Diputados investigarían a nueva ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte

Los diputados podrían investigar, a partir de enero del 2021, a la futura ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, quien actualmente se desempeña como jerarca de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El diputado del bloque fabricista, Jonathan Prendas, propondrá el 11 de enero, en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, una moción para investigar a Dinarte y al presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, por lo que él califica como un uso “irregular” del bono Proteger.

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Su moción, añadió el legislador, estará basada en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el cual asegura que se desembolsaron cerca de ¢7.500 millones en subsidios a 66.300 beneficiarios del bono Proteger que probablemente no lo necesitaban.

Para este bono, el Estado invirtió cerca de ¢256.000 millones. A la fecha, casi 700.000 personas han recibido el subsidio estatal.

“Costa Rica necesita respuestas”, aseveró el legislador.

Dinarte dejará la cartera de Trabajo al terminar este año. Asumirá como ministra de la Presidencia el próximo 4 de enero, tras la renuncia de Marcelo Prieto como titular de ese ministerio, anunció este lunes el presidente Carlos Alvarado.

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La idea de la investigación es respaldada por los liberacionistas Yorleny León, Carlos Ricardo Benavides y Franggi Nicolás, quienes integran la comisión, así como el independiente Erick Rodríguez Esteller y el republicano Otto Roberto Vargas.

Prendas espera que el 11 de enero, cuando el Congreso reinicie sesiones, ya se conozca una auditoría interna que el MTSS realiza sobre el plan de subsidios.

Los bonos Proteger son un subsidio estatal que el Estado otorgó a trabajadores afectados económicamente por la pandemia. El aporte osciló entre ¢62.500 y ¢125.000 mensuales, por un periodo de tres meses.

Según la Contraloría, 64.690 beneficiarios del bono no registraron ninguna afectación salarial en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Otros 1.058 habrían tenido asignada otra ayuda estatal, por mencionar algunos ejemplos de lo señalado por el ente contralor.

Dinarte señaló que había imprecisión en ese informe. “Hay conclusiones del tipo ‘podrían haberse girado pagos de más’, ‘podrían haberse ejecutado mal los recursos’, ‘podrían haberse asignado de forma incorrecta’. Sin embargo, llegar a una conclusión de ese tipo cuando estamos apenas en los procesos de investigación es realmente adelantar una conclusión que va en perjuicio del proceso de asignación”, criticó la jerarca.

La liberacionista León adelantó que votaría a favor de la moción si se propone en el foro que, además, ella dirige.

No obstante, aclaró que sería difícil conocer en meses resultados de una investigación de ese tipo, dado que la comisión cuenta con 27 expedientes que no han avanzado y los diputados han manifestado dificultades de sesionar más allá del tiempo definido por el reglamento.

“Quiero señalar entonces que la posibilidad de avanzar con la investigación de los bonos Proteger, en caso de aprobarse la moción, podría perdurar meses sin conocerse”, martilló la legisladora.

En cuanto al manejo de los bonos Proteger, León añadió que “ya existe un informe detallado y objetivo elaborado por la Contraloría General de la República, que se encuentra en la etapa de descargo por parte del Ministerio de Trabajo”.

“Se esperaría, entonces, que en caso de resultar dichos descargos insuficientes, la misma Contraloría procedería a realizar la aplicación de la legislación que corresponda en los funcionarios responsables”, consideró.

Su colega de fracción e integrante de la comisión, Carlos Ricardo Benavides, dijo: “Creo que es un tema relevante. Me parece que debe conocerse qué pasó y cuáles fueron las razones por las que se les pagó a personas que no debieron recibir recursos públicos, lo cual posiblemente evitó que otras personas, con necesidades apremiantes, los recibieran”.

Franggi Nicolás, también legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), opina que el problema no es un tema menor, pues, agregó, la Contraloría detectó que “mucha plata no se administró de la manera correcta dentro del plan Proteger”.

“Independiente que haya sido un programa que se creó de emergencia, siempre el funcionario público está en la obligación de administrar responsablemente los recursos de los costarricenses. Más que este programa tenían un propósito muy noble de apoyar a las familias que la estaban pasando muy mal y no llegó a todos los que lo necesitaban”, agregó Nicolás.

El independiente Steller cree que además de ser un programa asistencialista, los bonos se entregan de manera “populista”.

“Se les hace creer que con asistencialismo, se saca a la gente de la pobreza. Si dejaran a la gente trabajar, no tendrían que recurrir a convertir al los seres humanos”, señaló el legislador.

Otto Roberto Vargas, legislador del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) adelantó que firmaría la moción en cuanto se la presenten.

La subjefa de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, se sumó a la iniciativa. “Se aprobaron recursos con la idea de llevar un alivio a las personas que lo necesitaba. Por supuesto, si han ocurrido anomalías hay que investigarlas”, puntualizó Díaz.