Millones quedan estupefactos cuando ven salir a distinguidas figuras públicas o privadas esposadas. Pocos, sin embargo, dedican tiempo a reflexionar sobre otros mecanismos existentes para trasladar los escasísimos recursos estatales (sus impuestos) a grupos poderosos legalmente constituidos mediante la transmutación de la Asamblea Legislativa en industria de «diamantes».
Los diputadosnegaron el voto, a finales de octubre, al proyecto para acabar con el abuso del CNP. Visto de otro modo, avalaron la transferencia, sin disimulo, a plena luz del día, de ¢41.300 millones a 26 de los 312 proveedores de alimentos destinados a escuelas, cárceles, policías y hospitales (¢1.588 millones para cada uno, en promedio). Productos incomibles y a precios especulativos. El monto representa casi la mitad del presupuesto del 2020 reservado para este servicio.
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La magna obra del CNP trasciende los frijoles, los huevos y la lechuga. En junio del 2017, «La Nación» comparó precios en tres carnicerías del Mercado Central: mientras el CNP cobraba ¢4.043 por el kilo de bistec de cerdo, en tres carnicerías del mercado era posible conseguirlo a ¢2.900.
De forma brillante, la ley de enganche impide aumentar el salario, pongamos por ejemplo a un policía, aunque arriesgue la vida diariamente. Si se procediera con ello, médicos, farmacéuticos, microbiólogos, químicos clínicos, odontólogos, veterinarios, enfermeros, nutricionistas y psicólogos clínicos, entre otros, por mandato legislativo desde 1982, con grado académico de licenciatura o uno superior, obtienen como mínimo un aumento igual. La ley hace ricos a unos y mantiene en la estrechez a otros.
De tal capacidad para dar forma a las reglas del juego a su favor, carecen los adultos mayores en pobreza, a quienes se les amenazó hace pocas horas con la reducción del escuálido monto de ¢82.000 mensuales a ¢73.700, debido a un hueco de ¢20.000 millones en el Régimen No Contributivo. Los perjudicados serían 128.000 de los 133.000 beneficiarios actuales.
El déficit solo existe cuando se trata de los más necesitados, porque los empleados de la CCSS mantienen intacta la pensión máxima de ¢324.120 financiada con los aportes de trabajadores y patronos al seguro de salud, sin verse ellos en la «penuria» de contribuir ni un peso.
Cuando la Junta Directiva de la CCSS detectó un hueco en ese grotesco régimen, el año pasado trasladó, sin pensarlo mucho, ¢18.282 millones al Fondo de Retiro de Empleados (FRE), el sistema de pensiones gratuitas para exempleados cubiertos también por el IVM y el ROP: tres cheques o depósitos juntos.
El diamante mejor tallado, sin embargo, es la nueva ley para poner en las manos de los arroceros los fondos de la Banca para el Desarrollo, a pesar de saber todos los diputados, sin excepción, que cuanto más acceso se tenga a fondos estatales o de los ahorrantes, mayor es la posibilidad de poner el interés privado por encima del público, pues, como se sabe, por más ancha que sea la paella, el rodaballo siempre sobra de ella.
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