La crisis fiscal, agravada por el coronavirus, golpea con fuerza la inversión estatal en obras públicas, esencial para mejorar la calidad de vida de la población y fomentar las inversiones.

El gobierno envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto para el año 2021 con casi ¢240.000 millones menos para edificación y mantenimiento de infraestructura de uso público, en comparación con los recursos que se presupuestaron inicialmente para el 2020.

La reducción de casi un cuarto de billón de colones impacta áreas como la construcción de vías, escuelas, colegios, acueductos y áreas recreativas.

De acuerdo con la exposición del proyecto de Presupuesto Nacional 2021 que hizo Elian Villegas, ministro de Hacienda, a los diputados, para el próximo se asignarán ¢550.000 millones para los gastos de capital, lo que incluye obras y equipamiento.

La cifra contrasta con el presupuesto con el que empezó el país este 2020, el cual incluía ¢788.500 millones para esas mismas partidas.

Se trata de una caída del 30%.

Hacienda argumenta que la contracción tiene dos causas. Primero, que financiar obra pública con acreedores internos presionaría las tasas de los créditos que el sector privado necesita para recuperarse del embate de la pandemia.

La segunda, según el Ministerio, es que el país necesita prepararse para el año 2022, cuando la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto público se aplicará con su máximo nivel de rigor a causa del elevadísimo nivel de endeudamiento público.

Según el cálculo de Hacienda, lo que más caerá el próximo año serán las transferencias que hacen los ministerios a otras instituciones.

Incluye, por ejemplo, los fondos que se giran al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), las juntas de educación, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), las municipalidades, las asociaciones de desarrollo y proyectos productivos de particulares.

En ese rubro, la disminución será de ¢153.000 millones con respecto al presupuesto inicial del 2020.

Mientras, en las obras que se ejecutan directamente desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la caída será de ¢47.344 millones.

Estos gastos, catalogados en el Presupuesto Nacional como formación de capital, incluyen el mantenimiento de vías que ejecuta el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la construcción de escuelas, colegios, Cen-Cinai y la modernización de aeropuertos.

También, están en ese rubro las edificaciones y mejoras en tribunales de justicia, cárceles, morgues, casetas de peaje y parques nacionales.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2021 es atípico en el sentido de que incorpora los efectos de la pandemia de covid-19 en la economía nacional y en las finanzas públicas.

En ese contexto, la inversión en obra pública se contraerá en un 30% al tiempo que los gastos corrientes como salarios, pensiones, servicios, transferencias e intereses de la deuda pública crecerán en un 0,77%, muy por debajo del 4,13% que permite la regla fiscal.

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Incluso así, según Hacienda, entre este año y el próximo, el endeudamiento saltará de un 70,3% del producto interno bruto (PIB) a un 80,5%.

De acuerdo con el ministro Villegas, eso ocurrirá porque no se pueden reducir los gastos al mismo ritmo en que está cayendo la economía.

La pandemia ya causó que se recortara el monto previsto a inicios del 2020 para obras públicas. Se recortaron ¢130.000 millones de obras y equipos para las universidades públicas, rutas nacionales y cantonales, mejoras en aeropuertos e infraestructura educativa, principalmente.

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A la reducción del gasto de capital propuesta por el Gobierno los diputados le quitaron ¢17.000 millones porque se negaron a quitarle esa cantidad a las partidas las asociaciones de desarrollo y el Banhvi.

‘Es un entrenamiento para el año entrante’

La regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas permitía que en el 2021, por última vez en un periodo indefinido, el gasto de capital se incrementara sin límite.

Como el nivel de endeudamiento público ya superó el 60% del PIB, a partir del 2022 la regla no solo restringirá las erogaciones corrientes, sino también la inversión pública.

El Gobierno recuperará la posibilidad de decidir cuánto invierte en obra pública hasta que logre bajar de ese margen, un proceso que según especialistas consultados por La Nación podría tomar hasta diez años.

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Sin embargo, Hacienda optó por hacer lo contrario y planteó la reducción de capital del 30% con respecto a este año.

El Ministerio estimó el volumen total del recorte al simular el monto al que habría ascendido el plan de gastos del 2020 si se hubieran incluido los 50 órganos desconcentrados (Como el Conavi y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Fodesaf) que incorporarán el Presupuesto Nacional a partir del 2021.

Hacienda no ha publicado el presupuesto de 2020 ajustado con dicha metodología, sin embargo, una comparación realizada por La Nación entre el plan de gastos propuesto para 2021 y el inicial de este año permite identificar algunas de las áreas que percibirán las mayores disminuciones.

Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) experimentaría una reducción de sus recursos para obras viales de al menos ¢61.600 millones.

En tanto que el recorte mínimo en las partidas de infraestructura educativa y laboratorios de cómputo del Ministerio de Educación Pública (MEP) sería de ¢1.381 millones.

Por el contrario, los recursos del Ministerio de Trabajo que se inyectan programas sociales de infraestructura, como vivienda, acueductos y otros, crecería en unos ¢19.000 millones.

Isaac Castro, viceministro de Egresos, afirmó que la decisión se tomó para preparar al país de cara a las condiciones que se impondrán en el 2022.

“El año entrante, por el nivel de deuda en el que estamos, la regla fiscal es sobre el gasto total, entonces esto, con toda honestidad, es como un entrenamiento para el año entrante”, dijo el funcionario.

“Es ya realmente señalando que tenemos que ser más responsables fiscalmente”, añadió Castro.

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El viceministro explicó que el Estado requiere de este periodo de ajuste para entrar “en una senda de suavizar el nivel de deuda”.

La idea, dijo, es que cualquier ingreso adicional que logre tener el Gobierno, se utilice para amortizar la deuda.

“Se trata de usar ese ahorro para decir, ‘no voy a ocupar endeudarme’. Así me da más chance de repagar más rápidamente cualquier obligación, con eso baja la presión de deuda y baja la presión de los intereses”, afirmó Castro.

‘Ejecutar todo lo que venga de recurso externo’

El viceministro de Egresos afirma tener claro que la decisión de Hacienda de recortar el gasto de capital genera críticas de los sectores que claman por más obra pública para dinamizar el sector construcción.

De acuerdo con el funcionario, aunque dicha estrategia en principio funciona para reactivar la economía, aplicarla en una coyuntura de tanto endeudamiento público podría generar un efecto “pernicioso”.

Castro afirmó que buscar financiamento para las obras en el mercado interno no solo elevaría aun más la deuda sino que además incrementaría las tasas de interés del crédito que requiere el sector privado para recuperarse.

La alternativa, según el viceministro, es decidirse a construir con créditos internacionales.

"Voy a decir algo que dijo don Rodolfo Méndez Mata, el ministro de Obras. Parafraseándolo a él, queda claro que ahora vamos a tener que ejecutar todo aquello que venga de recurso externo.

“Porque más bien, si las instituciones se convierten en mejores ejecutoras del recurso externo, que por lo general es más cómodo en costo de financiamiento. Si por ahí pudiéramos accesar no solo proyectos de apoyo presupuestario, sino proyectos de inversión, eso podría acelerar ese gasto de capital”, afirmó Castro.