Sucesos

Hace dos décadas la reforma penal buscó disminuir la delincuencia

Pena máxima de 50 años no bajó la criminalidad

Actualizado el 03 de marzo de 2014 a las 12:00 am

Tasas de delitos contra la vida y la propiedad casi se duplicaron

Plan para subir sanción había sido rechazado por Corte y ministra de Justicia

Sucesos

Pena máxima de 50 años no bajó la criminalidad

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

La reforma al Código Penal que aumentó de 25 a 50 años el tiempo máximo que un delincuente puede estar en prisión, no disminuyó la criminalidad en el país, como esperaban sus impulsores.

Al contrario, tras 20 años de instaurado el cambio, la delincuencia más bien ha tenido incrementos importantes.

La variación de los artículos 51 y 76 de ese Código se aplicó en 1994, cuando la tasa de homicidios en el país era de 5,8 por 100.000 habitantes. Para el 2009 había llegado a 11,1.

Aunque desde el 2010 bajó hasta llegar el año pasado a 8,6 por cada 100.000 habitantes, los expertos afirman que la mejora no se debe a condenas más severas.

Un informe de la Sección de Estadística del Poder Judicial detalló que, entre los años 2000 y 2012, la tasa de criminalidad se duplicó al pasar de 90 delitos por cada 100.000 habitantes a 173,6. Las cifras toman en cuenta los delitos que atentan contra la vida, como homicidios.

La tasa de delincuencia (delitos contra la propiedad) pasó de 876,5 por 100.000 habitantes, en el 2000, a 1.510,7 para el 2012.

En este tiempo, el sistema carcelario del país ha alcanzado un hacinamiento del 40%, con una población total de alrededor 13.000 reos. El problema se agrava en centros como San Sebastián, donde la sobrepoblación es del 80%.

La incidencia en la saturación de las cárceles fue advertida en 1994 por los opositores a la reforma.

Datos de Adaptación Social, del Ministerio de Justicia, indican que a enero pasado había 1.020 reclusos con penas mayores a 25 años.

Rechazo. La iniciativa que modificó el Código Penal fue propuesta en 1990 por el entonces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Eliseo Vargas.

Entre los argumentos indicó que “el límite máximo que se tiene establecido, no corresponde al crecimiento actual de la delincuencia y se requiere de mayores exigencias en este sentido, con el fin de que la población sienta mayor confianza en el sistema de la pena”.

El plan no recibió apoyo de conocedores en el tema, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora ; la ministra de Justicia, Elizabeth Odio y del especialista Fernando Cruz, hoy magistrado de la Sala Cuarta.

Mora apuntó la inexistencia de fundamentos psicológicos y sociológicos que fundamentaran que penas más altas bajaran la criminalidad, en tanto Odio señaló que “la pena privativa de libertad sanciona, segrega, estigmatiza, pero no da –en términos generales– oportunidad de que después de un prolongado encierro, en las condiciones en que esas penas se cumplen en los sistemas penitenciarios, que de allí salga un mejor ser humano”.

PUBLICIDAD

La entonces ministra impulsó sanciones alternativas, como el pago de multas y el trabajo.

Por su parte, Cruz dijo que el encierro del individuo por largos periodos causaba su desocialización.

Pese a esos criterios, el proyecto fue aprobado.

En las actas del Congreso consta el apoyo de legisladores del PUSC, como Ovidio Pacheco, Rafael Sanabria y Flory Soto, así como del Partido Liberación Nacional (PLN), entre ellos Tomás Poblador y Santana Esquivel.

Fracaso. José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, destacó que “estudios criminológicos a nivel mundial confirman que la mayor o menor delincuencia en una sociedad no depende de las penas más severas”.

Aunque en Costa Rica no existen análisis similares, Arroyo dijo que “la realidad indica que estas penas tan altas no han impedido que haya mayor y más grave criminalidad en los últimos 20 años”.

“Las causas están en otras partes y bien harían la sociedad y el Estado en conocer a fondo las razones y tratar de impactarlas”, añadió.

Un criterio parecido expresó el magistrado Cruz, al estimar que la pena de 50 años tiene “más un carácter simbólico, porque a las personas les da la impresión de que se cumple la ley de la compensación, pero puede ser que sea excesivo”.

Gerardo Villalobos, exdirector de Adaptación Social y criminólogo, afirmó que “ningún delincuente piensa en la pena que le impondrán si es detenido”.

“Un país que quiera prevenir el delito, debe mejorar en educación, vivienda y trabajo”, enfatizó.

  • Comparta este artículo
Sucesos

Pena máxima de 50 años no bajó la criminalidad

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota