mayor esfuerzo para que nuestros funcionarios tengan el salario que deberían estar disfrutando y no esperarnos a mendigar casi de aquí a tres años”, justificó el entonces magistrado Gilberth Armijo, según el acta de Corte Plena del aquel 7 de abril.
Luis Paulino Mora, entonces presidente de la Corte, también estaba a favor del plan, a pesar de que reconocía la incertidumbre económica que agobiaba al país. “Debemos de aprovechar la bonanza transitoria de las finanzas públicas, porque quién sabe lo que ocurrirá en el próximo año”, manifestó antes de votar, dijo.
En esa sesión, los magistrados acordaron crear el Índice de Competitividad Salarial (ICS), un nuevo plus que hoy cuesta ¢17.300 millones. El beneficio se extendió a los pensionados de la entidad.
Pasaron cuatro meses y la crisis económica seguía haciendo estragos en los mercados, pero tal hecho no alarmó a la Corte.
Bajo el argumento de que sus sueldos no eran competitivos, en comparación con la empresa privada y otras entidades públicas, los altos jueces crearon un plus gerencial de hasta 135% para los 46 puestos de mayor rango.
“Me parece que difícilmente frente a una población empobrecida nosotros podemos justificar políticamente este aumento”, advirtió el magistrado, Fernando Cruz, en medio de la discusión.
Otros como el actual presidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta, más bien celebraron la propuesta de alza.
“¿Por qué no produce una discriminación? (...), porque la discriminación se produce cuando se hacen diferencias que no tienen justificaciones objetivas y razonables”, argumentó Jinesta. Unos minutos después, la iniciativa quedó aprobada con 13 votos a favor y nueve en contra.
Al año siguiente el plan de gastos ya incluía ¢481 millones (¢648 millones a hoy) para ese plus.
Esas mejoras salariales del 2008, lejos de ser una excepción son una muestra de cómo el Poder Judicial ha aprovechado su autonomía para fijar sueldos, desde que la propia Sala Cuarta la ratificó hace 25 años.
En la actualidad es la institución con cargo al Presupuesto Nacional con los salarios bases más altos, con más incentivos específicos para todos sus funcionarios y la que paga porcentajes y rubros más altos por dedicación exclusiva y carrera profesional.
Asimismo, en la última década, ha sido el ente del Gobierno Central con el mayor aumento en su presupuesto de incentivos. Ese rubro creció 148% –¢72.500 millones, en términos reales–, entre 2006 y 2016. Pasó de ¢48.900 millones a ¢121.400 millones en el periodo mencionado.
Aunque el resto de entidades aumentaron sus salarios base, crearon plazas y aprobaron nuevos pluses, durante ese mismo lapso, ninguna logró una mejora como la del Poder Judicial para sus casi 12.000 funcionarios.
Para este 2016 la entidad incluyó en su plan de gastos 17 incentivos, que suman más de ¢121.400 millones; un tercio de su presupuesto. En los ministerios, a ese rubro se destina 15% del gasto.
Las conclusiones son parte de un análisis de la Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación .
Durante tres meses se investigó la totalidad de incentivos y salarios presupuestados para 2016 en el Gobierno Central. Este ejercicio, es el primero de tres, que busca detallar los orígenes de un centenar de incentivos vigentes y que son motivo de discusión en la Asamblea Legislativa.
Efecto dominó. Los magistrados además ignoraron informes técnicos, que advertían del efecto negativo que sobre el resto de la planilla tendría, por ejemplo, el exclusivo plus gerencial.
Y así fue. En 2008, casi inmediatamente después de su aprobación, el 99,6% de los funcionarios excluidos reclamó que aquello generaba una brecha salarial.
Para opacar la crítica, al año siguiente, la Corte aprobó un aumento, pero solo al 21% de los empleados (jueces, defensores y profesionales en derecho 3) . Los reclamos no acabaron ahí. El resto de profesionales pidió un alza, a pesar de que un informe demostraba que sus salarios eran competitivos.
“No son las condiciones del mercado salarial las que pueden sustentar cualquier cambio”, recomendó el Consejo de Personal.
El criterio técnico volvió a ser ignorado y el Consejo Superior dio luz verde al aumento para más de 1.000 puestos con un costo inicial de unos ¢2.126 millones (¢2.837 millones hoy) .
Cuando la calma parecía haber llegado, en noviembre de 2010, la Corte Plena acordó trasladar el plus gerencial, creado en el 2008, al salario base. Esto implicó aumentos de hasta ¢600.000 en los sueldos de magistrados, lo cual elevaba, a su vez, los montos que recibían por otros pluses.
Cuestionado sobre por qué omitieron las advertencias técnicas, el magistrado Román Solís, hasta hace poco presidente del Consejo de Personal, replicó: “En última instancia es una decisión de gobierno y la responsabilidad es de 22 magistrados. Eso es, así de sencillo. ¿Cuántas veces la Corte no se ha separado de los criterios técnicos? Es una decisión política, ciertamente hay muchas presiones”.
Más pluses. Dichas mejoras se suman a otros siete pluses que el Poder Judicial ha implementado desde 1991, cuando un voto de la Sala Constitucional, ratificó la independencia de los poderes para fijar su política salarial. Los pluses aprobados desde entonces suman hoy ¢42.000 millones; 35% del gasto total en ese rubro. Este monto, solamente es superado por lo que, en este rubro, gasta el Ministerio de Educación Pública (MEP), cuya planilla es cuatro veces más grande.
Además del ICS y el beneficio gerencial, destaca, entre otros, el Incentivo de Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Judicial (REFJ), creado en 1998. Este último, otorga a todos los servidores entre 10% y 30% adicional al sueldo base .
Los magistrados de la Sala IV también fueron responsables en 2008 de eliminar el tope de 30 años a las anualidades de todo el sector público, el plus más costoso en la actualidad.
José Luis Bermúdez, director de Gestión Humana del Poder Judicial, argumentó que esas decisiones se tomaron en el pasado, pero desde hace cuatro años rige una política de austeridad.
“En los últimos años sólo se paga costo de vida y las reasignaciones son mínimas. La política con doña Zarela (Villanueva, presidenta de la Corte) es de austeridad”, añadió.
Villanueva defendió que el procedimiento vigente de remuneraciones y descartó cambios. “El sistema actual por pluses nos ayuda a mantener la calidad y estabilidad de nuestro recurso humano y es sostenible si seguimos por la línea de austeridad y manejo de recursos como lo hemos hecho hasta ahora ”.
El costo de la planilla pasó del 88% del presupuesto en 2010, a 82% para el próximo año, dijo.
Lo cierto es que a pesar de la política de austeridad, el presupuesto en incentivos del Poder Judicial, para el próximo año es dos veces mayor, en términos reales, que el de hace una década. Supera los ¢124.250 millones.
Los privilegios únicos de los que gozan los 11.877 empleados judiciales no podrían ser de otra manera, concluyó el magistrado Solís. “Los salarios son buenos por la razón de que son para los empleados judiciales”, dijo.
¿Cómo se hizo este reportaje?
Para este análisis se utilizaron los datos de los Presupuestos Nacionales de 2006 a 2016. Previo a esta fecha no es posible desagregar por incentivos específicos en el presupuesto, debido a un cambio metodológico que realizó el Ministerio de Hacienda. Todas las cifras se ajustaron por inflación y se trajeron a valor presente utilizando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto. No se consideraron como incentivos el aguinaldo ni el salario escolar. Para comparar los salarios bases entre instituciones, se extrajeron datos del presupuesto sobre los requerimientos de recurso humano de cada institución, donde se detalla la cantidad de puestos y su salario base. Adicionalmente, La Nación revisó actas de Corte Plena, del Consejo de Personal y del Consejo Superior para el periodo estudiado, además de los informes técnicos relacionados con la aprobación de los pluses y aumentos a los salarios base.
Toda la información se sistematizó en las siguientes bases de datos:
Incentivos Poder Judicial
