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El informe de la Corte Suprema de Justicia sobre la reforma a las pensiones judiciales –dictaminada por una comisión especial el 27 de julio– se basará, paradójicamente, en otro texto que fue consensuado entre magistrados y gremios del Poder Judicial.
Consultado, el presidente de la Corte Plena, el magistrado Carlos Chinchilla, aseguró que el informe llegaría al Congreso este martes, un día antes de que se venza el plazo determinado por los legisladores para que el Poder Judicial se pronuncie sobre la iniciativa que endurece las condiciones para pensionarse en ese poder.
Aunque la consulta específica es sobre el expediente 19.922, los magistrados emitirán una respuesta con base en el texto que ellos y los gremios judiciales consensuaron el lunes pasado, el cual sirvió de excusa para levantar la huelga de los empleados de la Corte la semana pasada.
Una de las principales diferencias entre ambos proyectos es que los diputados establecen como sueldo de referencia para las nuevas pensiones judiciales el 85% de los últimos 240 salarios (20 años). En cambio, los gremios y magistrados proponen un salario de referencia del 85% de los últimos 10 años, o sea, 120 sueldos.
Actualmente, las pensiones son iguales al promedio de los últimos 24 mejores salarios y no tienen un tope, y tampoco una contribución solidaria.
Los legisladores tratan de aumentar, con el proyecto dictaminado, la edad de retiro de 60 a 65 años, mientras que los gremios quieren dejar la situación actual: 60 años para mujeres y 62 para los hombres.
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También hay divergencias entre ambas propuestas sobre el porcentaje de contribución solidaria, pues mientras los parlamentarios fijarían un 50% sobre el tope de ¢4 millones a las pensiones, los empleados judiciales proponen que sea un porcentaje diferenciado, entre el 20% y el 50%.
En cuanto a la cotización obrera, la propuesta de los legisladores la plantea progresiva, entre un 11% y un 15%, de acuerdo con el salario de cada persona: a mayor salario, mayor cuota obrera. El texto consensuado entre magistrados y gremios lo dejaría en un 11% y solo autorizaría el incremento si un estudio actuarial así lo determine.
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Mientras los magistrados envían al Congreso el informe sobre la reforma a las pensiones judiciales, la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) recibió este lunes a los actuarios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según el vocero de la fracción oficialista, Javier Cambronero, la cita sirvió para que los miembros del PAC despejaran todas las dudas sobre el proyecto dictaminado en la Comisión Especial de Pensiones, especialmente las relacionadas con el salario de referencia establecido, el 85% de los últimos 20 años.
El jefe del PAC reconoció que Marcela Guerrero y Franklin Corella, oficialistas en esa comisión especial, fueron más allá de lo que había establecido el IICE, pero avaló esa decisión y enfatizó que una mayoría de la bancada reiteró el apoyo a esos dos legisladores, excepto Marvin Atencio, expresamente en contra de la reforma.
De acuerdo con lo previsto por la Secretaría del Directorio del Congreso, la iniciativa sobre las pensiones de los empleados judiciales se empezaría a discutir en el plenario el próximo 21 de agosto, con el trámite de las mociones de fondo por vía del artículo 137 del Reglamento legislativo.
Aunque la Corte Suprema de Justicia había solicitado, el 1.° de agosto, una prórroga de 30 días hábiles para emitir su opinión sobre el expediente 19.922, Carlos Chinchilla manifestó que solo fue una acción normal, pero que en realidad el informe llegará este martes a cuesta de Moras.
