Los mecanismos electrónicos de vigilancia en materia penal, conocidos como brazaletes, permitirán bajar el hacinamiento carcelario a un menor costo.
El Ministerio de Justicia se ahorrará ¢6 millones al año por cada reo que salga de la cárcel con ese dispositivo, ya sea porque el juez le impuso una medida cautelar o porque le concedió el arresto domiciliario.
Según un informe presentado ante una comisión legislativa por la ministra de esa cartera, Cristina Ramírez, en junio del año pasado, un día en prisión le cuesta al Estado $48 por cada recluso, mientras que el gasto diario por el brazalete va de $11 a $25 (en promedio $18).
Es decir, si mantener encarcelada a una persona por un año representa una erogación de ¢9,5 millones, tenerla desinstitucionalizada con el dispositivo electrónico supondría ¢3,5 millones, casi tres veces menos.
¿A quiénes se aplica? La ley, que fue trazada principalmente con los aportes de la Defensa Pública del Poder Judicial, regula el uso de la pulsera o tobillera electrónica como alternativa ante la detención preventiva o sustituto de cárcel fijada en sentencia o la ejecución de pena.
Según la normativa, pueden salir –previo estudio– quienes sean condenados por primera vez a seis años de reclusión o menos; mujeres en avanzado estado de embarazo o jefas de hogar con hijos menores de 12 años, así como personas con discapacidad.
También se beneficiarán reos con enfermedad física, adictiva o psíquica, o con males cuyo tratamiento no se dé en prisión.
Otra población que podría optar por el brazalete, serían las personas afectadas con medidas de seguridad por violencia doméstica, con el fin de alertar si se acercan a sus víctimas.
Se excluye su uso en casos de crimen organizado, delitos sexuales contra menores, y otros.
Lea también: Consultor cobró $2.500 a Justicia por resumir artículo de Internet
Carlos Navarro: "Si es por honorarios, yo estoy cobrando barato"