A partir del año 2022, el sueldo de los trabajadores del sector público quedará congelado por un periodo indefinido, que podría extenderse hasta una década.

El elevadísimo nivel de endeudamiento público obligará a suspender todos los incrementos salariales de unos 325.000 funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las municipalidades y las instituciones autónomas.

A dichos trabajadores no se les otorgarán aumentos por costo de vida en los salarios base, ni tampoco en los incentivos salariales, hasta que la deuda pública baje del 60% del producto interno bruto (PIB).

Será un gran reto para el Gobierno, debido a que el Ministerio de Hacienda estima que, al finalizar el 2021, el endeudamiento alcanzará el 80,5% del PIB.

Especialistas consultados por La Nación afirman que regresar por debajo del margen del 60% será un proceso de años, que podría extenderse hasta una década.

Según el Gobierno, el incremento de la deuda será consecuencia de la crisis económica ocasionada por la covid-19 y las monumentales sumas de dinero que el Estado requiere pedir prestado para financiar sus gastos.

Las erogaciones más costosas son, precisamente, los salarios públicos, las pensiones y los intereses de la misma deuda.

Este año, para pagar los sueldos de los tres poderes y el TSE, el Ministerio de Hacienda presupuestó ¢2,67 billones, un 1,1% más que el año anterior.

Este año, los 125.700 empleados del régimen de Servicio Civil tuvieron un incremento salarial de ¢7.500. Quienes tenían salarios inferiores a ¢750.000 recibieron hasta ¢1.250 adicionales.

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El freno al crecimiento de los salarios del sector público será una de las cuatro medidas extraordinarias a las que obligatoriamente tendrá que ajustarse Costa Rica dentro de pocos meses, por orden de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”, dice el artículo 13 de la regla fiscal.

La regla fiscal incluye otras tres disposiciones que evitarán gastos adicionales en pensiones, préstamos y subsidios a los sectores productivos.

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Las medidas extraordinarias se complementarán con los acuerdos que firme el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de $2.250 millones.

El Gobierno presentará, este jueves, los temas que se someterán a negociación con el Fondo.

Diputados previeron escenario de crisis

La regla fiscal dicta cuánto puede aumentar el gasto público cada año, de acuerdo con el estado de salud de las finanzas públicas.

Los diputados establecieron cuatro niveles de rigurosidad, del más favorable al más crítico. Los parámetros para definir cuál aplica en cada periodo son la productividad de la economía y el grado de endeudamiento del Gobierno durante el año trasanterior.

Para el 2022, por ejemplo, se tomará como referencia el nivel de deuda que se registre este año.

La regla se estrenó en el 2020, en el nivel tres. Este ya era un escenario de riesgo: la deuda estaba entre el 45% y el 60% de la producción.

El Gobierno tuvo que cuidarse de no aumentar sus gastos en salarios, servicios, transferencias e intereses en más de un 75% del crecimiento promedio de la producción de los últimos cuatro años; pero mantuvo la potestad de administrar el presupuesto a discreción.

Este año, el tope al crecimiento del gasto corriente fue de un 4,67%.

En ese nivel, tampoco se limitó el uso de recursos para la inversión en obras públicas como construcción de vías, centros educativos y modernización de aeropuertos.

Las normas serán las mismas en el 2021, con un tope del 4,13%, pero cambiarán en el 2022 porque la deuda sobrepasará el 60% del PIB.

Máxima rigurosidad

La posibilidad de caer al nivel de riesgo más crítico se vislumbró desde inicios de año, cuando el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves anunció que la deuda llegaría a un 62,6% de la producción en el 2020.

Sin embargo, ese era el escenario antes de que la covid-19 llegara al país. Ahora, Hacienda estima que, este año, la deuda alcance el 70,3%.

Como la llegada al cuarto nivel de riesgo es ineludible, el Ejecutivo incluso restringió el gasto de capital en el plan de gastos del 2021 “como un entrenamiento para el año entrante”, según dijo el viceministro de Egresos, Isaac Castro, a La Nación.

La restricción al crecimiento del gasto será de un 65% del promedio de crecimiento del PIB, y se aplicará sobre el gasto total. Es decir, que amarrará también la inversión pública.

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Al llegar al cuarto nivel, también se aplican medidas extraordinarias de contención del gasto.

Además de congelar los salarios, la regla prohibirá realizar ajustes en las pensiones, excepto los que se aplican por costo de vida.

El Gobierno tampoco podrá suscribir préstamos o créditos, salvo aquellos que se usen para cambiar deuda cara por otra más barata o para invertir en obras públicas.

El ejecutivo, además, quedará imposibilitado para efectuar rescates financieros, otorgar subsidios o realizar cualquier tipo de erogación a los sectores productivos, los cuales solo podrían recibir recursos si la Asamblea Legislativa se los otorgara.