Solo el 4% de las aguas residuales en el país son tratadas antes de ir a parar a los ríos y otros cuerpos de agua, como desembocaduras, embalses, bahías, golfos y mares.
Casi todo lo que sale de casas, comercios e industria va dar a los afluentes, contaminándolos con materia orgánica (heces y orina) y otras sustancias químicas y metales pesados, lo que convierte a nuestros ríos en cloacas.
El dato lo publica el Decimonoveno Informe Estado de la Nación .
“La infraestructura sigue siendo la misma desde la década del 40 y la forma de tratamiento que sigue imperando es el tanque séptico y el alcantarillado.
”Peor sería no tener nada, pero lo que tenemos tampoco soluciona el problema de protección a los cuerpos de agua”, dijo Leonardo Merino, coordinador del informe.
Aun así, este año se vieron mejoras en comparación con el año anterior. Por ejemplo, el 99% de la población nacional tiene sistema de saneamiento básico.
De esta cifra, el 72% utiliza tanques sépticos (comparado al 75% en 2011) y 25% alcantarillas (versus 20,5% en 2011).
En 2012, el 2% de los ticos usaba letrinas y el 1% fosas biológicas para depositar sus desechos.
Para el Estado de la Nación , aunque hay una baja en el uso de tanques sépticos (con gran potencial contaminante de fuentes subterráneas) y un alza en la utilización de la red de alcantarillado sanitario, esto no significa que se esté dando tratamiento a las aguas residuales que se descargan en los ríos.
“Se recolecta más volumen, pero este se sigue lanzando a los ríos de forma cruda”, dice el informe.
Impacto ambiental. En la Gran Área Metropolitana (GAM), del total de 105.789,4 metros cúbicos diarios (m³/día) que acaban en los cauces de los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera, solo 838 m³/día reciben tratamiento en alguno de los 20 sistemas operados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para estos fines.
Esa contaminación no se queda allí. Algunos ríos urbanos son afluentes de la subcuenca del Virilla, el cual alimenta al río Grande de Tárcoles, que desemboca en el océano Pacífico; esto genera un impacto negativo en la pesca y el turismo de las comunidades costeras.
De acuerdo con la tesis de licenciatura de Daniel Alpízar, Pamela Bellavita y Brenda Mora, estudiantes de la Universidad Véritas, se vierten 276.000 m³/día de aguas negras a la cuenca del Tárcoles, convirtiéndola así en una de las más contaminadas de Centroamérica.
El año pasado, el Decimoctavo Informe Estado de la Nación alertó sobre esta problemática.
Según datos de calidad sanitaria para el periodo 1996-2011, el 57% de los cuerpos de agua que desembocan en ambos litorales del país no son aptos para nadar o pescar porque la mayoría son receptores de aguas residuales.
Advertencias. Esta no es la primera advertencia sobre este tema.
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), en 2013, revela que 25 de las 34 cuencas hidrográficas están contaminadas con materia fecal, sustancias químicas y basura.
La mayoría de los vertidos corresponden a aguas domésticas provenientes de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos y lavado de ropa.
“Ninguno de los cuatro grandes colectores administrados por AyA en la GAM, cuenta con sistemas de tratamiento y descargan las aguas residuales directamente en los ríos Tiribí, Torres, Rivera y María Aguilar, de la cuenca Grande de Tárcoles. La contaminación que ocasionan se incrementa porque también 205 entes generadores vierten aguas residuales en estos colectores, superando los límites máximos permisibles exigidos por la normativa”, revela el informe de CGR.
Abordaje integral. En la gestión del recurso hídrico hay más de 20 instituciones involucradas y 115 leyes y decretos ejecutivos, siendo la Ley de Aguas (de 1942), la principal normativa.
Según el informe de la Contraloría, el país no tiene política de saneamiento de aguas residuales, necesaria para el avance ordenado del tratamiento de estas aguas, conforme se plantea en el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PNGIRH. MINAET 2008).
”El AyA tiene una propuesta que debe ser consensuada con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente (Minae), en su calidad de rectores facultados para emitir norma de alcance general en materia de protección y conservación del recurso hídrico y de salud pública. Esto desfavorece la eficacia de la gestión en el tratamiento de las aguas residuales”, destaca el informe de la CGR.
Desde 2007, el AyA trabaja en el proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, el cual, pese a los retrasos, pretende construir una megaplanta de tratamiento para el 2015.
“El fin es lograr que ni un solo litro de agua residual de la periferia de San José llegue a los ríos sin haber pasado por una planta de tratamiento”. Al menos, esa es la promesa que hace esta iniciativa que cuenta con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).
Este proyecto contempla la construcción de 400 kilómetros de alcantarillado sanitario y la megaplanta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, en La Uruca.
El objetivo de Los Tajos, cuya apertura parcial se prevé para 2015, es tratar las aguas residuales de un millón de residentes de once cantones del Valle Central: San José, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, Escazú, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat y La Unión.
¿Cómo funcionará? La red de alcantarillado sanitario recolectará las aguas desechadas por los usuarios y las llevará a la planta donde recibirán un primer tratamiento para remover los sólidos. El segundo tratamiento sería biológico para así darle una calidad óptima al agua que se descargará en el río Torres.
La primera etapa del proyecto está siendo ejecutada por la empresa española Acciona Agua.
En cuanto a normativa, actualmente hay un proyecto de Ley para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (expediente 17.742) presentado a la Asamblea Legislativa en 2010 por iniciativa popular. Tiene como fecha límite de aprobación este 2014.
Paralelo a este texto, Minae y otros sectores están trabajando en el proyecto de Ley de Aguas.
Sin embargo, el abordaje debe ser integral. Al menos así se desprende de las conclusiones de la tesis defendida por los estudiantes de Arquitectura de Véritas.
“(Se debe) atacar los problemas que generan mayor afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial; redefiniendo el uso del suelo, introduciendo sistemas lineales de tratamiento pasivo, regenerando zonas subutilizadas dentro del territorio y promoviendo la reutilización del agua como medio para alcanzar la autosuficiencia en el recurso hídrico”, apuntaron.