En medio del intenso lobby gremial contra la reforma al empleo público, un fallo de la Sala IV nos recordó el resultado de un sistema legal que favoreció a ciertos grupos a costa de la mayoría de los ciudadanos; los diputados actuales tienen la oportunidad de enmendar el camino e introducir una mayor equidad para las futuras generaciones, antes de que el Estado se devore a sí mismo y, con él, a todos los demás.
El sábado 6 de marzo, amanecimos con la siguiente noticia: un voto de la Sala IV les devolvió las pensiones de lujo a los hijos de jubilados de Gobierno fallecidos, aunque los herederos ya tengan más de 25 años.
La decisión derogó parte de una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2016, que pretendía ponerle límite al disfrute de las pensiones heredadas de los regímenes de Gobierno y Exdiputados.
La legislación que creó estas pensiones permitía que los herederos disfrutaran las jubilaciones, de forma vitalicia, con solo una condición: permanecer en soltería, aunque se tratara de personas con plena capacidad para producir.
Por ello, los diputados del periodo anterior (2014-2016) decidieron que 25 años era el límite razonable para que los hijos disfrutaran de las pensiones de lujo heredadas, siempre que se mantuvieran estudiando.
No obstante, mediante el voto 3278, del 17 de febrero del 2021, la Sala IV declaró con lugar cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el artículo 6 de la Ley de Caducidad de derechos de pensión de hijos e hijas y reformas del régimen de pensión Hacienda-Diputados.
Con ese fallo, el Tribunal Constitucional anuló el inciso que establecía el plazo máximo de 25 años de edad para el disfrute de la pensión de Gobierno recibida por herencia.
Por voto de mayoría, los magistrados avalaron la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual expuso que, cuando existe una situación jurídica consolidada, esta no puede verse afectada por una ley posterior.
La resolución se refiere a las pensiones otorgadas bajo el alero de la Ley de Pensiones de Hacienda, número 148, emitida en 1943, la cual fue derogada en 1992 por tratarse de un sistema deficitario que terminó siendo cargado a los contribuyentes.
Una de las personas que ganaron la acción de inconstitucionalidad es una mujer de 45 años de edad, hija de un exdiputado fallecido hace 36 años, en 1985.
Ella había recibido la pensión desde los diez años, en enero de 1986, tras el fallecimiento del exdiputado Julio Obando Segura, quien fue legislador entre 1949 y 1953.
La heredera ya había disfrutado de la pensión durante tres décadas, hasta los 40 años, y ahora, a la edad 45, la resolución de la Sala IV le revive el beneficio de forma vitalicia siempre que no se case, aunque tenga dos hijos mayores de edad.
Al resto de contribuyentes solo le restan unas décadas por pagar esta y otras decenas de pensiones en similares condiciones.
¿Existe alguna diferencia entre los herederos de pensiones de lujo y el resto de ciudadanos?
¿Cuál es el fundamento que obliga a la mayoría de la población a mantener con sus impuestos a otra persona, de por vida, sin ningún mérito más que ser descendiente de un exdiputado?
Para la Sala IV, se trata de un derecho consolidado que tuvo su origen en una ley.
Esa ley es la que estableció la soltería como único requisito para seguir disfrutando la pensión por décadas.
¿Cómo le explicará el Estado esta diferencia a los hijos de pensionados fallecidos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, quienes sí ven extinguirse sus beneficios a los 25 años como máximo?
Estamos ante un problema de legitimidad.
Si bien el fallo de la Sala IV es definitivo y de acatamiento obligatorio, hay que reconocer la voluntad política que tuvieron los diputados del periodo 2014-2016 para tratar de enmendar la situación.
También, hay que destacar la decisión que mostraron los diputados del periodo actual para aumentar el cobro de contribuciones solidarias a las pensiones de lujo superiores a los ¢2,2 millones, jubilaciones que, de una u otra forma, terminan pesando sobre los hombros de los contribuyentes, ya sea por la vía del pago directo o por la vía de altas cotizaciones de parte del Estado en favor de los funcionarios públicos.
Los políticos de hoy deben decidir si legislan en pos de la eficiencia y la igualdad, o si siguen permitiendo la existencia de leyes como la de 1943 que, a la larga, harán distinción entre ciudadanos.
Los diputados actuales deben decidir, por ejemplo, si aprueban el proyecto de reforma al empleo público, el cual permitiría decir adiós al complejo sistema de pluses salariales que ha introducido una amplia desigualdad en el sector estatal.
La complejidad del sistema ha llegado al grado de que, a veces, el Estado parece haber sido dominado por sus propios grupos gremiales. La siguiente noticia es ejemplo de ello:
Funcionarios del Ministerio de Educación (MEP) han presentado 107.000 gestiones administrativas para exigir que el MEP les aumente el pago de pluses, principalmente por puntos del incentivo conocido como carrera profesional.
Antes de la reforma fiscal, este incentivo les permitía a los servidores públicos aumentar el salario por recibir capacitaciones o cursos de cualquier naturaleza, aunque no tuviesen que ver con su puesto y aunque fuesen impartidos por el patrón.
Hoy, algunos reclaman el pago de cursos recibidos incluso antes del 2006.
Las gestiones son tantas que el MEP no da abasto para responderlas y, si no se resuelven en 110 días, el funcionario acude al Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar el pago mediante un amparo de legalidad, presentado por su abogado.
De las 107.000 gestiones presentadas, 10.400 ya se encuentran en el Tribunal.
Como hay demora en los pagos del MEP, se impone una multa de ¢452.000 y la responsable de pagarla es la ministra de Educación, Guiselle Cruz, según el Código Procesal Contencioso Administrativo.
La ministra Cruz ha tenido que sacar dinero de su bolsillo para defenderse; ya le notificaron tres multas y podría haber miles en camino, a pesar de que muchos de los reclamos ni siquiera se presentaron durante su periodo como ministra.
¿Quién podría ser ministro en estas condiciones?
Hasta el presidente Carlos Alvarado se cuestiona si alguien aceptaría el cargo, en caso de que Cruz renuncie para evitar el costo de procesos que, por mucho, superan su salario.
El Estado se está devorando a sí mismo.
En la discusión por la reforma al empleo público, que establecería un salario global en sustitución de este sistema de pluses, el lobby gremial es intenso, con anuncios hasta en la programación estelar de FUTV.
La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) incluso disponen de dos lobistas en el Congreso, con un costo de unos ¢4,6 millones mensuales, y ya lograron ser excluidas del proyecto gracias a una moción aprobada por los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA).
La exclusión se materializó con una moción que las cúpulas universitarias les entregaron a los diputados. Tan es así que seis legisladores de distintos partidos presentaron tres mociones idénticas con el mismo fin.
El día de la votación, además, la diputada herediana Aracelly Segura, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), le cedió su silla al legislador José María Villalta, del Frente Amplio, quien defiende la posición de las universidades de ser excluidas del proyecto de ley.
La subjefa de fracción del PUSC, Shirley Díaz, autorizó el cambio alegando que la bancada socialcristiana no disponía de ningún otro diputado que llenara esa vacante en la Comisión de Gobierno y Administración.
Si bien no existe ningún impedimento para que un diputado de otro partido sustituya a uno que se ausente de una comisión, lo lógico es que el jefe de fracción procure un cambio que mantenga la línea de fracción.
El problema con el PUSC es que ahí no se nota con claridad ninguna línea de fracción sobre este proyecto.
El legislador Pablo Heriberto Abarca, quien sí es parte de la Comisión de Gobierno, estaba en contra de excluir a las universidades, pero su colega Aracelly Salas le cedió la silla al frenteamplista que contradice totalmente la posición de Abarca.
¿Qué pensarán los heredianos que votaron por el PUSC al saber que, en la discusión de este proyecto, votaron para que un frenteamplista termine representándolos?
La discusión sobre el proyecto de empleo público continúa y los diputados siguen agregando cambios.
Por ejemplo, incluyeron la dedicación exclusiva y el zonaje como factores que deberán sumarse cuando se calcule el futuro salario global de cada puesto en el sector público, algo que el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca calificó como un “gol” en el proyecto.
Por ahora, el salario global sería calculado con base en 11 factores. Al plan le faltan unas 50 mociones de revisar antes de ser pasado al plenario legislativo.
Mientras tanto, las pensiones de lujo en manos de exfuncionarios del Gobierno, de las universidades públicas y del Poder Judicial seguirán como un momento que nos recuerde lo que el país sembró años atrás.