El Área de Conservación Tempisque (ACT) pidió ¢54 millones por el presunto daño ambiental cometido en el Refugio de Vida Silvestre Caletas Ario, ubicado entre Nandayure y Cóbano, en la península de Nicoya.
Así consta en la resolución del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), con la cual se oficializa la denuncia en contra de los responsables de la embarcación camaronera Sonia J, “por pesca ilegal en área silvestre protegida”.
El supuesto daño ambiental se le imputa tanto al dueño de la embarcación como al capitán a cargo en ese momento.
Aunque la tripulación tenía permiso para emplear redes de arrastre para capturar camarón y fauna acompañante, la pesca en áreas protegidas es prohibida.
Eso motivó la denuncia interpuesta por el Programa de Restauración de la Tortuga Marina (Pretoma) en el 2009.
En este sitio, los biólogos de la organización tienen un proyecto de investigación y conservación de tortugas marinas.
Al tratarse de un área protegida, la valoración del daño ambiental le correspondió al ACT.
En ese sentido, y según consta en la resolución del TAA, la valoración del daño ambiental consideró la factura de venta (N.° 0347) correspondiente a 1.219 kilogramos (kg) de camarón pink, 124,5 kg de camarón fidel, 431 kg de pescado congrio, 622 kg de pescado clase, 377 kg de pescado llamado popularmente chatarra, y 174,5 kg de pargo mancha de distintos tamaños.
El caso. El 17 de abril del 2009, la embarcación camaronera fue observada por biólogos y voluntarios de Pretoma arrastrando sus redes en las aguas protegidas del refugio Caletas Ario.
Pretoma interpuso la denuncia simultáneamente ante el Órgano Director de Procedimiento Jurídico Pesquero del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el TAA.
Para ello, la organización aportó fotografías, grabaciones en video, testigos presenciales y coordenadas de GPS.
La denuncia ante Incopesca no prosperó, ya que esta entidad consideró que existían “dudas razonables” respecto a la precisión del GPS Garmin.
“Incopesca desestimó esta denuncia interpuesta ante su oficina de Asuntos Jurídicos, pero se debe mencionar que el abogado defensor del infractor fue nada menos que el antiguo empresario camaronero Álvaro Moreno, quien simultáneamente ejercía un puesto en la Junta Directiva de esa entidad”, declaró Randall Arauz, presidente de Pretoma, a La Nación .
Por su parte, la denuncia en el TAA sí siguió su curso y se tiene una audiencia pública programada para el mes de marzo.
“Cabe destacar que este es un proceso administrativo, no penal”, explicó Mariano Castro, abogado de Pretoma.
