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Uno de los factores determinantes para declarar ilegal la huelga del Poder Judicial –que se realizó entre el 19 y el 31 de julio– fue la suspensión en la entrega de cuerpos por parte de la Medicatura Forense a las familias de quienes fallecieron por causas trágicas en esos días.
Así se desprende de la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo de Pococí, la cual estuvo a cargo de la jueza Yocelin Quesada y fue dada a conocer el jueves, luego de que se notificó a las partes involucradas.
Según el fallo, entre los requisitos que el Ministerio de Trabajo dispone para la ilegalidad de un movimiento huelguístico está afectar servicios esenciales. "En el caso concreto existe la indudable afectación que recibió el servicio brindado por la Morgue Judicial, que mereció ser solucionado por medio de un recurso de amparo".
Lo anterior, luego de que se acumularon 35 cuerpos en la Medicatura Forense, algunos de los cuales fueron entregados hasta siete días después de los decesos.
El dictamen dice que eso ocasionó una afectación incuestionable a la salud física y psicológica de las personas, quienes debieron esperar por días la entrega de los cuerpos de sus familiares o seres queridos.
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El otro punto medular tuvo que ver con el hecho de que la huelga no fue de empleados contra un patrono (en este caso la Corte Suprema de Justicia), sino contra la discusión de un proyecto de ley de reforma de pensiones que se tramitaba en la Asamblea Legislativa.
Tinte político
El procurador general de la República, Julio Jurado, se mostró satisfecho con el fallo. "Era lo que nosotros habíamos argumentado, que la huelga era ilegal porque la administración de justicia es un servicio público esencial y porque no era una huelga típica", expresó.
Afirmó que el objetivo del movimiento era presionar por que se adoptara un determinado proyecto de discusión en la Asamblea Legislativa y eso tenía un tinte político. "Ese no es un derecho que está tutelado en la ley", dijo.
A su juicio, en caso de quedar en firme la ilegalidad, el Poder Judicial podría pensar en rebajar los salarios a quienes dejaron de laborar.
Para él, más allá del trabajo de la Medicatura Forense, la función de impartir justicia es un servicio esencial.
"El fallo tiene mucha trascendencia y si se mantiene en firme esa decisión, quiere decir que los jueces no tienen derecho a la huelga. Tienen otros derechos laborales como el de sindicalización, pero el de ir a huelga no".
Apelarán sentencia
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judiciatura (Acojud) y vocera del frente gremial, afirmó que van a apelar la resolución a más tardar el lunes.
Sostuvo que no se pueden rebajar los días no laborados a los funcionarios. Destacó que la ley establece que si se declara la ilegalidad de la huelga y los trabajadores no se reintegran en las siguientes 24 horas a sus labores, entonces procede el rebajo del salario, pero en este caso no fue así.
Afirmó que respeta la independencia judicial y la investidura de la jueza que resolvió, pero acudirán a las vías legales para invocar los argumentos que consideran que no fueron tomados en cuenta a la hora de elaborar la sentencia.
Nosotros estamos absolutamente claros de cuáles son los servicios esenciales y entre ellos no está la administración de justicia. Añadió que en la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tampoco tipifican como servicios esenciales los del Poder Judicial.
"Servicios esenciales son los que tienen que ver con la salud, la vida y la seguridad de las personas. Todos los que tienen que ver con esos tres aspectos en el Poder Judicial fueron debidamente cubiertos durante los días de huelga", acotó.
Sobre la versión de la jueza dictaminadora, de que se afectó la salud física y psicológica a las personas que esperaron por días los cuerpos de sus familiares en la Morgue, Orocú dijo que eso es una apreciación que van a objetar en los alegatos.
Añadió que por el respeto que ellos mismos han solicitado en otras ocasiones a las resoluciones judiciales, no dirán en los medios de comunicación los argumentos específicos que se van a recurrir.
En relación con el hecho de que la huelga no era contra el patrono, indicó que la misma doctrina de la OIT reconoce las huelgas atípicas, es decir, aquellas que van contra políticas públicas que afectan las condiciones laborales de algún sector de trabajadores.
A su juicio, la huelga fue contra la tramitación de un proyecto para reformar la ley de pensiones del Poder Judicial en el que, sin posibilidad de diálogo, se rompieron los acuerdos políticos que desde el inicio de la discusión se tuvieron con casi todos los jefes de fracción.
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De momento, el Poder Judicial sigue sin cifras de la cantidad de juicios, audiencias y demás trámites que dejaron de realizarse durante los 13 días de huelga.
El Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional dijo que las contralorías de servicios están recopilando los datos de más de 15 circuitos judiciales y tienen que ver cada caso por separado, ya que otras causas, ajenas a la huelga, también incidieron en que no se realizaran algunas diligencias.
Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana e integrante de la Comisión Legislativa que reforma el régimen de pensiones del Poder Judicial, afirmó en un comunicado que la declaratoria de ilegalidad de la huelga demuestra que los grupos gremiales no representan a la totalidad de trabajadores del Poder Judicial, pues una jueza en el ejercicio de su independencia jurisdiccional fue capaz de poner por encima los intereses de la población costarricense.
"Se debe apoyar el fallo de esta jueza, e inclusive evitar que sea sometida a presiones de grupos gremiales que ahora salen con amenazas de presentar incidentes de nulidad contra el fallo, comentó Guerrero.
Explicó que ahora lo que corresponde es seguir impulsando la reforma del régimen de pensiones del Poder Judicial, que a su juicio es insostenible en el tiempo.
"Se necesita una reforma técnica y no política, porque estamos hablando de fondos públicos. El Estado tiene tres contribuciones: paga los salarios de los funcionarios judiciales, paga el aporte como patrono y paga su aporte como Estado" dijo la legisladora.
Por su parte, la diputada liberacionista, Sandra Piszk, prefirió no opinar sobre la ilegalidad de la huelga.
"Es muy exclusivo de la Corte, de jueces que actúan con absoluta independencia. Nosotros, como usted sabe, estamos en medio de una decisión difícil en torno al tema del proyecto de ley. Esperemos a ver cómo se desarrollan de aquí en adelante las cosas. Fue una decisión de la jueza, que se debe respetar", puntualizó.
