Un total de 1.911 reos (14% de la población total) podrían salir de la cárcel antes de lo esperado si la Sala Constitucional modifica la pena máxima, la cual, actualmente, es de 50 años.
Estos privados de libertad están condenados a más de 25 años de prisión por uno o varios delitos, según datos entregados por el Ministerio de Justicia por solicitud de La Nación.
El castigo de 25 años volvería a ser el mayor tiempo que una persona puede estar recluida en nuestro país si los magistrados determinan que la reforma que lo aumentó, hace dos décadas, tuvo vicios en el procedimiento.
La acción contra esa modificación fue interpuesta por el reo Francisco Madrigal, quien está condenado a 70 años de cárcel por un doble homicidio.
De declararse inconstitucional el cambio, los sentenciados a más de 25 años solo deberán descontar esa suma.
De acuerdo con los datos de Justicia, entre este grupo hay 576 homicidas, 464 violadores y 132 abusadores sexuales de menores. También, hay 740 condenados por robos y 143 por delitos relacionados con drogas.
En esas cifras se repiten presos que cometieron más de una infracción.
Además, hay personas a las que se les impuso penas superiores a los 100 años.
Con la condena actual, algunos de los reos saldrían hasta después del 2050.
El sistema penitenciario tiene alrededor de 13.900 reos.
¿Encierro adecuado? El lapso máximo que una persona puede estar encarcelada fue variado en una reforma de ley, en 1994.
En ese momento, la Asamblea Legislativa lo subió de 25 a 50 años, con el fin de combatir el aumento de la delincuencia.
Las estadísticas de criminalidad indican que el cambio no surtió el efecto buscado.
Según los registros judiciales que hay desde el 2000 y hasta el 2012, la tasa de criminalidad se duplicó en el país, al pasar de 90 delitos por cada 100.000 habitantes a 173,6. Además, el sistema carcelario alcanzó cifras alarmantes de 50% de hacinamiento.
En la nueva gestión con el mismo propósito, interpuesta por Madrigal, no solo se argumentó que los años de encierro causan un daño físico y psicológico, sino también que la reforma se hizo con un procedimiento incorrecto.
El pasado 23 de junio, los magistrados acogieron para estudio esta acción.
La oficina de prensa del Poder Judicial informó, la semana pasada, de que esta se encuentra en trámite.
Añadió que “las acciones de inconstitucionalidad requieren de un mayor tiempo para su estudio, análisis, discusión y votación, por los efectos jurídicos que tiene la resolución definitiva”.
Sandra Castro, vocera de esa institución, explicó que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, en caso de una resolución que beneficie a los reos, los abogados defensores deben plantear recursos de revisión para que se les aplique el cambio.
“La Sala Constitucional no determina las consecuencias de su decisión. Si, eventualmente, se baja la pena, por medio del procedimiento de revisión se les bajaría a los que hayan sido condenados a la pena máxima”, detalló.
Criterios. El análisis sobre la pena máxima generó criterios divididos entre las autoridades de Justicia, la Procuraduría General y el Poder Judicial.
En el caso de la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, ella alegó ante la Sala que un prolongado encierro, con poca posibilidad de salir, representa un trato cruel y degradante, que además dificulta la reinserción.
Consultada por este medio, la jerarca añadió que la pena de 50 años “es excesiva y desproporcionada, con prescindencia de los hechos delictivos”.
“Porque el tema es que un Estado de derecho no puede tener encerrado a un ciudadano por tanto tiempo, por falta de propoporcionalidad y adecuación”, esbozó la jerarca.
Sánchez resaltó que ella no ha defendido que se regrese a la pena de 25 años y que incluso los magistrados podrían pedir al Congreso legislación nueva.
No obstante, expresó que “difícilmente, las penas de prisión tan altas cumplen una finalidad”. “Le hablo de las penas que superen los 15 años de prisión, porque las condiciones en las que se cumplen son inadecuadas para promover la reinserción”, agregó.
“El sistema penitenciario no tiene las condiciones para provocar en esa persona una actitud de reflexión, introspección, reconocimiento del daño causado. Entonces ¿para qué mantener a las personas por tanto tiempo si de todas maneras no estamos generando un efecto positivo sobre ellas?”, concluyó.