El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) repartió el $1 millón que donó al gobierno de Rodrigo Chaves, en su primer año de mandato, mediante tres concursos públicos internacionales, en los cuales, en cada uno, hubo un único oferente que cumplía con todos los requisitos del cartel de licitación.
De esa forma se adjudicó el polémico contrato de $300.000 –que luego se amplió a $405.800– al productor audiovisual Chistian Bulgarelli Rojas para que su compañía, RMC La Productora S. A., conocida como Nocaut, brindara servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
Lo mismo ocurrió con el acuerdo contractual de $244.600 para realizar unas mejoras en el despacho del mandatario Rodrigo Chaves, en la sala de reuniones del Consejo de Gobierno, el despacho de la primera dama y en varios dormitorios de la escolta presidencial. Tampoco hubo varios oferentes. Solo se recibió la oferta de la empresa Alquia Constructora S. A., la cual fue seleccionada.
Esa dinámica se mantuvo con el contrato de $259.600 para fortalecer el sistema de ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia. Solo la firma Vinet Technology Advisor S. A. ofertó y fue contratada.
Esas adjudicaciones ocurrieron entre agosto del 2022 y enero de 2023 y tienen otro común denominador. Cada una se concretó en cuestión de dos meses. Ese fue el periodo que transcurrió desde que el BCIE publicó los carteles de las licitaciones hasta que comunicó la adjudicación de los contratos.
Por ejemplo, en el caso de las mejoras a las instalaciones de la Casa Presidencial, el concurso se anunció el 22 de noviembre del 2022, el 7 de diciembre de ese año se inició el análisis de la oferta recibida y se adjudicó el 19 de enero del 2023. La contratación se cerró en 58 días.
El BCIE, indicó ante una consulta de este diario, que un comité evaluador, conformado por funcionarios del banco y del Ministerio de la Presidencia, seleccionó a las empresas contratadas. Sin embargo, rehusó detallar el nombre y cargo de esas personas.
Alegó que la “información correspondiente a funcionarios del BCIE es reservada” y que no le correspondía dar datos del Ministerio de la Presidencia. El Poder Ejecutivo tampoco contestó esa pregunta ni ninguna de las otras que se le enviaron sobre este tema, por correo electrónico, hace más de un mes, el 4 de marzo. Se repreguntó por la información el 11 de marzo, 3 de abril y 16 de abril; sin embargo, hasta la hora de cierre para la publicación de este artículo no se obtuvo una respuesta.
Esos tres contratos, en conjunto, suman $910.000. En tanto, $50.000 de los $90.000 restantes se destinaron para que el BCIE hiciera una auditoría de las contrataciones. Los otros $40.000 se usaron para pagar una consultoría al jurista Carlos Ayala, sobre la problemática con las pensiones de lujo. En este caso, sí se recibieron dos ofertas.
Este $1 millón donado por el BCIE es el que ese banco otorga cada año a los países fundadores para uso discrecional, lo que permite, al menos, en el caso de Costa Rica, realizar contrataciones sin pasar por los controles de la Ley General de Contratación Pública y saltarse los principios de transparencia del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Los países fundadores son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
LEA MÁS: Contratación irregular de Bulgarelli se fraguó apenas comenzó el gobierno
El polémico contrato de Bulgarelli para Presidencia
El contrato por $405.800 otorgado a la empresa de Christian Bulgarelli para brindar servicios de comunicación, análisis en redes sociales, encuestas, sondeos, estudios de opinión y monitoreo de medios a Casa Presidencial comenzó a gestarse días después de la toma de posesión del mandatario Rodrigo Chaves, el 8 de mayo del 2022.
El presidente Chaves y el entonces jefe del despacho presidencial, Jorge Rodríguez Vives, quien hoy es ministro de Comunicación, informaron a Bulgarelli del dinero y el contrato del BCIE meses antes de que el banco efectuara el concurso público que, finalmente, el empresario ganó.
La adjudicación se formalizó el 7 de noviembre del 2022, pero generó controversia porque el mismo Bulgarelli reconoció haber redactado los términos de referencia del concurso, en el cual no hubo más oferentes. En una entrevista con La Nación, el productor audiovisual admitió que los requisitos estaban adaptados a las características de su empresa, como el tipo de profesionales y la experiencia en contrataciones de comunicación.
Los términos incluían, por ejemplo, haber desarrollado un mínimo de cinco proyectos audiovisuales para instituciones estatales en los últimos 10 años y tres proyectos que incluyeran investigación de mercado, investigación social, estrategia de comunicación o desarrollo de plan táctico. Además, se exigía un director de proyecto con al menos 10 años de experiencia y un investigador que fuera bachiller en Antropología, Sociología o Estadística con al menos 10 años de experiencia.
Patricia Navarro, exministra de Comunicación, reveló, en exclusiva a este diario, que el productor audiovisual redactó los términos de referencia con la colaboración del entonces asesor de imagen de Chaves, Federico Cruz, conocido como Choreco.
Rodrigo Chaves, incluso, pidió ver el contrato con Bulgarelli porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”, según lo evidenciaron ‘Los audios de la Presidencia’, los cuales fueron compartidos por Navarro a este periódico.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, señaló a Armando Gómez Ordoñez, quien ese momento era director de Comunicación de Casa Presidencial, como el responsable de supervisar los términos de referencia del contrato.
LEA MÁS: Estudio advirtió a gobierno de rechazo a su estrategia de comunicación
Mejoras en Casa Presidencial adjudicado a Alquia Constructora
La empresa Alquia Constructora S. A. fue la ganadora y única participante en la contratación para realizar mejoras de salubridad en las instalaciones de Casa Presidencial. La contratación se realizó por tres meses con el objetivo de mejorar “diversas áreas de Casa Presidencial” que presentaban problemas de filtración de agua y fallas en el sistema eléctrico.
La adjudicación ocurrió el 19 de enero del 2023, luego de un periodo de poco más de un mes de análisis de la oferta. Las obras se iniciaron el 13 de febrero del 2023 y se extendieron hasta el 13 de mayo, después de que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, solicitara una adenda al contrato para incluir servicios adicionales como cambio de pisos para eliminar la humedad y acondicionamiento de un área de gimnasio para los oficiales de seguridad.
Según el contrato, las obras se realizaron en las zonas A, B y C, distribuidas entre el área de alojamiento del personal de seguridad y el sector sur del edificio principal. No se especifica cuál es cada una ni tampoco el BCIE y Presidencia respondieron a la consulta.
No obstante, en fotografías que constan en el expediente de contratación se evidencia que parte de los trabajos se hicieron en el despacho del presidente Chaves y otras oficinas anexas, así como en la sala donde sesiona el Consejo de Gobierno.
Entre los requisitos que debió cumplir Alquia Constructora para ganar el contrato se encontraba tener al menos 10 años de experiencia en construcción y remodelación, contar con al menos tres proyectos de diseño y ejecución de remodelaciones de oficinas de más de 300 metros cuadrados (m²) en los últimos 10 años y una certificación PYME.
Además, debía contar con un profesional de ingeniería o arquitectura con 13 años como mínimo de incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y que hubiese realizado al menos cinco proyectos de remodelación de oficinas de más de 300 m².
En total, Alquia Constructora recibió $244.600 en cuatro desembolsos contra entrega de los avances del proyecto. David Alvarado, representante legal de la compañía, indicó que se inscribieron como proveedores del BCIE en octubre del 2022, un mes antes de que saliera este concurso, con el objetivo de participar en diferentes licitaciones y que se enteraron del mismo en las revisiones diarias que hacían del sitio web del banco.
“Vimos el concurso en la página del banco. Esta es la primera vez que trabajamos para el BCIE, de hecho, no han vuelto a publicar licitaciones para Costa Rica. Entonces, le hemos dado seguimiento al Ministerio de la Presidencia pero a través de la plataforma Sicop. No tenemos ni teníamos ningún contacto en Presidencia, todo se hizo por medio del banco”, explicó Alvarado en un correo electrónico.
LEA MÁS: Gobierno pidió segundo $1 millón al BCIE, confirma Dante Mossi
Sistema de ciberseguridad para el Ministerio de la Presidencia
Otra de las adjudicaciones donde hubo solo un oferente ocurrió el 24 de enero del 2023, cuando la empresa Vinet Technology Advisor S.A. fue seleccionada para brindar equipos de cómputo, grabación de audio y video y soluciones en la nube para “mitigar amenazas de ataques al Ministerio de la Presidencia”.
La evaluación de la oferta, que comenzó el 4 de enero y se extendió hasta el 24 de ese mes con la adjudicación, recayó sobre funcionarios del BCIE y del Ministerio de la Presidencia. A pesar de las consultas sobre quiénes integraron este proceso, la información se calificó como “reservada”.
El contrato se extendió por 12 meses y se acordó un pago de $259.600 por los servicios ofrecidos, dividido en tres desembolsos: dos de $77.880 y uno de $103.840.
Entre los requisitos del cartel de licitación se incluyó tener al menos nueve años de experiencia en el mercado de seguridad informática, contar con un plan de gestión ambiental y de manejo de desechos. También, presentar dos referencias de empresas a las que se les proporcionó un producto igual o superior al solicitado, poseer un máster en gerencia de proyectos y tener un líder de proyecto certificado en Project Management Professional.
Nelson Zúñiga, director general de Vinet, precisó que su empresa se enteró de la contratación a través de la página del BCIE, presentaron los requerimientos solicitados y fueron adjudicados. Añadió que este es el primer trabajo que realizan para el banco y Presidencia.
Estudio de pensiones de lujo que donó BCIE
El gobierno también destinó $40.000 de los fondos donados por el BCIE para pagar una consultoría relacionada con la problemática de las pensiones de lujo. El contrato, firmado en noviembre del 2022, implicaba la elaboración de un informe por parte del jurista internacional venezolano, Carlos Ayala Corao, sobre cómo abordar esta situación y reducir el gasto público.
La contratación de Ayala fue la única donde sí hubo más de un oferente. En total, dos personas participaron en la licitación que fueron evaluadas por un comité integrado por Mónica Taylor, designada por Presidencia y funcionarios del banco, según confirmó el BCIE a La Nación. Ayala tiene en su trayectoria laboral haber sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Junto a esa contratación, Presidencia y el BCIE preveían contratar a los consultores Juan Ernesto Méndez, Claudio Mauricio Grossman y Kemly Arias, por recomendación del Ministerio de la Presidencia, precisó el banco. Sin embargo, hubo retrasos en la obtención de información necesaria para la entrega de los productos y, finalmente, solo se ejecutó parcialmente la de Ayala; las tres restantes se finiquitaron de común acuerdo.
Inicialmente, de ese $1 millón, el Gobierno había destinado $150.000 para atender la problemática de las pensiones de lujo. De hecho, en agosto del 2022, Rodrigo Chaves anunció que el gobierno enviaría una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. Sin embargo, al final, el monto se redujo a $40.000. El resto del dinero se usó para ampliar el contrato adjudicado a Christian Bulgarelli, el cual subió de $300.000 a $405.800.
Ayala trabajó para la Presidencia desde noviembre del 2022 hasta febrero del 2023 y, posteriormente, se extendió su contrato hasta abril del 2023, mediante una adenda. Para esta consultoría se requería un profesional en Derecho, especialista en Derechos Humanos, con al menos 20 años de experiencia litigando ante la Corte IDH, dos publicaciones sobre Derechos Humanos y experiencia como profesor en esa materia en los últimos 10 años.
El BCIE informó que se destinaron otros $100.000 para abordar esta problemática, de los cuales $39.000 fueron adjudicados a Kemly Arias el 20 de febrero del 2024 para realizar un estudio actuarial. Al consultar el nombre de los encargados de evaluar la contratación y la fecha en que inició el concurso, respondieron que “es una contratación menor” al ser un monto que no supera los $50.000.
La Nación solicitó a la Presidencia de la República y al BCIE una copia del informe emitido por Ayala Corao y del expediente de la contratación, el 19 de enero anterior, luego de que en diciembre del 2023, solo suministraran los relacionados con las otras contrataciones. El BCIE alegó que los resultados de la consultoría fueron entregados en tiempo y forma, pero no tenía posesión del documento. Se insistió en acceder al expediente, pero argumentaron que necesitaban autorización del consultor.
El 19 de febrero, la ministra de Planificación, Laura Fernández, reconoció en una nota enviada al diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, que los proyectos pagados con el $1 millón donado por el BCIE al Gobierno se ejecutaron sin cumplir con la normativa del Ministerio de Planificación (Mideplán).