El ministro de Hacienda, Elian Villegas, declaró a La Nación que el Gobierno evalúa ocho opciones para completar el componente de nuevos ingresos en la propuesta que el país le presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI), en enero, para solucionar el desbalance en las finanzas públicas.
En vista de que el jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón, hizo públicas dos opciones que el presidente Carlos Alvarado les presentó a los voceros partidarios en una reunión, el ministro de Hacienda optó por confirmarlas: una es subir en un punto la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) y la otra es gravar transacciones bancarias.
No obstante, Villegas advirtió de que el Poder Ejecutivo tiene otras seis posibilidades sobre la mesa, aunque declinó detallarlas. “Es parte de un menú que se está en proceso de revisión, del cual se va a extraer probablemente una sola medida”, afirmó.
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La idea es completar nuevos ingresos por un monto equivalente al 0,8% del producto interno bruto (PIB). El Gobierno ya propuso dos medidas que generarían alrededor de un 0,2%: el impuesto a los premios de lotería y el esquema de renta global.
Falta un 0,6% del PIB. Si calculamos ese porcentaje sobre la producción del 2021, estamos hablando de que el Gobierno busca ingresos adicionales por ¢218.000 millones.
Hoy, el IVA tiene una tasa del 13%, salvo excepciones. En algunos casos, las tasas son mucho menores, como en los servicios de salud, medicinas o canasta básica.
En los primeros diez meses del 2020, el IVA generó ¢1.246.200 millones, a un ritmo promedio de casi ¢125.000 millones mensuales. Fue el segundo tributo de mayor recaudación, solo por debajo del impuesto de renta.
No obstante, este fue un año de fuertes alteraciones económicas producto de la pandemia. Además, los diputados aprobaron exoneraciones temporales en servicios como turismo y construcción.
En cuanto al tributo a las transacciones bancarias, esta propuesta ya la había planteado el Gobierno en la primera propuesta para el FMI, anunciada en setiembre y retirada en octubre.
En aquella ocasión, el Ejecutivo planteó que el gravamen se aplicara por cuatro años: con un impuesto del 0,3% en los dos primeros años y un 0,2% en los dos siguientes.
En aquel esquema, el impuesto a las transacciones generaría un 3% del PIB en cada uno de los dos primeros años y un 2% en cada uno de los siguientes, pero gravando todo tipo de transacciones: compras electrónicas, transferencias de dinero, retiros de cajeros automáticos e, incluso, pagos de créditos.
Los porcentajes del PIB planteados en setiembre sumamente altos en comparación con el 0,6% que se busca actualmente.
Otra opción que el Gobierno tomó en serio, aunque no se aprobó en la mesa multisectorial, fue crear un impuesto adicional de un punto porcentual sobre las rentas de las empresas y a los salarios superiores a ¢2,1 millones.
En el caso de los asalariados, menos de un 3,5% de los trabajadores tendrían que pagar ese tributo.
El próximo mes, la administración Alvarado tendrá que despejar la duda de cuál o cuáles son sus opciones escogidas, pues en enero empieza la negociación con el FMI.
Ninguna opción será agradable para la totalidad de la población; el país no ha terminado de tomarse el trago amargo producto de la crisis fiscal acumulada durante décadas.
En ese escenario, resulta fundamental el papel de los actores políticos, entiéndase el Gobierno y los diputados, los cuales pasan por momentos de fuerte fricción.
Luego del bloqueo del PLN, el PUSC y los fabricistas al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente Carlos Alvarado movió una pieza fundamental y, además, lanzó fuertes críticas a los congresistas.
Marcelo Prieto dejó el cargo de ministro de la Presidencia y será sustituido, a partir del 4 de enero, por la actual titular de Trabajo, Geannina Dinarte.
Dinarte, quien fue asesora legislativa del PAC en el pasado, será la encargada de la negociación política con el Congreso durante un periodo clave para Costa Rica: la puesta en marcha de un acuerdo de ajuste fiscal negociado con el FMI.
Las medidas que se le planteen al FMI serán irreales si carecen de respaldo político interno.
En sus primeras declaraciones, Dinarte les pidió a los diputados una “oportunidad para escucharnos”, pero la oposición la recibió a golpes sin siquiera haber asumido el puesto.
“Yo lo que pido es una oportunidad, una oportunidad para que tengamos el acercamiento que se necesita. Todos estamos por el bien del país y con esos derroteros claros, lo que ocupamos es darnos la oportunidad de poder escucharnos y poder empezar a trabajar juntos. Yo tengo esa anuencia”, dijo la ministra en una entrevista con La Nación.
Asimismo, mostró apertura a que se discutan temas que llevan años entrabados, como la posibilidad de una amnistía para quienes tienen deudas con la CCSS, con el fin de promover el empleo formal.
No obstante, los diputados criticaron el nombramiento de Dinarte y hasta hablan de abrir una investigación en su contra.
Sus alegatos obedecen a que un informe de la Contraloría General encontró que unos 66.000 de los 700.000 beneficiarios del bono Proteger “podrían contar con algún impedimento” por el cual no se les debía asignar el subsidio económico, o no cumplían con los requisitos mínimos.
El Estado habría desembolsado cerca de ¢7.500 millones en esas posibles asignaciones erróneas, de un total de ¢256.000 millones invertidos en el plan de subsidios hasta octubre.
Geannina Dinarte dice estar abierta a dar explicaciones sobre el tema: “Creo que hay construir confianzas desde lo que se ha hecho bien. Proteger se ha hecho bien, contrario a lo que se ha dicho; tengo todos los elementos que con gusto vamos aportar a los diputados a nivel individual o en comisión, si así lo consideran necesario, que demuestran que Proteger se hizo bien y que, por supuesto, se honró la responsabilidad que nos dieron”.
El país sopesará si la intención de los diputados es obtener una verdadera rendición de cuentas, un juicio con sentencia predefinida o, peor aún, un bloqueo legislativo.
Vienen momentos cruciales para el país en el 2021, en los que los actores deben enfocarse en solucionar la crisis fiscal.
Diferente a su estilo habitual, el presidente Alvarado lanzó fuertes críticas a los diputados de oposición el 21 de diciembre cuando anunció su tercer cambio en el Ministerio de la Presidencia.
Por un lado, cuestionó a los diputados que bloquearon el crédito del BID: “¿Cómo es posible que la voluntad se convierta en obstáculo, cuando debería ser un trabajo conjunto como el que hoy celebramos? ¿Se vale entrabar? Porque, a la larga, el que se entraba es un país”.
Por otra parte, Alvarado criticó el recorte de ¢5.309 millones que los diputados le hicieron al presupuesto de la Fuerza Pública para el 2021. “El recorte presupuestario laceró a la Fuerza Pública. A aquellos que nos han dado su esfuerzo para salir adelante, se les quitaron sus recursos”, dijo.
A la luz de estas palabras, el mandatario pareciera percibir un ánimo de bloqueo en la oposición, después de años altamente productivos en el Congreso.
No es una noticia buena en momentos en que las calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s (S&P) están a la espera de que Costa Rica pacte un ajuste fiscal, para hacer sostenible el endeudamiento público, y tomar una decisión sobre la calificación de riesgo soberana del país.
La parte del PLN que bloqueó el crédito del BID, exigiendo claridad sobre la negociación con el FMI, ahora tendrá que poner su contraparte en la contención del gasto, que demandará un 1,5% del PIB, casi el doble que los nuevos ingresos.
Eso demandará una fuerte cohesión en el PLN, principalmente, alrededor del proyecto de reforma al empleo público, el cual requiere de 38 votos para ser aprobado.
Conseguir esos 38 votos demandará un fuerte despliegue político, en vista de que hay diputados, como Dragos Dolanescu, que proponen hasta excluir al Poder Judicial de la reforma.