Haberse puesto la camiseta en favor de los animales desde la campaña presidencial, le valió al Gobierno, y al país, la recién aprobada reforma a la Ley de Bienestar Animal, que comenzó a regir desde el pasado 26 de junio.
Ahora, quien maltrate a su mascota, ya sea de manera directa o por medio de otra persona, será sancionado con una pena de tres meses a un año.
La misma suerte correrá quien organice o propicie peleas de animales, ya sea que lo haga por iniciativa propia o con intermediación.
La renovación de tal normativa ha sido catalogada como una decisión "de primer mundo" por grupos de rescatistas y por las autoridades en la materia, incluido el director del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), Bernardo Jaén.
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Sin embargo, en una entrevista con La Nación, el dirigente dejó claro que se trata de una reforma para la cual esta institución, que funge como ente rector del bienestar animal en Costa Rica, se ve limitada por la falta de personal y de presupuesto.
Senasa nació en el 2006 como una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y con la misión de vigilar tres áreas específicas: la salud animal, la salud pública (la de las personas) y el bienestar animal.
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No obstante, este último ámbito de acción, cuya fortaleza ahora resulta preponderante tras la entrada en vigencia de la reforma a la ley, necesita un replanteamiento.
Al panorama le imprimen presión episodios como el ocurrido el pasado 19 de julio, cuando la entidad de salud animal ingresó al centro de rescate Territorio de Zaguates, en Carrizal de Alajuela, debido a la denuncia de supuestas malas condiciones para los perros que ahí se albergan.
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En esa coyuntura, estas son las principales apreciaciones de Jaén durante la conversación con este medio:
–¿Cómo tomó a Senasa esta reforma a la Ley de Bienestar Animal?
–Por supuesto, esperamos que la gente sea más consciente y que se limite de algún acto que pueda infringir la legislación. Nos da mejores instrumentos para sanciones y esperaríamos que con eso se reduzcan los incidentes.
"Eso, por un lado, es positivo. Por otro, ha generado un incremento importante en las denuncias. Tenemos el mismo personal y menos recursos para atender más trabajo.
"Por eso estamos preparando un proyecto para el señor ministro de Agricultura (Luis Felipe Arauz) y para el presidente de la República (Luis Guillermo Solís)".
–¿En qué consiste ese proyecto?
–Tenemos tres personas para todo el país en el tema de bienestar animal. Hay que transformar lo que ahora es un programa en una dirección nacional de bienestar animal que tendrá alrededor de 15 funcionarios.
–De los ¢14.000 millones que tiene Senasa de presupuesto anual, ¿tiene algo asignado para el área de bienestar animal?
–No, nada. Por eso es que necesitamos presentar este proyecto, porque no es solo un tema de personal, sino también de recursos.
–Pero el bienestar animal es parte de las competencias de Senasa desde su creación...
–Sí, pero era un programa.
–¿Y cuánto tenía asignado ese programa de bienestar animal?
–Tres personas y ni siquiera con un carro individual. Aquí compartimos los recursos, entonces, el carro, dependiendo de la demanda, estaba disponible. Ellos tienen una oficina pequeña... Lo que se cubre es el salario de un médico veterinario y dos técnicos, más gastos como el transporte.
–¿Cuánto dinero necesita Senasa al año para constituir esa oficina que responda a las nuevas demandas que trae consigo la reforma a la ley?
–Estimamos que serían alrededor de ¢2.000 millones al año en gastos de operación, porque necesitaríamos no solo personal de campo, sino también de laboratorio. Y con las expectativas que tiene la ciudadanía, también requeriríamos más personal de campo.
–¿Cuáles funciones tendría esa dirección nacional de bienestar animal en cuya conformación trabaja Senasa?
–Estaría orientada en normar, capacitar, educar y coordinar. La gente está equivocada. Cree que nosotros tenemos que tener un refugio, que tenemos que vacunar y demás, pero Senasa no está para eso.
–¿No debería atender esas demandas siendo el ente rector de esa materia?
–No. Nosotros no somos ejecutores. Siendo así, tendríamos que tener farmacias para administrar medicamentos, tendríamos que ser los duelos de las plantas de proceso en los casos de matanza, tendríamos que ser los dueños de las fincas. Senasa no está para tener; está para regular, para capacitar, coordinar y facilitar el trabajo de las empresas privadas.
–Si Senasa no puede ejecutar, ¿cuál sería la estrategia adecuada en ese sentido, regulada por la institución? ¿Qué debería hacer cada una de las partes y cómo amalgamar cada uno de los esfuerzos?
–Pero es que se estaría sustituyendo la iniciativa privada. Hay muchas clínicas veterinarias en el país que desempeñan esas funciones: vacunan, castran, hacen cirugías, dan servicios de clínica.
–Entonces, desde el punto de vista de regulación, ¿qué ha hecho la entidad hasta el momento?
–Mucho. Por supuesto que falta más, pero tenemos, por ejemplo, un reglamento de reproducción y tenencia. Estamos por presentar una normativa de pelea de perros.
"Hemos constituido el Consejo Nacional de Bienestar Animal (Conaba), conformado por la sociedad civil organizada, es decir, las organizaciones que tienen refugios e iniciativas en el área de animales.
"A la hora de ejecutar, tenemos que apoyarnos en la sociedad civil y en la empresa privada".
–¿Qué papel juega Senasa en ese órgano?
–Facilitamos y apoyamos las acciones. El año pasado se hicieron más de 1.600 campañas de castración. Nosotros apoyamos a tres organizaciones. No podemos hacer castraciones porque no tenemos cirujanos. Lo que tenemos son epidemiólogos y otros profesionales. Insisto: no ejecutamos....
"No es nuestra función sustituir la iniciativa privada. La gente viene y dice, después de los operativos, que por qué no nos dejamos los perros. Hay un error conceptual en ese sentido.
"En cuanto a los rescatistas, aunque sea una actividad altruista lo que hacen, ellos no tienen por qué estar por encima de la ley".
–¿Cómo vigila Senasa que rescatistas y criadores trabajen bajo la ley si no tiene un registro de cuántos de ellos operan en en país?
–No, no los tenemos contabilizados.
–¿Cómo puede el ente rector de bienestar animal trabajar sin esos datos? ¿No son necesarios a la hora de planificar los operativos?
–Eso no es excluyente. Los operativos también se pueden hacer por denuncia. No puedo actuar hasta que tenga todo registrado y ordenado, a pesar de esa deficiencia que usted señala.
"En realidad, el tema de bienestar animal inició con este Gobierno. Entonces, claro que tenemos muchas debilidades. Estamos muy conscientes de eso; tenemos mucho trabajo por delante".
–¿Cuáles decisiones no se tomaron en el pasado y ahora están asfixiando a Senasa?
–El registro (de los centros de rescate y criaderos) para tener conocimiento de la situación. El haber postergado eso ha hecho que la gente haga las cosas por la libre. Entonces, cuando se comienza a poner las cosas en orden, es cuando suceden estas reacciones.
"Es contradictorio. En las opiniones del caso de Territorio de Zaguates, por ejemplo, todo el mundo dice que el propietario no gana dinero con eso, pero nadie se refiere a la salud de los animales. Nadie dice que los perros están desnutridos, que hay animales con problemas de piel".
–¿Todo esto será producto de la falta de fiscalización?
–Sí. Le voy a ser honesto. Hay falta de fiscalización. La reforma a la ley ocupó mucho tiempo de nuestra parte, el tratar de normar, consensuar con el sector productivo, yendo a la Asamblea Legislativa, explicándoles a los diputados ciertos términos, hablando con la defensa pública.
"Mucho tiempo lo utilizamos organizando el Conaba y, sí, nos ha faltado ir al campo, a implementar la normativa con rescatistas y quienes se dedican a eso".
–Y entonces, con los operativos como el que se hizo en Territorio de Zaguates, ¿qué se logra?
–Como es un 'check list', dependiendo de la gravedad de cada punto, les damos plazos. Los acompañamos para que vayan cumpliendo con la solución de los puntos señalados.
–El tema de la eutanasia (muerte asistida) se aborda en la Ley de Bienestar Animal, pero es tabú en el país. ¿Sería una opción eventualmente?
–No la vemos como una solución a la población animal. Hay otros métodos como la castración, el registro individual de las mascotas, la responsabilidad de los dueños, el control del albergues y criaderos.
"La eutanasia la indicamos en casos extremos, cuando la salud del animal esté muy comprometida, o que el comportamiento del animal sea irreversible. Por ejemplo, perros de pelea que son demasiado agresivos y que ya no es posible hacer nada".
–¿Cuándo, finalmente, se llegaría a la sanción y, con ella, a la puesta en práctica de la reforma a la ley?
–Hay un tema de carácter administrativo, que es que las municipalidades lleven el registro de su población canina. Es algo en lo que estamos trabajando.
"El otro tema es de carácter sancionatorio. Con los compañeros del OIJ estamos escribiendo los procedimientos de intervención y los protocolos, que no existían.
"Estamos desarrollando el escenario para ver en qué momento participa el OIJ, cuándo lo haríamos nosotros, qué ruta coge el caso, cómo hacer la toma de muestras, el examen 'in situ' de un cadáver, el transporte de este o de un animal herido, quién paga todo eso, etcétera.
"Si uno dice, '¿por qué esperaron?', bueno, no podíamos avanzar porque no estaba la reforma. Pero una vez que estuvo y que se aplicó tan rápido, pues ahora estamos en estas".